DIARIO MEDIKO.com

Polémico. El doctor Sergio Goldberg trabaja en el Hospital Güemes y sus tratamientos son cuestionados por la Justicia.

Procedimientos médicos cuestionados. Tratamientos sin aprobación de autoridades sanitarias. Estafas a pacientes. Hechos que “ponen en peligro la vida de personas” son las acusaciones que contienen varias causas judiciales que investigan el desempeño de profesionales del servicio de Neurocirugía del Hospital Güemes, de Haedo.

Las denuncias apuntan a Sergio Goldberg, un neurocirujano que realiza tratamientos que consisten en inyecciones de células extraídas de cordón umbilical, más conocidas como células madre. La práctica está expresamente prohibida por la autoridad de control –Incucai– y sus directivos desconocían las actividades de Goldberg.

Osvaldo Tocchini, el director del Hospital, niega que las aplicaciones se realicen en el Güemes. Sin embargo, ya inició sumarios administrativos a los profesionales involucrados, quienes continúan ocupando sus cargos. “No puedo hacer nada hasta que la Justicia se expida”, aseguró Tocchini.

MAXIMILIANO. A los 16 años, Maximiliano Nuridín sufrió un accidente de tránsito que lo dejó cuadripléjico. Goldberg le realizó aplicaciones de células madre en 1993 con la promesa de una recuperación. Nancy Coronelli de Steimberg, la mamá de Maximiliano, contó a este diario: “estábamos desesperados, por eso aceptamos este tratamiento, pero ese hijo de puta lo dejó postrado para siempre”. La mujer confirmó que el neurocirujano no trabajaba solo. “Los tratamientos –por los que llegamos a pagar 1.000 dólares por cada implante– los realizaba junto con otro médico del servicio, el doctor Arnaldo Rapp. En el Hospital ambos se hacían llamar ‘Dios’, porque decían que cabeza que ellos tocaban, se salvaba”, recordó. Hoy Maximiliano está en estado de coma vegetativo persistente.

MARTÍN. Otro ejemplo que ilustra el modus operandi del grupo de médicos investigado por la Justicia es el de Martín Milla. El joven de 24 años se encuentra, desde el 2005, en una silla de ruedas por una paraplejia. Está inmóvil desde el cuello hasta los pies. Martín recibió a este diario en su vivienda del barrio Pelufo, partido de La Matanza y contó su historia.

“El 4 de mayo de 2005 me quisieron robar la bicicleta y me pegaron un tiro por la espalda”, contó. Herido de bala, fue trasladado al Policlínico de San Justo donde, por falta de medios quirúrgicos, no pudieron operarlo y lo derivaron al Hospital Güemes, de Haedo.

Con pronóstico de riesgo de vida, fue operado el 5 de mayo de 2005 por el neurocirujano Fernando Merino y quedó internado 45 días. Los médicos le explicaron que “la bala se había incrustado en la columna, que había cortado su médula”. Le dijeron que, por esa razón, quedaría “postrado de por vida”. Una vez que fue dado de alta, Merino le ordenó a Milla realizarse una resonancia. Con el estudio en la mano, el médico le habló de un tratamiento con “células madre de cordón umbilical” que le permitiría volver a caminar y le presentó a Sergio Goldberg. “Lo único que me alentaba a seguir viviendo era caminar y Goldberg me dijo: ‘no te prometo que vas a correr y a jugar a la pelota, pero en seis meses vas a estar caminando’”, recordó Martín. Le explicó que tenía un “banco privado de células madre”, por lo que no iba a tener “problemas para conseguirlas”.

Según Martín –cuyo relato consta en la causa– Goldberg le informó que no podía cobrarle menos de $10.000, y que hacía una excepción por su humilde condición y porque se había “encariñado” con él. “Somos gente pobre. No teníamos esa plata y nos endeudamos. Mi papá vendió el auto. Hicimos rifas entre los amigos, la familia y la gente del barrio. Así juntamos 5.000 pesos, que era el monto que me pedía para empezar el tratamiento”.

El 26 de septiembre de 2005, el médico le aplicó a Martín en su casa las dos primeras inyecciones del supuesto tratamiento con células madre de cordón umbilical. “Vino con un maletín, sacó dos ampollas –una con un líquido y otra con un polvo- las abrió, las mezcló y me las inyectó”, dijo Martín. “Todas las demás aplicaciones me las hizo en los consultorios del Güemes”, afirmó en contradicción con lo que sostienen las autoridades del Hospital. A raíz de este caso, se iniciaron dos causas judiciales que involucran a Goldberg y al servicio de Neurocirugía.

Fernando Lirman, abogado de Martín, explicó a este diario que “le aplicaron un tratamiento falso, con resultados adversos a su salud, siendo lisa y llanamente estafado, tal cual se lo imputa en la causa penal que se le iniciara y actualmente tramita ante la UFI N° 8, de Morón”. El otro proceso es civil, está caratulado como “Milla Martín c/Goldberg Daniel Hugo sobre daños y perjuicios” y fue iniciado en febrero de este año en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 24.

El doctor Adalberto Davico trabajó en el servicio de Neurocirugía del Güemes por más de 20 años. Conoce bien el funcionamiento del área y a sus integrantes. “Desde mediados de los 80, Goldberg ofrece tratamientos de celuloterapia dentro del Hospital, con el consentimiento de varios colegas del servicio y del propio director”, afirmó Davico en diálogo con Crítica de la Argentina. “Y cobra suculentas sumas de dinero por suminisitrarlos”, agregó.

Cabe destacar que hoy los tratamientos con células madre se encuentran en fase de investigación y su aplicación en humanos sólo está habilitada para casos especiales y con protocolos de seguimiento muy estrictos. La denuncia pública de esas irregularidades y el hecho de atestiguar contra sus colegas en las causas judiciales iniciadas por demandas de los afectados, le provocó problemas a Davico.

“Fui discriminado y perseguido dentro del hospital. Tuve que responder ante falsas acusaciones, atentaron contra mi auto y hasta trataron de agredirme”, denunció. Cuando el tema llegó a la Justicia, la dirección del hospital se vio obligada iniciar sumarios administrativos para que el Ministerio de Salud se hiciera cargo de investigar las denuncias. El director del nosocomio, Osvaldo Tocchini, sólo se limitó a declarar a este diario que “a Davico tuvimos que trasladarlo a otro establecimiento porque manifestó problemas con su entorno laboral, por lo que hoy desempeña funciones en el hospital Paroissien de La Matanza”, desde noviembre de 2006. Al ser consultado sobre las presuntas actividades irregulares que realizaría el doctor Goldberg con la venta de células madre, Tocchini sostuvo que “mientras no lo haga adentro de este hospital, a mí no me compete en absoluto porque forma parte de su actividad privada”.

“Los procedimientos tienen el aval de especialistas internacionales”

Sergio Goldberg logró difusión masiva gracias a la revista Viva del 5 de julio de 1998. En su portada fue presentado como un médico ejemplar por haberle “salvado la vida” a Rodrigo, un pibe de Castelar víctima de un balazo en la cabeza durante un asalto ocurrido en un local de McDonalds. Crítica de la Argentina pudo entrevistarlo:

- ¿Cómo describiría los tratamientos?

- Son tratamientos neurobiológicos que consisten en implantar al paciente células de cordón umbilical y tejidos hidrolizados con vitaminas, minerales, aminoácidos y otros oligoelementos, por vía endovenosa, intramuscular o quirúrgica. Todo esto se complementa con técnicas de rehabilitación fisiátrica.

- ¿De dónde obtiene las células de cordón umbilical?

-Compro en bancos privados de células.

- ¿Qué tipo de pacientes atiende?

- Se trata de personas que han tenido daños neurológicos como traumas severo de cráneo, hemiplejias, lesiones medulares, ACV, entre otras afecciones.

- ¿Dónde realiza esos tratamientos?

- En consultorios particulares o en el domicilio de los pacientes, porque se trata de una actividad privada.

- ¿Niega haberle cobrado a pacientes que atendió en el hospital Guemes por estas prácticas?

- Rotundamente, jamás le cobré a un paciente que atendí dentro del hospital.

- Sin embargo, varios testigos afirman que lo iban a ver a usted a los consultorios externos del hospital para que le efectuara las aplicaciones.

- Nunca realicé aplicaciones en el hospital.

- ¿Cobra por estos servicios?

- Por supuesto, se trata de un tratamiento que tiene un costo. Depende del paciente, de la gravedad del caso, pero aproximadamente son 10.000 pesos por el tratamiento completo.

- Pacientes y colegas lo acusan de realizar prácticas prohibidas.

- No es así, forma parte de una campaña motorizada por gente que me tiene una profunda envidia. Los procedimientos tienen aval científico de los mejores especialistas internacionales y que los pacientes realmente experimentan mejorías increíbles, por lo que están agradecidos conmigo.

La Tercera

Cisternas Reyes espera que la convención pueda ayudar a establecer una red mundial de militantes que sigan los progresos en el ámbito de los derechos humanos”.

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías o fundamentaciones, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna.

Estas prerrogativas se poseen independientemente de cual sea el Derecho positivo vigente y de factores particulares como el estatus, etnia o nacionalidad. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido “como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros”, ha dicho Héctor Morales Gil de la Torre en su estudio sobre la transición en México y los derechos humanos.

Los derechos humanos, habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables e inalienables, lo que implica que no pueden transmitirse, enajenarse o renunciar a ellos: Nadie, por ejemplo, puede venderse como esclavo. Por definición, este concepto es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinado. No obstante, toda decisión sobre qué derechos son humanos implica asumir una posición respecto qué es Derecho e implícita o explícitamente sobre qué es lo humano. Muchas violaciones o limitaciones de derechos humanos se derivan de concepciones restrictivas y excluyentes de Humanidad.

Legalmente, los derechos humanos se definen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo.

Pero la validez, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos son objeto de un permanentedebate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas. Según qué tipo de concepción se tenga sobre el Derecho, como iusnaturalista, iusracionalista, iuspositivista, vinculada al realismo jurídico o al dualismo jurídico, entre otros, la categoría conceptual de derechos humanos puede considerarse divina, observable en la naturaleza, asequible a través de la razón, determinada por los contextos en las muchas maneras que es posible entender la Historia, una síntesis de ideas de éstas u otras posiciones ideológicas y filosóficas o un mero concepto inexistente y sin validez.

Lo anterior fue indicado por la internacional María Soledad Cisternas Reyes dentro del marco de la Semana de los Derechos Humanos en el auditorio del Aula Magna Centro Cultural Universitario, señalando los logros históricos que se llevaron a cabo dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Sin duda alguna, los derechos humanos habían dejado un poco de lado el derecho de las personas discapacitadas. En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos. Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos.

Del mismo modo, los 650 millones de personas con discapacidad –alrededor del 10% de la población mundial—carecen de las oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que: les impiden recibir educación; les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; les impiden tener acceso a la información; les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; les impiden desplazarse; les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.

La Asamblea General de la ONU estableció en el 2001 un Comité Especial para negociar la convención. La primera reunión se llevó a cabo en agosto del 2002, y la redacción del texto comenzó en mayo del 2004. En agosto de 2006, el Comité llegó a un acuerdo en torno al texto. Los delegados del Comité Especial representaban a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a las comisiones nacionales de derechos humanos y a las organizaciones internacionales. Fue la primera vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos.

Entre los logros más importantes que se señalaron en la convención, Cisternas Reyes indicó que se encuentra la inclusión en varios aspectos, como lo es el trabajo, la salud y la educación incluidos en derechos económicos, sociales y culturales, todos estos proporcionados por el Estado. Además de esto, cada Estado deberá de contar con organismos que se encarguen de la aplicación de la convención.

“El Comité Especial todavía tiene que decidir el mecanismo de control de la convención. En otros tratados de derechos humanos, una vez que la convención entra en vigor, se requiere a los países participantes (llamados “Estados partes” en las Naciones Unidas) informar de sus progresos por lo que se refiere a la aplicación del Tratado. Los defensores de las personas con discapacidad esperan que la convención también pueda ayudar a establecer una red mundial de militantes que sigan los progresos en el ámbito de los derechos humanos”.
La abogada andina indicó que en cuanto a la educación, las personas con discapacidad han demostrado grandes habilidades, y por lo tanto la inclusión educativa es un gran logro.

“Por no proveer esta accesibilidad y esta inclusión. Este es un problema que se agrava mucho más para las personas con discapacidad que han llegado a la esfera de la educación superior, donde bajo el pretexto de la autonomía universitaria muchas veces la persona con discapacidad quieren las puertas de la universidad no obstante tener todos los talentos y habilidades como para poder desarrollar una profesión y así lo han demostrado muchas personas con discapacidad que han logrado no sólo progresar sino que egresar y ser muy distinguidos en sus hábitos profesionales”, apuntó.

El artículo que se refiere a la educación hace expresa mención cómo se lleva a cabo esta educación en inclusiva de calidad. Luego también nos habla de lo que va de la mano, porque dentro de la educación también está la formación de habilidades y competencias laborales, inherente al artículo que se refiere a trabajo.

“Este nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo; ya lo decía la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 158 168 sobre readaptación profesional de trabajadores con discapacidad, pero ha sido especificado aun más”, añadiendo que este trabajo deberá ser decente y podrá ser elegido libremente por parte de la persona discapacitada en un mercado abierto, inclusivo y accesible”, informó.

Lo interesante es que se obliga al Estado a adoptar las medidas de inclusión laboral, señalando que se deberá a comenzar a trabajar de manera inmediata.

“El Estado estará obligado a adoptar medidas para esta inclusión laboral para personas con discapacidad, y ahí habrá un problema que se va a generar en los Estados sobre si se aplica la cuota o no, o si hay un cupo reservado para personas con discapacidad, pero ya está colocado ahí”.

En el sector privado deberán adoptarse medidas afirmativas para esta inserción laboral, siendo estás medidas de amplia gama ya que los subsidios son las medidas que a los Estados más les cuesta adoptar.

Otro aspecto muy importante que señaló Cisternas Reyes fue que los Estados pueden dar los Estados para el autoempleo empresarial, dando posibilidad a que la persona con disparidad pueda formar sus propias empresas, subrayando que es muy importante hoy en día que se vive en un sistema más capitalista.

“El derecho a la salud señala que se asegura a todas las personas con discapacidad para poder ejercer su derecho a la salud en igualdad de condiciones con los demás, en donde se señala que deberá tenerse especial mirada hacia la perspectiva de género y los programas de rehabilitación sobre la salud”.

El derecho a la rehabilitación está ligado al derecho a la salud, sin embargo ya desde las normas uniformes de Naciones Unidas para la igualdad de personas con discapacidad de 1993 se ve cómo se independiza el derecho a la salud y el derecho a la rehabilitación.

Indicó que dentro de este derecho a la salud se habla de un aspecto tan importante como es que los Estados deberán de preocuparse de realizar programas sobre la salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad, subrayando que deberá de existir un espacio para programas de sexualidad para personas con discapacidad.

Así mismo, señaló que al contar con derechos a la cultura, los Estados deberán promover el desarrollo del potencial artístico y deportivo de las personas con discapacidad.

“Finalizan estos aspectos relevantes con el derecho a la cultura, a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Esto está desarrollado también con la apertura de los entornos, la capacitación de los funcionarios, la movilidad, pero quiero destacar que se habla de una obligación de los Estados es promover la potenciación de todo el caudal artístico que tienen las personas con discapacidad, y esto también se lleva al potencial deportivo”, señaló.

Destacó la gran importancia de que los derechos de autor no sean un impedimento para las personas con discapacidad al momento de copiar, por ejemplo, en CD o en Braille material protegido por la propiedad intelectual.

De no llevarse a cabo todo lo señalado anteriormente, pues no se podría hablar de una verdadera democracia en un sistema en donde no exista un real acceso a la justicia.

Por: Guillermo Jaramillo Torres, Jueves, 06 de Diciembre de 2007 
http://www.elporvenir.com.mx/

En un período de once meses han fallecido más de 80 mujeres embarazadas, desde que por ley está prohibido en este país el aborto terapéutico, según un informe de Human Rights Watch divulgado hoy en Managua.

Angela Heimburger, investigadora de Human Rights, presentó hoy el resultado de un estudio realizado desde que la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó en octubre de 2006 una norma anti-aborto que fue promulgada en noviembre de ese mismo año.

El Parlamento reafirmó en septiembre pasado la prohibición del aborto terapéutico, que hasta entonces era permitido en el Código Penal desde 1893.

Heimburger precisó que once de estas mujeres murieron por razones vinculadas al abortó terapéutico, lo que representa una cifra “muy alta” en Nicaragua, donde las estadísticas sobre muertes maternas son altas, según cifras oficiales.

“En realidad las mujeres murieron por el efecto intimidador de la (prohibición) del aborto”, insistió Heimburger.

“Con la penalización del aborto (las cifras sobre muertes maternas) se están incrementando mas”, dijo Heimburger, en presencia del representante de Human Rihts, Lance Lattig, y de Marta María Blaandón, dirigente de organismos que están a favor de la despenalización del aborto.

Lattig dijo que el organismo no gubernamental que representa ha realizado investigaciones sobre derechos humanos en mas de 70 países, incluido los Estados Unidos.

“Estamos muy preocupados porque muchas mujeres mas van a morir o enfermarse como consecuencia de la penalización (en Nicaragua) del aborto terapéutico”, enfatizó Heimburger.

También dijo que el organismo está preocupado “por los efectos intimidatorios” en los servicios públicos de salud en este país, como resultado de la ley anti-aborto reafirmada por los diputados de esta nación en septiembre pasado.

Indicó que las mujeres embarazadas tienen miedo de buscar los servicios públicos de salud y los médicos no tienen confianza para atender emergencias obstétricas para salvar las vidas de las mujeres.

Agregó que todos los casos de las mujeres fallecidas han sido debidamente documentadas, pero que sus nombres no han sido publicados para proteger su privacidad.

Enfatizó que las muertes maternas son prevenibles y el hecho de que las mujeres están muriendo en hospitales públicos o que están buscando servicios clandestinos, porque no tienen otras opciones, “no deben de ser historias del siglo XXI”.

Señaló que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) tiene todavía oportunidades para escuchar la voz de las mujeres, de muchas organizaciones nacionales e internacionales y opiniones profesionales de expertos en salud.

Heimburger aludió al máximo tribunal de justicia porque ante la CSJ activistas anti-aborto han presentado recursos por inconstitucionalidad desde enero pasado contra la penalización del aborto, que no han sido fallados.

La fuente dijo que Human Rights Watch urge al presidente Daniel Ortega apoyar una reforma legislativa necesaria para garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro cuando la cirugía sea necesaria para salvar la vida de la mujer.

Según el estudio, el ministerio de Salud debe vigilar, recaudar datos y evaluar los servicios prestados en las instancias públicas con los recursos adecuados.

También demandó que el ministerio de Salud debería investigar a profundidad los casos de muertes maternas, documentarlos y adoptar medidas para que no se repitan.

Para este médico de la Universidad Nacional y oriundo de Tuluá (Valle), ese procedimiento es un acto de amor con el paciente, y no de compasión.

“Creo, profundamente, que la gente tiene el derecho de escoger cuándo morirse y el derecho de morir bien”, asegura.

Quintana explica, en su pequeño consultorio de Chapinero (Bogotá), que él es un “obsesionado con la vida, no con la muerte” y, sobre todo, con la idea de que “la gente que no pueda llevar una vida plena tenga derecho a escoger una muerte digna”.

Por eso, admite con toda tranquilidad -incluso con orgullo- que lleva varios años practicando la eutanasia en Bogotá.

La primera vez que lo hizo fue para ayudar a una familiar suya: una mujer de 57 años que tenía un tumor cerebral. “Su enfermedad la regresó casi a su estado fetal. Después de tres años de agonía quedó reducida a unos huesos forrados en piel. Pesaba 28 kilos y no era justo que siguiera sufriendo. Por eso no sentí ningún temor de hacerlo”.

La eutanasia no llegó a la vida de Quintana por casualidad. “Estuve a punto de quedar cuadrapléjico en el año 82. Una noche saliendo de un congreso de medicina, entre Melgar y Girardot, atropellé a un caballo. Tuve trauma craneoencefálico y se me aplastaron dos vértebras de la columna. Cuando me llevaban al hospital, sentí que se me estaban durmiendo los brazos y las piernas. Le supliqué a un colega que en caso de tener una lesión cervical no me hicieran nada. Ahí supe que no quería pasar el resto de mis días postrado en una cama. Entendí que la vida solo vale la pena si es plena y que la muerte no tiene por qué estar ligada al dolor, al sufrimiento”.

De todas maneras, aplicar la eutanasia no es para él algo ni rutinario, ni mecánico, ni fácil. Y recuerda un momento que lo marcó.

“Fue con un hombre que tenía cáncer de huesos. Estábamos en su cuarto, con su esposa. Antes de morir, el hombre se volteó a mirarla y le dijo: ‘¿cierto mija que me lo has perdonado todo?’ Y ella le respondió: ‘Si, te lo he perdonado todo’. En ese momento no aguanté y me puse a llorar. Fue un momento muy duro. Me tuve que salir del cuarto”.

Mientras se limpia las lágrimas, este médico de 60 años cuenta que finalmente le ayudó a morir. Y reconoce -sin miedo- que seguirá haciéndolo con todos aquellos que, en estado terminal, acudan a él para acabar con su sufrimiento. Por eso da la cara y no teme que lo tilden de homicida, porque él no se siente así.
‘La muerte es parte de la vida’
“Los médicos siempre queremos preservar la vida a toda costa. Pero tenemos que entender que en los casos de enfermedad terminal no debemos intentar prolongar la vida obstinadamente, sino velar porque la muerte -que es parte de la vida- sea de calidad”.

El doctor Quintana no lleva un registro escrito de los procedimientos que ha hecho. Pero de todos guarda recuerdos.

Uno de los más fuertes fue el caso de un bebé de apenas 11 meses.

Su madre lo consultó desesperada y él tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera: aplicarle o no la eutanasia al paciente más pequeño que ha tenido en su vida.

“Ella vino a verme y me dijo que la única opción que le habían dado en un comité de ética médica era que aplicara la ‘eutanasia pasiva’. Es decir, que dejara de alimentarlo hasta que muriera por inanición. Y todavía recuerdo lo que me dijo: ‘doctor, ¿usted cree que yo puedo tolerar el llanto de mi hijo y dejarlo morir de hambre?’. Entonces recordé que debía meterme en los zapatos de mi paciente y pensar: ¿si yo fuera ese paciente pediría la eutanasia? Y la respuesta fue positiva”.

Aunque la muerte asistida no dura más de 15 minutos, la etapa de preparación con la familia es lo más duro.

“La eutanasia pone en valor la vida. Uno decide valientemente cuándo debe irse. Una vez el paciente está seguro, yo estudio su historia médica y trato de que la familia haga un proceso de aceptación que se toma, en promedio, dos semanas”.

Luego se fija una cita en la casa del paciente, “el mejor lugar para morir”, según el doctor Quintana.

“Decidir cuándo va a llegar el final da muchas opciones. Yo siempre invito a mis pacientes a que usen sus últimos días para reconciliarse con la humanidad. Es una oportunidad que no tiene toda la gente que muere”.

Cuando llega el día, todo está preparado. “Aunque siempre dejo la puerta abierta para un cambio de opinión”.
Sin dolor, sin sufrimiento
El procedimiento médico es sencillo. Primero se aplica un medicamento que da sueño. Luego se aplica tres veces la dosis normal de anestesia general, para que el sistema neurológico quede bloqueado. Y finalmente se inyecta el cloruro de potasio que hace que el corazón se relaje y deje de latir, sin dolor, sin sufrimiento.

“La gente se imagina que para hacer la eutanasia hay que ser insensible y no es así. Porque se trata de ver morir a un ser humano que hasta hace unos minutos te hablaba y que en un momento dado decide que se va, pide perdón y se despide. La familia queda con un dolor muy grande. Por eso digo que yo he muerto unas 35 veces, porque cada vez que hago una eutanasia me duele como si fuera la mía propia”.

Quintana ya tiene todo preparado para cuando le llegue el momento. Su mamá, con quien vive, guarda un documento firmado por él en el que expresa su deseo de que le apliquen la eutanasia en caso de perder el conocimiento y la posibilidad de ser autónomo.

Sus cuatro hijos y sus amigos cercanos también conocen su voluntad. Aunque su hija de 12 años no está para nada de acuerdo: “¡Lo harán sobre mi cadáver!”, dice.

Pero Quintana está seguro de que su hija, con el paso de los años, lo entenderá.

Una práctica despenalizada, pero no reglamentada

En Colombia, la eutanasia está permitida desde 1997, año en el que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-239, la despenalizó reconociendo el derecho de las personas a decidir cuándo ponerle fin a su vida en caso de tener una enfermedad terminal con intenso sufrimiento y en la cual los médicos no puedan ayudarle.

Aunque en el fallo la Corte le pidió al Congreso reglamentar el tema de la eutanasia, aún no se ha hecho. Sin embargo, en la comisión primera del Senado cursa hoy un proyecto para hacerlo. Según Carmenza Ochoa, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), hoy no hay ninguna forma de contabilizar las eutanasias que se han realizado en el país. Si el proyecto de reglamentación fuera aprobado, empezaría a existir un registro, pues en el acta de defunción de la persona quedaría registrada ‘muerte por eutanasia’, cosa que hoy no está permitida.
El proyecto de reglamentación contempla además tener una segunda opinión de otro médico y de un psicólogo, para que estos verifiquen las condiciones que llevaron al paciente a pedir la eutanasia.

La DMD tiene 22 mil miembros en el país y cada uno de ellos ha firmado un documento en el que expresa su voluntad de no querer que lo mantengan con vida de forma artificial en caso de coma o enfermedad incurable.

ESTEFANÍA COLMENARES H.
REDACTORA DE EL TIEMPO
estcol@eltiempo.com.co

Presidente de la Republica de Santo Domingo Leonel Fernandez suponemos que saluda a casi toda la ciudadania de Santo Domingo.

 27 de Septiembre de 2007, 07:47pm ET

SANTO DOMINGO (AP) – Los pacientes de Sida quedaron excluidos del recién iniciado Seguro Familiar de Salud en República Dominicana, denunció el jueves el director del Consejo Presidencial del Sida (Copresida), Humberto Salazar.

El médico dijo que es discriminatorio que más de 7.500 pacientes que reciben antiretrovirales hayan sido excluidos del nuevo sistema de seguridad social y destacó que el financiamiento internacional para tratar a las personas que necesitan esos medicamentos sólo está garantizado hasta el año 2009.

“Todos los pacientes que viven con sida están excluidos del sistema de Seguridad Social y eso es discriminación, si no se incluyen, los estamos condenando a muerte, ellos necesitan antiretrovirales y una adecuada nutrición”, manifestó el funcionario a los periodistas.

Desde el 1 de septiembre entró en vigencia para los dominicanos un nuevo sistema de atención médica que amplía la cobertura a la población y garantiza medicamentos costosos.

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, dijo que el reclamo de Copresida sobre la inclusión de los pacientes VIH positivos en el sistema debe ser atendido oportunamente, pero que en la ley de Seguridad Social hubo sus olvidos cuando estaba en estudio.

En República Dominicana, con una población de unos 9 millones de personas, hay al menos 130.000 infectados con el VIH/SIDA. La mayoría no tiene acceso a tratamiento y sólo 7.500 reciben atención especial en Copresida.

Univision

México DF, 21 sep 07 (CIMAC).- La defensa del Estado laico, como condición imprescindible para la protección de las garantías individuales y el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, ha sido uno de los empeños de Católicas por el Derecho a Decidir, asociación civil que hoy celebra su 13 aniversario.

En el marco de la campaña por la Despenalización del Aborto en AL y el Caribe, a celebrarse el 28 de septiembre con el lema “Por un Estado laico que respete la decisión de las mujeres”, y ante los crecientes intentos hegemónicos por parte de representantes de los fundamentalismos de derecha, Católicas por el Derecho a Decidir reafirma que la preservación del carácter laico del Estado mexicano es lo único que garantiza el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva como un derecho humano.

Como señalan en el artículo El Estado laico y la salud de las mujeres, de Aidé García, el Estado laico constituye el instrumento jurídico por excelencia para la defensa de nuestras libertades fundamentales.

 “Al establecer una nítida separación entre las Iglesias y el Estado, se reconoce el derecho de todas las personas al respeto de su libertad de conciencia, posibilita la convivencia armónica de todas las convicciones religiosas, incluyendo el ateismo y el agnosticismo”.

 ANTE LA REALIDAD

 En las regiones más marginadas, la falta de acceso a atención médica y la deficiente calidad en los servicios de salud han provocado que fallezcan cuatro mujeres al día por causas asociadas al embarazo y el parto, una de cada 10 mujeres indígenas que se embaraza fallece por complicaciones, señalan.

 El gobierno mexicano “sigue reconociendo que sólo el 40 por ciento de la población tiene acceso a la seguridad social; que de éstos, apenas el 40.7 por ciento son mujeres y que el 58 por ciento de la población es atendido por ‘instituciones aleatorias’ que brindan servicios a costo de ‘recuperación’, lo que casi es igual a decir que carecen de servicios”.

 Aún cuando reconocen avances significativos, “las desigualdades económicas y regionales impactan el acceso en igualdad de condiciones a la información y a los servicios necesarios para cuidar y proteger la salud”, insisten.

Por esto, “en muchas zonas rurales e indígenas persiste la falta de información objetiva y completa sobre la gama de métodos anticonceptivos disponibles, incluyendo la anticoncepción de emergencia y el condón femenino, lo cual resalta las dificultades que se enfrentan para hacer valer el derecho a la salud”.

SEXUALIDAD

En México 50 por ciento de los delitos sexuales se comete en contra de niñas y mujeres adolescentes, afirma Aidé García en El Estado laico…, señalando que existen estudios que demuestran que, después de la violación, el riesgo del embarazo no deseado y de contraer una infección de transmisión sexual (ITS) es muy alto: 25 por ciento de infectadas por VIH-SIDA en México son mujeres.

De 400 mil embarazos adolescentes por año, el 80 por ciento no son deseados y el 60 por ciento termina en abortos mal practicados, agrega, lo que produce un promedio de mil partos al día en mujeres menores de 18 años.

“Desde el régimen pasado, las violaciones al carácter laico del Estado se han convertido en una expresión reiterativa del empeño de los sectores de ultraderecha de imponer su agenda moral conservadora, a través de la abierta oposición a políticas públicas y programas que promueven el uso de condones para prevenir la expansión del VIH/SIDA”, opina.

Para Católicas, estos sectores se oponen también a la educación sexual para prevenir abusos sexuales, la transmisión de ITS y el embarazo no deseado; al acceso de las mujeres a todos los métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo.

“La jerarquía conservadora de la Iglesia católica y sus voceros han obstaculizado el acceso real de mexicanas y mexicanos a la información y  los servicios indispensables para cuidar y proteger su salud sexual y reproductiva”, denuncia Católicas. 

Sin embargo, con el Estado laico se garantiza el respeto a la pluralidad religiosa y cultural, se impide la influencia de las creencias religiosas y la intervención de las iglesias en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas, y viabiliza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas sin imposiciones de ninguna índole.    

“Los firmes pilares sobre los que se cimienta la posibilidad de ejercer los derechos humanos de las mujeres son: la histórica separación de las iglesias y el Estado, que nos otorga autonomía ciudadana; el principio de igualdad jurídica ante la ley que nos equipara en derecho; la libertad de creencias consagrada en el Artículo 24 constitucional que nos reconoce autoridad moral; y la educación laica que nos equipara culturalmente”.

Como lo que establece el Artículo 4º Constitucional “toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”. Sin embargo, “la realidad de México muestra que, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos, de los avances en las legislaciones y en los programas de gobierno, dicho derecho se encuentra alejado de la vida cotidiana de muchas mujeres, particularmente de las más pobres”.

AGENDA LEGISLATIVA, PENDIENTES

En el marco de la celebración de su 13 Aniversario “de obstinada insistencia en la defensa de los derechos de las mujeres y jóvenes en la iglesia y en la sociedad”, para Católicas por el derecho a decidir hay varios temas aún pendientes que deben retomarse en la agenda legislativa.  

Es prioritario, en su opinión, aprobar la Iniciativa de Ley que modifica y adiciona la Ley General de Salud en Materia de Salud Sexual y Reproductiva de la LIX Legislatura e introducir el concepto de la laicidad del Estado en el texto constitucional.

Como tareas permanentes de la sociedad civil está reivindicar la laicidad como un acto de congruencia con la defensa de los intereses específicos y la libertad de conciencia de las mujeres, consideran. Además de “exigir al Estado que enmarque sus políticas en función de la objetividad de criterios científicos y normas legales, y no desde el prejuicio y la subjetividad de sus creencias personales y religiosas”.

Para legisladores y legisladoras de la actual Legislatura, esta asociación civil recomienda “que emprendan procesos de armonización legislativa, en los ámbitos federal y local, con los convenios internacionales y demás instrumentos de derechos humanos ratificados por México en materia de equidad de género, derecho a la salud y no discriminación”.

ANIVERSARIO

Como parte de la celebración del 13 Aniversario de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Documentación y Estudios de Mujeres, AC (DEMAC) y CDD presentaron ayer jueves, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, el libro de Anthony Padovano Opciones de vida. Hacia una teología católica sobre reproducción elegida.

Asistieron, además del autor, la escritora Elena Poniatowska, el periodista y sacerdote jesuita Enrique Maza, la socióloga Guadalupe Cruz, el sacerdote dominico Julián Cruzalta y María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

07/CV/GG
http://www.cimacnoticias.com/

Centros infantiles tienen prohibido el acceso a medicamentos y tecnología

El Cardiocentro Pediátrico William Soler de Altahabana, inaugurado por Fidel Castro hace 21 años con el objetivo fundamental de ofrecer atención a niños y niñas con malformaciones congénitas del corazón, en un nuevo gesto de evidente inhumanidad ha sido incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una extraña categoría: la de Hospital Denegado.

Los primeros síntomas de esa medida, que obstaculiza aún más la adquisición de medicamentos y dispositivos para tratamientos de enfermedades cardíacas ––que en ocasiones solo son fabricados por empresas o filiales norteamericanas––, es la reciente prohibición de que las compañías AGA y Numed vendan al Cardiocentro dispositivos y catéteres que son utilizados por los especialistas para la realización de la técnica conocida como Cateterismo Intervencionista.

Ese avanzado proceder mínimamente invasivo se practica con muy buenos resultados en el Cardiocentro, para el cierre de defectos de comunicación entre cavidades del corazón, la dilatación de válvulas cardíacas estrechas, entre otros, que evitan tener que llevar al paciente al salón de operaciones para practicarle una intervención quirúrgica a “corazón abierto”.

Desde el pasado año, según fuentes consultadas del Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a alistar los más importantes hospitales del sistema nacional de salud cubano como Hospitales Denegados, en un nuevo y criminal intento por estrangular el desarrollo de la atención médica en nuestro país.

Este no es un problema político, valoró el cirujano cardiovascular Doctor en Ciencias Médicas Eugenio Selman-Housein Sosa, director del Cardiocentro William Soler, sino ético, humano y moral, que en su opinión denigra al gobierno norteamericano.

El especialista indicó que desde finales del pasado año se vienen produciendo, dentro de los mecanismos de licencia establecidos por el Departamento del Tesoro de ese país, cambios en la implementación e interpretación de las leyes, para impedir la adquisición de instrumental, equipos y medicamentos por la institución que dirige.

El Cardiocentro William Soler, a través de una Red Cardiopediátrica Nacional, bajo la Dirección del Programa Materno-Infantil del Ministerio de Salud Pública, ha organizado en estas más de dos décadas de existencia, la atención a los niños aquejados de enfermedades del corazón, lo que ha permitido la disminución en un 75% de la tasa de mortalidad por cardiopatías en edades pediátricas. Ello se traduce en la incorporación a la vida útil de cientos de niños, muchos de los cuales son adultos en la actualidad.

Desde 1986 hasta la fecha, en el Cardiocentro William Soler, Centro de Referencia Nacional, se han realizado más de 6 500 operaciones del corazón, incluyendo a recién nacidos, un 60% de las cuales se han practicado a “corazón abierto”.

Esa prestigiosa institución pediátrica, que brinda seguridad y felicidad a las familias cubanas, muestra logros reconocidos mundialmente en el tratamiento de las anomalías congénitas cardiovasculares y, también, en la introducción de nuevas técnicas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. De ello es fruto la amplia gama de trabajos científicos, docentes y de investigación que han presentado sus especialistas en congresos y eventos nacionales e internacionales.

No es de extrañar por eso la sistemática negativa a la concesión de visas para que sus profesionales puedan asistir a encuentros científicos en suelo norteamericano, alegando el socorrido pretexto de que “la entrada podría ir en detrimento de los intereses de Estados Unidos”.

Tal es el caso de dos destacadas científicas del Cardiocentro William Soler, las profesoras Herminia Palenzuela López, especialista en Cardiopediatría y vicedirectora médica de la institución, y Dunia Benítez Ramos, quien se desempeña como intensivista cardiovascular, encargada de la atención de niños en estado de gravedad.

Ambas especialistas coincidieron en afirmar que cualquier persona de buena voluntad puede calificar esas prohibiciones como “inmorales” y “antiéticas”, porque la participación en encuentros científicos internacionales ––en los que se reúnen en general lo que más brilla y vale en los temas médicos que se debaten–– enriquece los conocimientos en diversos campos del saber y contribuye a una mejor atención de los pacientes.

Estos intercambios son esenciales para todos los especialistas, y fundamentalmente para los dedicados a la cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica, que requieren una sistemática actualización y entrenamiento, acotó la doctora Palenzuela.

A todas luces, en tema de tan alta sensibilidad como el abordado, lo que eufemísticamente quieren llamar ahora Hospitales Denegados, constituye la reafirmación de las nuevas y criminales acciones que se siguen tejiendo bajo el oscuro manto del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra nuestro país desde hace casi medio siglo

José A. de la Osa

Rebelión.org

¿Quién es Juan Cativa?

Es un enfermero del Hospital de Cinco Saltos de la provincia de Río Negro (Argentina).

En mayo del 2005 cumpliendo con su función, administra un Yectafer (solución de hierro) intramuscular a una paciente embarazada; la cual inmediatamente manifiesta signos de reacción no habitual por lo que suspende su administración.

Previo a la administración, Juan había realizado todas las observaciones que se deben efectuar ante la administración de un medicamento; pero hay algo que escapa a cualquier personal de un equipo de salud, y es saber si el componente del medicamento está adulterado. Lo cierto es que el Yectafer estaba adulterado y ésto casi le ocasiona la muerte (como fue con otras pacientes, de los cuales sabemos por distintos medios de comunicación, ya en diciembre del 2004).

Esta paciente quedó internada y luego derivada al Hospital de Viedma, a terapia intensiva para su mejor atención. Afortunadamente no tuvo complicaciones posteriores, ni tampoco su bebe que nació sin secuelas por el hecho ocurrido.
Ahora todos se preguntarán ¿Cómo puede suceder que una medicación adulterada llegue a un centro de salud o una farmacia?. Hay muchos eslabones responsables, el primero es el ANMAT (organismo encargado de realizar el control de calidad de todos los medicamentos que salen de los laboratorios), el ministerio de salud de la provincia de Rió Negro y sobre todo el o los que alteran medicamentos en nuestro país, ¿o esos son amigos de los políticos y no se los toca?.

Ahora: ¿quiénes van a juicio?.

SOLO JUAN

¿Qué pasó con los demás responsables?.

 Como vemos una vez mas la justicia no es justa y nosotros lo vivimos de cerca, con el caso de Lucia Covarribias (enfermera), compañera de nuestro hospital, que también tuvo que pasar por un juicio oral y público, al cual no dejamos de acompañar un solo día; porque no solo teníamos claro que era inocente, sino que lo que le ocurrió a ella, le podía ocurrir a cualquier enfermero; el caso de Juan es igual, es inocente y le puede pasar a cualquier enfermero.

La gran corrupción hace que los altos funcionarios permanezcan impunes y que la justicia no los ponga en el mismo lugar que los que cometen delitos y deben ser enjuiciados. Así los medicamentos adulterados podemos recibirlos cualquiera de nosotros o algún familiar o algún amigo CUALQUIERA.

Como no tenemos confianza en la justicia, pero si tenemos confianza en la movilización y en la solidaridad de la clase trabajadora, queremos que participen de la reunión para organizarnos y ver como acompañamos a Juan y que podemos hacer, aunque él esté a muchos kilómetros de distancia.

REUNION: JUEVES 20 DE SEPTIEBRE 16 HS
AULAS 2 PISO HTAL GARRAHAN

TODOS SOMOS JUAN CATIVA

JUNTA INTERNA ATE
HTAL GARRAHAN
ategarra@yahoo.com.ar

Telefax: 4943-0231
http://redyrolenfermero.blogspot.com
La única lucha perdida es la que se abandona.
http://usuarios.lycos.es/nerjadccu/dossier/Untitled-0.html

Se abastecen de personas obligadas a ‘reponer’ por un familiar o a cambio de dinero. Mujer infectada con transfusión pide una reparación civil al Ministerio de Salud.

La vida de Judith Rivera Díaz, de 46 años, cambió radicalmente en abril. Entró al quirófano del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao para someterse a una operación que la curaría, pero salió infectada con el VIH/Sida por una transfusión de sangre. ¿Se podía haber evitado este grave incidente?

Para los especialistas, hay dos maneras de disminuir el riesgo de contraer una enfermedad por recibir sangre contaminada: contar con insumos químicos de alta calidad que son capaces de reducir el ‘periodo de ventana’ del VIH (que son seis meses) hasta en 10 o 15 días y abastecerse de, por lo menos, un 50% de sangre de donantes voluntarios, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Lamentablemente, el Ministerio de Salud (Minsa) no cuenta con estos insumos, porque son muy caros, y la política que sigue el sector en sus compras es de austeridad y ahorro”, sostuvo Amador Vargas, decano nacional del Colegio Médico del Perú.

En cuanto al abastecimiento por voluntariado, señaló: “Está comprobado que esta sangre es de alta calidad y que, en su mayoría, se encuentra libre de cualquier mal”. Al respecto, el viceministro de Salud, José Calderón, reveló ayer que el 95% de sangre procede de la reposición de los pacientes, es decir, de personas que están presionadas por una situación de emergencia o que reciben dinero a cambio. Solo un 5% es de donantes voluntarios.

LA HISTORIA DE SIEMPRE. Calderón presentó el informe elaborado por una comisión especial sobre el caso de contaminación de VIH/Sida en el hospital Carrión. La conclusión fue que el virus se encontraba en el ‘periodo de ventana’ y no pudo ser detectado.

Lamentablemente, el Minsa tuvo conocimiento del caso en julio de este año, pero esperó cerca de dos meses para tomar medidas radicales, luego de que la señora Judith Rivera diera a conocer su situación a los medios de comunicación debido a la indiferencia de las autoridades.

Pero esta historia no es nueva. En noviembre de 2005, después de que se conocieran los casos de los bebés infectados con VIH en la ex Maternidad de Lima, las autoridades del sector anunciaron la construcción de un centro que abastecería de sangre de buena calidad a todos los nosocomios del país, reduciendo el peligro de contaminación. Pero hasta hoy no se ha hecho nada concreto. Calderón aseguró que el proyecto sigue en marcha.

DRAMA. En medio del llanto, Judith Rivera confesó que necesita una reparación civil que le permita vivir tranquila el resto de su vida. “Yo ya no voy a poder trabajar. ¿Cómo quedarán mis hijas?”, se preguntó.

Mientras tanto, en Ventanilla, Justo Flores Muñoz denunciaba que su hijo de 17 años había contraído el VIH/Sida en una transfusión de sangre hecha en el hospital Daniel Alcides Carrión, versión que fue desmentida tajantemente por el viceministro Calderón.

Anoche, la Contraloría General de la República anunció que en el mencionado nosocomio se ha dispuesto una acción de control que consiste en evaluar los procedimientos internos. 
http://www.peru21.com/

México, D.F., 10 de septiembre (apro).- Niños y mujeres indígenas de Guerrero continúan muriendo por la falta de atención médica, equipo, recursos humanos y fármacos, denunció el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Estas carencias generan altas tasas de mortalidad materna en la región, apuntó el Centro Tlachinollan.

Y es que para toda la región de La Montaña apenas hay cinco ginecólogos para atender a unas 88 mil 277 mujeres en edad fértil, es decir, 17 mil 654 mujeres por especialista.

Este dato es desproporcionado si se compara con la media nacional, que es de 2 mil 414, y con la estatal, de 4 mil 132. De ahí que la entidad en este rubro se ubique en el lugar 27 a escala nacional.

“Es inconcebible hablar de democracia cuando en La Montaña de Guerrero los indígenas mueren por enfermedades gastrointestinales”, deploró la ONG.

El caso de Yuvinani

Y esta situación se vive en Yuvinani, una comunidad ‘na savi’ (mixteca) que es parte del municipio de Metlatónoc –considerado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el segundo municipio con más bajo desarrollo humano después de Cochoapa El Grande–.

Los habitantes de Yuvinani desde hace varios años han estado solicitando un médico y una enfermera que brinden un servicio permanente.

El único servicio médico con que cuentan actualmente es el de una enfermera que acude a ese lugar una vez por semana, durante una hora y media aproximadamente.

Según un escrito que firman el presidente y secretario del Comité de Construcción del Centro de Salud de Yuvinani, Margarito García Julio y Carlos Hernández Moreno, respectivamente, esta situación persiste pese a que dicha comunidad se ubica a unos 20 minutos de Metlatónoc, en que se localiza el centro de salud más cercano con servicio permanente.

Sin embargo, en el centro de salud de Metlatónoc no exista el personal suficiente para atender a todos los usuarios, por lo que hay que esperar hasta seis horas bajo condiciones incómodas: sentados en el suelo y bajo los rayos del sol.

Por ello los indígenas ‘na savi’ se ven obligados a trasladar a sus enfermos al hospital regional de Tlapa; no obstante, para eso tienen que pagar viajes especiales que llegan a costar hasta mil 800 pesos. Y pese a la limitación económica, muchos hacen el esfuerzo de trasladar a sus enfermos.

Sin embargo, en el trayecto, niños y embarazadas han padecido las consecuencias, sobre todo estas últimas. Muchas mueren en el camino. Otras dan a luz en el camino.

Ahí está el caso de Fortunata Moreno Hernández y María Mercenario Hernández, originarias de Yuvinani, las que hace un par de meses dieron a luz en el camino cuando intentaban llegar al Hospital de la Madre.

Pero no todo los casos terminan con ese final:

Un estudio realizado en el 2003 por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que de las 166 unidades de salud que existen en La Montaña, solamente 82 son unidades completas, esto es, cuentan con la presencia de un médico; el resto está cubierto por enfermeras, técnicos en atención primaria o pasantes en servicio social.

http://www.proceso.com.mx/

La cámara laboral volvió a utilizar esa figura para castigar un despido pero, por primera vez, responsabilizó a dos empleados jerárquicos por daño moral 

 (ver fallo completo).
 
La cámara laboral hizo lugar a un reclamo por acoso moral promovido por una empleada de una editorial, que se consideró despedida por persecución laboral. De esta manera, el tribunal ordenó a la empresa pagar una indemnización por la cesantía más una reparación adicional por daño moral.

Pero además, extendió la condena por daño moral a dos empleados jerárquicos denunciados por la trabajadora por hostigamiento psicológico, siendo la primera vez que se conoce un fallo que haya responsabilizado en forma solidaria a otros trabajadores en un caso de mobbing o acoso moral en el ámbito laboral.

La figura del mobbing es muy reciente en la Justicia argentina y surgió de la propia doctrina de los jueces, ya que no está regulada por ley. Sin embargo, existen numerosos proyectos en el Congreso que buscan regular este instituto en forma específica.

El fallo adquiere relevancia porque en este caso, además del establecimiento de una indemnización suplementaria por daño moral, los jueces hicieron extensiva la condena por ese daño a los empleados superiores jerárquicos, quienes fueron los autores del acoso denunciado.

En casos de mobbing no existen antecedentes de fallos que condenen en forma solidaria a empleados superiores jerárquicos. A diferencia de condenas solidarias fundadas en la ley de sociedades –por ejemplo la responsabilidad de los directores o administradores societarios- no existe en este caso una norma que habilite a extender la responsabilidad a trabajadores jerárquicos del empleador por los daños que éstos causen a terceros.

Sí están previstas, en cambio, las “acciones de regreso” que el empleador tiene contra sus trabajadores por los daños que éstos causaren, y que aquél se hubiere visto obligado a resarcir.

Los jueces tomaron esa decisión en la causa “Veira, Mónica c/ Editorial Perfil S.A. s/ despido” en el que tuvieron por acreditado que la actora había sufrido “un acoso psicológico”, que esa situación incidió en su estado físico y “provocó una continua y creciente aflicción y parecía tener por finalidad hacer insostenible la continuidad de la relación laboral” (ver fallo completo).

Para hacer extensiva la condena por el daño moral a los empleados jerárquicos de la demandada, el tribunal entendió que procedía la solidaridad en ese rubro porque los dependientes codemandados fueron los causantes directos del daño ocasionado.

Por otra parte, y además de la indemnización propia derivada de la extinción del contrato de trabajo, los jueces concedieron una reparación extra en concepto de daño moral.

Para justificar el daño moral como causal de reparación autónoma en el derecho laboral los jueces consideraron que “Este tribunal ha dicho que la indemnización por daño moral es susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual”

“Si se trata del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada ….”
Mobbing: la Justicia condena solidariamente a gerentes  
    
La cámara laboral volvió a utilizar esa figura para castigar un despido pero, por primera vez, responsabilizó a dos empleados jerárquicos por daño moral

 La cámara laboral hizo lugar a un reclamo por acoso moral promovido por una empleada de una editorial, que se consideró despedida por persecución laboral. De esta manera, el tribunal ordenó a la empresa pagar una indemnización por la cesantía más una reparación adicional por daño moral.
 
“Desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del empleador. En el caso que nos ocupa se trata de conductas ilícitas de las cuales fue víctima la actora durante el desarrollo del vínculo laboral, protagonizadas por quienes, por sus funciones jerárquicas, representaban al empleador en el lugar de trabajo; y los daños ocasionados resultan resarcibles por aquél por los hechos del dependiente”.

Cuestionamientos
Carlos María Del Bono, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, cuestionó la extensión solidaria de la condena por daño moral impuesta a los empleados jerárquicos superiores.

Sostuvo el especialista que la solidaridad no se presume y tiene que estar prevista en forma expresa en la ley.

Para Del Bono, no hay acción contra los empleados codemandados porque en derecho laboral no hay nexo normativo por medio del cual se les pueda imputar responsabilidad.

Agregó que la ley sólo contempla la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, pero que no hay responsabilidad solidaria del empleado por los daños que éste cause a los terceros.

“En tal caso, tendrá el empleador una acción de regreso contra el trabajador por la cual se reembolse los daños que eventualmente hubiera tenido que pagar como consecuencia de los daños que hubiera producido el trabajador”, concluyó.

Esteban Carcavallo, del mismo estudio remarcó que es la primera vez que en un caso de mobbing se extiende en forma solidaria la condena por daño moral a empleados jerárquicos superiores.

Carcavallo sostuvo que el juez laboral no es competente para imputar responsabilidad a los empleados de la empresa demandada. La responsabilidad de éstos, en tal caso, debió haberse discutido en una acción civil por daños y perjuicios.

El consultor destacó que no existe ninguna norma laboral por la cual se pueda imputar responsabilidad solidaria del empleado por los daños que éste cause a terceros.

Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados, también cuestionó la extensión de la condena por daño moral a los empleados codemandados.
 
Capurro expresó que “no hay una norma expresa que legitime esa extensión solidaria en sede laboral respecto de personas físicas que no revisten otro rol que el de empleados, sin poseer el carácter de accionistas, ni directores, ni ningún otro tipo de representación legal prevista en la ley de sociedades comerciales”.

El consultor coincidió en la falta de competencia de la justicia laboral para condenar a los empleados en forma solidaria por el daño moral.

“La accionante debería haber iniciado el reclamo por el resarcimiento de ese daño en sede civil y exclusivamente repecto de las personas físicas a las cuales le atribuyera responsabilidad”, concluyó.       (ver fallo completo).

Matías Debarbieri
mdebarbieri@infobae.com
© infobaeprofesional.com

El documento se cotizaría hasta en $150 mil; implicados, funcionarios de varias dependencias

La prueba se pospuso dos meses para que la PGR continúe las pesquisas; hay un detenido

Elizabeth Velasco y Ángeles Cruz
 
Luego de una denuncia anónima, la SFP empezó a investigar la presunta venta del examen para aspirantes a residencias médicas. La imagen, en un hospital del Distrito Federal Foto: Jesús Villaseca La Secretaría de Salud (Ssa) interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de la República por la presunta venta ilegal –hasta en 150 mil pesos– del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, con la que se dará seguimiento a la investigación que la dependencia ha realizado en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se informó que en el ilícito están implicados funcionarios de varias dependencias.

Fuentes de la SFP señalaron que hasta el momento ha sido detenida una persona, quien “está rindiendo su declaración” ante el Ministerio Público Federal. Comentaron que además existe la presunción de que en la entrega de los exámenes habrían participado otras dependencias, por lo que “la SFP está abriendo una investigación para deslindar responsabilidades en cada una de ellas”. No se dieron mayores detalles para no entorpecer las indagatorias.

Esta acción ilegal se detectó luego de que la SFP recibió una denuncia anónima desde Baja California respecto a que había una supuesta venta del documento, en 150 mil pesos, a un grupo de médicos que buscan ser residentes.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Ssa realizó las indagatorias correspondientes y obtuvo elementos que lo llevaron a un sitio de la ciudad de México donde se presume que se vendía el examen, el cual iba a aplicarse el sábado 8 y el domingo 9 de septiembre, en 40 sedes de 19 estados de la República. Ayer, la Ssa informó de la postergación de la prueba para dentro de dos meses.

Los médicos que presuntamente iban a comprar el examen fueron citados en un hotel de la colonia Santa María la Ribera, para la entrega del documento, dos días antes de la aplicación de la prueba en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los hechos denunciados ocurrieron a pesar de las estrictas normas de seguridad y vigilancia que se aplican para garantizar la transparencia y el estricto apego a los procedimientos legales. Las pruebas están bajo el resguardo de la Dirección General de Calida y Educación en Salud de la Ssa, con el apoyo del servicio de seguridad privado Cometra, responsable de la transportación.

También ayer, luego de la inauguración de la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, en Villahermosa, Tabasco, el titular de la Ssa, José Angel Córdova Villalobos, se refirió al tema y reconoció que el Programa Nacional para el Acceso a Residencias Médicas ha sido cuestionado desde hace varios años, por lo que en esta administración se cambió a todo el personal que participa en la prueba.

Comentó que la dependencia a su cargo estableció todas las medidas de seguridad para este año y se analizaron las posibilidades de filtración de información donde se encontraron las irregularidades. Resaltó la complejidad de la investigación, porque alrededor de 800 personas participan en la selección de las preguntas del examen, así como gran cantidad de centros de aplicación y el sitio donde se imprime.

Entran 5,500 de 25 mil aspirantes

Miguel Angel Lezana, director general de Calidad y Educación en Salud, comentó que cada año, 25 mil egresados de las escuelas de medicina participan en el examen de selección de residencias, de los cuales únicamente se quedan 5 mil 500.

En entrevista, explicó que la prueba que se aplica cada año es distinta y consta de 600 preguntas seleccionadas –de entre más de 3 mil– por un grupo de expertos de las instituciones públicas y privadas del país. Además del alto grado de dificultad, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, responsable del procedimiento de selección de los residentes, aplica diversas medidas de seguridad, como la entrega de una credencial a los aspirantes, la cual contiene fotografía, huellas digitales y holograma. Este documento debe ser presentado por los médicos al momento de la evaluación, indicó.

Lezana también resaltó que esta es la única forma de que los egresados de las escuelas de medicina puedan estudiar alguna especialidad en el país, aun en hospitales privados. Al abundar sobre las medidas de seguridad, comentó que la Comisión Interinstitucional es copresidida por la Ssa y la Secretaría de Educación Pública. En ella también participan instituciones públicas y privadas de educación y salud.

Respecto al examen, Lezana señaló que las respuestas son de opción múltiple, con las que se evalúa la confiabilidad y capacidad de discriminación de los aspirantes.

La jornada de Mexico

Hernán González G.
aprenderamor@hotmail.com
El condicionado no matarás

Uno de mis lectores favoritos, el maestro José Castillo Farreras, envía interesantes reflexiones en torno a la muerte digna, la eutanasia y otros temas igualmente “escabrosos” y absolutamente ajenos a nuestra idiosincrasia, según los torvos guardianes de lo inalterable, por lo que en este espacio con gusto compartimos esas reflexiones:

“No matarás”, dicen. Ese ruido ineficaz se oyó cuando la eutanasia fue legalizada en Holanda y continúa uniéndose ahora a otro, en México, por la legalización del aborto en el Distrito Federal, por los mismos motivos, ya que “si Dios es quien da la vida, sólo Dios puede quitarla”. Los “argumentos” son similares o idénticos referidos siempre a la vida. ¡Estamos a favor de la vida y en contra de la muerte!, se alega, y más que alegar se grita, sin bases racionales, engañosamente.

Sus argumentos no son consistentes ni sirven de base para un diálogo serio. No matarás, ¿así, en general? como tramposamente se proclama, ¿será un mandato cierto y válido? No matarás ¿ni a millones de gérmenes patógenos con antibióticos?, ¿ni a los animales y plantas con los que nos alimentamos?, ¿ni a la fauna nociva o depredadora?, ¿no habrá que rociar insecticida a las cucarachas o a los pulgones ni a las langostas que atentan contra nuestras plantas y a veces acaban con comarcas enteras?, ¿no matarás, ni siquiera una mosca?

Hay quien aparenta “no matar una mosca” pero, como ubica la frase hecha, se trata sólo de un mojigato, un santurrón, un hipocritón. Pretende salvaguardar la vida, cualquier vida, pero no es capaz de gritar en contra de las guerras, ni de quienes las propician, menos a favor de quienes mueren en vida en las cárceles, sin que haya mediado juicio alguno. ¿Es esto justo? ¿Es seguir los mandatos de algún dios hacer caso omiso de esas enormes injusticias? ¿Cuál es ese dios? ¿De qué religión?

¿Por qué las condiciones en que se plantea la eutanasia, que tienen que ver con una vida digna y una muerte digna, son para ellos una mala forma de morir, y no lo es la muerte abyecta de tantos inocentes, en las cárceles odiosas del imperio o en sus guerras o en la frontera con México, saltando muros para morir en el desierto?

Con la muerte de los seres humanos, el “no matarás” ¿sirve de algo? ¿Acaso ya no se mata desde que lo regula la Iglesia? ¿Cuándo, a quién, en qué condiciones “no matarás”?, ¿acaso nunca, en ninguna circunstancia? ¿Se puede matar en legítima defensa –incluso de mi calidad de vida– o sólo en defensa de la patria o contra el terrorismo?, pregunta Castillo Farreras y plantea:

El principio jurídico-moral de “la no exigibilidad de otra conducta” se estableció en el derecho inglés durante la época victoriana. Consiste en que el presunto responsable de un delito no debe ser castigado ni considerado responsable cuando su conducta aparentemente ilícita la realizó en una situación tal que nadie podría exigirle, en justicia, una conducta diferente.

Negarle la interrupción del embarazo contraviene leyes internacionales, señala

Los funcionarios deben ser sancionados, dice

Trasladarán a la niña al DF para que aborte

EMIR OLIVARES ALONSO

Las autoridades de Chihuahua que negaron a una niña de 12 años el derecho a interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual vulneran la normativa nacional e internacional, pues pese a sus argumentos “morales y éticos”, está permitido el aborto en esos casos, aseguró el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCF).

La organización recordó que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, agrupación que forma parte del propio observatorio, documentó que agentes del Ministerio Público, funcionarios de la procuraduría, del Tribunal Supremo de Justicia y del sector salud del estado han vulnerado los derechos humanos de la menor –agredida sexualmente el pasado 5 de agosto– al no permitirle acceder a esa garantía, aunque el artículo 219 el Código Penal de Chihuahua establece que hay varias causas, entre ellas el abuso sexual, por las cuales el aborto “no es punible” si se practica en los primeros 90 días de la gestación.

Dicho artículo prescribe además que aquel funcionario que obstruya el acceso a la interrupción legal de un embarazo tiene responsabilidad penal y debe ser sancionado conforme a la ley.

Con esta negativa, de la cual dio cuenta ayer La Jornada, los funcionarios chihuahuenses violan también la recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en la que se exige al Estado mexicano armonizar las legislaciones federal y estatales para que se incluya el acceso a una salud sexual y reproductiva efectivas para ese sector de la población, incluidos los servicios de aborto seguros en las circunstancias permitidas por la ley, normativa internacional que México está obligado a cumplir.

Por ello, el OCF exigió a las autoridades estatales adoptar la reglamentación necesaria para el acceso al aborto legal “en cabal cumplimiento de su código penal y la normativa internacional”; así como que se finque responsabilidad a los funcionarios públicos que han incurrido en omisiones en este caso; que se detenga y procese al agresor de la menor “y se respete de inmediato el derecho legal de la niña a interrumpir su embarazo, producto de una violación”.

Cabe recordar que tras varias gestiones de la ONG con el gobierno estatal, la niña y su madre serán trasladadas a la ciudad de México para que en ésta se realice un aborto legal.
 http://www.jornada.unam.mx/

Vacío legal en el procedimiento, retrasó el proceso 
Practican aborto en Chihuahua, a niña víctima de violación

Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal

Chihuahua, Chih., 3 sep 07 (CIMAC).- Un equipo de ginecobstetras del Hospital General le practicó el aborto legal a Lupita, la niña de trece años que resultó embarazada de la violación que sufrió recientemente. El procedimiento clínico se hizo ayer domingo y la niña se encuentra en buenas condiciones de salud.

Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (CDHM) calificó de histórica la decisión gubernamental y aplaudió el avance en el respeto a los derechos de las mujeres.

A las tres de la tarde, los médicos informaron a la familia y a la abogada que la interrupción del embarazo había concluido y la niña se encontraba en buenas condiciones.

La directora del Centro de Derechos Humanos informó que decidieron acelerar el aborto porque Lupita se sintió mal y los especialistas que la revisaron le dijeron a la familia y a la abogada que el embarazo era de alto riesgo.

Para garantizar una buena atención, el Hospital General integró un equipo interdisciplinario de ginecobstetras, psicólogos y terapeutas que le darán seguimiento a la niña para ayudarla a superar la dolorosa experiencia que está viviendo.

CUMPLIR NORMATIVIDAD VIGENTE

A través de un comunicado, Carlos Carrera Robles, secretario de Fomento Social, aclaró que para llevar a cabo el procedimiento la Secretaría de Fomento Social recabó el consentimiento informado de la mamá de Lupita ante la presencia de su abogada Lucha Castro.

El funcionario había anunciado, desde el sábado en la tarde, la decisión gubernamental de hacer el aborto legal a Lupita en el Sistema Estatal de Salud.

El secretario de Fomento Social informó que el Gobierno del Estado tomó esa decisión en cumplimiento a la Ley Estatal y también a la Norma Oficial de Salud. Carrera Robles solicitó el expediente de la averiguación previa a la procuradora de Justicia, Patricia González.

“Para el Gobierno del Estado la preocupación no se limita a brindar a Lupita una atención médica, sino en darle las facilidades para que supere la dolorosa experiencia que le ha tocado vivir a su corta edad”, puntualizó al informar que el servicio incluye atención psicológica.

El funcionario recordó que la Norma Oficial Mexicana 190 es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud.

Dicha normatividad establece los requisitos que se deben cumplir para practicar un aborto en casos de violación, apuntó.

“Los funcionarios públicos, al asumir el cargo protestamos cumplir y hacer cumplir todas las leyes, sin limitarlas a aquellas con las que estamos de acuerdo o en desacuerdo”, indicó.

Y puntualizó: “La Ley General y la Estatal de Salud así como la NOM 190, no son la excepción; como servidores públicos estamos obligados a cumplir y observar la ley, por encima de las convicciones personales o ideológicas que tengamos sobre el tema”.

VACÍO LEGAL

Como se sabe, Lupita es una niña de trece años que resultó embarazada de la violación que sufrió recientemente en Meoqui.

Ella y su familia solicitaron la interrupción del embarazo a través de su abogada, Lucha Castro, con base al Artículo 146 del Código Penal del Estado y de la Normal Oficial Mexicana 190.

Lucha Castro dijo que la decisión que tomó el Gobierno del Estado es un gran avance en el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Pero la directora del Centro de Derechos Humanos recordó que todavía está pendiente un reglamento que especifique qué instancia y a través de qué vía se debe practicar el aborto legal para que ninguna víctima vuelva a sufrir la angustia que vivió Lupita.

El Artículo 146 del Código Penal del Estado contempla el aborto legal cuando hay violación pero no hay un reglamento que aclare quién y de qué manera se debe practicar.

Ese vacío legal generó una gran polémica en los distintos sectores de Chihuahua, sobre todo porque el Ministerio Público y el Poder Judicial no respaldaron la petición de Lupita y su familia.

La familia de la niña y el Centro de Derechos Humanos habían decidido llevar a la niña a la Ciudad de México para que le practicaran allá el aborto legal en las mejores condiciones clínicas.

Pero el secretario de Fomento Social ofreció el servicio el sábado pasado y tanto la familia de Lupita como la abogada decidieron que el procedimiento clínico se hiciera aquí.

07/DVM/CV

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EL AÑO PASADO HUBO TRES CASOS SIMILARES

Una jueza frenó la intervención para tutelar los derechos del niño por nacer.
 HOSPITAL. EN EL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE SE IBA A HACER EL ABORTO.
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Oscar Londero PARANA. ESPECIAL
parana@clarin.com
Una orden judicial impidió que se practicara un aborto a una joven discapacitada mental que fue violada hace cuatro meses en Paraná. La medida, que tomó estado público ayer, volvió a reavivar la polémica generada ante casos similares registrados un año atrás en Mendoza, La Plata y Corrientes (ver Antecedentes).

El Código Penal permite interrumpir el embarazo ante una situación como ésa sin que implique sanciones para los médicos que asistan a la paciente. Sin embargo, la defensora de Menores de Paraná, Marcela Piterson, interpuso una medida cautelar alegando que debían tutelarse los derechos del niño por nacer. Su postura fue compartida por la jueza Claudia Salomón, y eso impidió que se practicara el aborto en el hospital materno infantil San Roque.

La madre de la chica, de 19 años y con un retraso mental, acudió a ese centro asistencial con la intención de interrumpir el embarazo. La joven lleva en su vientre un feto de 16 semanas de gestación y se sospecha que fue violada por una persona allegada a su familia, que vive en el barrio Humito, al oeste de la capital entrerriana. Eso motivó además una denuncia penal, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Bonazzola.

Según una versión, la madre de la joven -que tiene otros 10 hijos y vive bajo la línea de pobreza- fue al hospital y consiguió un médico dispuesto a realizar el aborto. Pero también trascendió que luego la mujer cambió de parecer y acudió a Tribunales, donde se dispuso que la gestación continuara. Además, se ordenó la intervención del Consejo Provincial del Menor, que alojó a la muchacha en uno de los hogares que tiene en Paraná.

La chica está separada de su familia desde la noche del lunes, con la intención de garantizarle contención y asistencia médica. Para eso, desde el Consejo del Menor se pidió al hospital un detallado informe sobre la evolución del embarazo, a fin de descartar algún riesgo para su salud.

La noticia se conoció pocas horas después de haberse divulgado cifras oficiales sobre abortos clandestinos en Entre Ríos. Según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia, entre enero y abril los hospitales públicos provinciales atendieron a 482 mujeres que buscaron interrumpir sus embarazos con métodos violentos. La estadística confirmó que 103 de esas pacientes asistidas son menores de edad y que el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte en Entre Ríos.

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El Ministerio de Salud de Nicaragua ha prohibido la interrupción de un embarazo de 27 semanas de gestión a una niña de nueve años que fue violada por un familiar en una zona rural del país, donde está penalizado el aborto terapéutico. “No queda más que prepararse y esperar el parto”, indicó Susy Mayorga, la doctora del Ministerio de Salud que presidió la junta médica, quien reconoció que el proceso de gestación está siendo complicado, aunque hasta el momento la salud de la niña es “estable”.

La menor está recibiendo atención médica y psicológica en la ciudad de Bluefields, donde se conformó una comisión integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Familia, el centro de mujeres Ixchen y otros miembros de la Red de Mujeres contra la Violencia.
La ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya, aseguró que en las próximas horas la niña será traslada a Managua tras comprobarse que en Bluefields no existen las condiciones necesarias para el cuidado de la menor embarazada. La Red de Mujeres contra la Violencia ha denunciado que en el primer semestre del año en la Comisaría de Mujer, Niñez y Adolescencia de Bluefields han atendido 82 denuncias por violencia sexual, de las cuales el 97,5 por ciento son mujeres.

“La principal forma de violencia sexual es la violación y la mayor parte de las víctimas son niñas de 13 a 17 años. Lo más preocupante es que sólo 14 autores de estos delitos están en prisión”, afirma la Red en declaraciones a un diario local.
La niña reside con su familia en una comarca de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, pero tras la violación y el embarazo tuvo que ser traslada a Bluefields, donde instituciones del Estado tomaron de oficio el caso.