DIARIO MEDIKO.com

Un hombre es condenado a tres años de cárcel en Francia por contagiar a su pareja

En España existe jurisprudencia que defiende a las víctimas

“No estamos obligados a decirlo”. Ésa ha sido la defensa de un hombre francés que ha sido condenado a tres años de cárcel por transmitir el VIH a su novia. La pareja, según cuenta la web de Le Post, había convivido durante nueve meses en los que habían mantenido relaciones sexuales sin precaución pese a que él sabía que estaba infectado. La noticia ha despertado el debate en el país galo ¿es un delito la transmisión voluntaria del virus del sida?

 Campaña de prevención del VIH del Ministerio de Sanidad.

En España, la respuesta es sí. “En el ordenamiento jurídico español no existe una norma que obligue a informar sobre el estado de salud de la persona pero eso no significa que no haya instrumentos que protejan a las posibles víctimas”, explica Josefina Alventosa, presidenta de la Asociación Española de Juristas del SIDA – Jurisida, integrada en la coordinadora CESIDA. Durante años, el Código Penal contemplaba el delito de ‘transmisión maliciosa de enfermedades’ pero acabó desapareciendo porque era difícil determinar qué se considera malicioso.

Sin embargo, tanto el Código Penal como el Código Civil incluyen normas que pueden condenar a los responsables de este tipo de contagios y que en España ya han creado jurisprudencia. En 1996, un hombre portador de VIH fue condenado a un año y medio de prisión menor por no haber tomado precauciones en las relaciones sexuales con su novia pese a conocer que era portador del virus. Ella lo demandó por un delito de lesiones, alegando que había sufrido un daño físico y moral y los tribunales le dieron la razón. El hombre, además de hacer frente a la pena de cárcel, fue condenado entonces a pagar una indemnización de un millón y medio de pesetas, una multa que ascendería a ocho millones y medio si ella desarrollaba la enfermedad.

Responsable aunque no conozca su enfermedad

En el anterior caso se pudo demostrar que él era conocedor de la enfermedad y que suya era la responsabilidad del contagio pero ¿qué ocurre si la persona que transmite la enfermedad no sabe que está contagiada? ¿Debería considerarse un delito? La Justicia española sigue creyendo que sí.

En 2001, un hombre fue denunciado por su esposa por haberle contagiado el virus del sida. La pareja se separó durante un tiempo en el que el marido contrajo la enfermedad a través de prácticas homosexuales de riesgo. Después de un tiempo, la pareja retomó la relación y él le transmitió a ella la enfermedad sin saber que era portador del virus. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca lo encontró responsable por considerar que, aunque ignoraba que era seropositivo, no podía desconocer que las prácticas sexuales de riesgo y la no utilización de medidas de protección puede llevar a un contagio. El hombre fue condenado a pagar una multa de cinco millones de pesetas por daños a la persona.

España no tiene una jurisprudencia muy amplia en este tema pero, hasta el momento, las denuncias que se han presentado han servido para condenar a los responsables del contagio. Además de los dos casos citados anteriormente, sólo se conoce otro más: esta vez, una mujer condenada en 2004 a prisión y una multa de 100.000 euros. Pese al apoyo de los tribunales, las penas varían mucho dependiendo de la situación personal de las dos partes. El contagio no se considera delito si la víctima se ha expuesto a un peligro evidente como compartir una jeringuilla o tener relaciones sexuales esporádicas sin tomar protección alguna.

“En los casos de parejas estables no se puede considerar que las víctimas se hayan autoexpuesto a un peligro por no utilizar protección”, explica Josefina Alventosa. “Una persona no puede estar continuamente planteándose si su pareja está contagiada o no. Es una cuestión de confianza que prevalece por encima de otras cuestiones”.

Por MARI LUZ PEINADO (SOITU.ES) Actualizado 26-05-2008 18:32 CET

Polémico. El doctor Sergio Goldberg trabaja en el Hospital Güemes y sus tratamientos son cuestionados por la Justicia.

Procedimientos médicos cuestionados. Tratamientos sin aprobación de autoridades sanitarias. Estafas a pacientes. Hechos que “ponen en peligro la vida de personas” son las acusaciones que contienen varias causas judiciales que investigan el desempeño de profesionales del servicio de Neurocirugía del Hospital Güemes, de Haedo.

Las denuncias apuntan a Sergio Goldberg, un neurocirujano que realiza tratamientos que consisten en inyecciones de células extraídas de cordón umbilical, más conocidas como células madre. La práctica está expresamente prohibida por la autoridad de control –Incucai– y sus directivos desconocían las actividades de Goldberg.

Osvaldo Tocchini, el director del Hospital, niega que las aplicaciones se realicen en el Güemes. Sin embargo, ya inició sumarios administrativos a los profesionales involucrados, quienes continúan ocupando sus cargos. “No puedo hacer nada hasta que la Justicia se expida”, aseguró Tocchini.

MAXIMILIANO. A los 16 años, Maximiliano Nuridín sufrió un accidente de tránsito que lo dejó cuadripléjico. Goldberg le realizó aplicaciones de células madre en 1993 con la promesa de una recuperación. Nancy Coronelli de Steimberg, la mamá de Maximiliano, contó a este diario: “estábamos desesperados, por eso aceptamos este tratamiento, pero ese hijo de puta lo dejó postrado para siempre”. La mujer confirmó que el neurocirujano no trabajaba solo. “Los tratamientos –por los que llegamos a pagar 1.000 dólares por cada implante– los realizaba junto con otro médico del servicio, el doctor Arnaldo Rapp. En el Hospital ambos se hacían llamar ‘Dios’, porque decían que cabeza que ellos tocaban, se salvaba”, recordó. Hoy Maximiliano está en estado de coma vegetativo persistente.

MARTÍN. Otro ejemplo que ilustra el modus operandi del grupo de médicos investigado por la Justicia es el de Martín Milla. El joven de 24 años se encuentra, desde el 2005, en una silla de ruedas por una paraplejia. Está inmóvil desde el cuello hasta los pies. Martín recibió a este diario en su vivienda del barrio Pelufo, partido de La Matanza y contó su historia.

“El 4 de mayo de 2005 me quisieron robar la bicicleta y me pegaron un tiro por la espalda”, contó. Herido de bala, fue trasladado al Policlínico de San Justo donde, por falta de medios quirúrgicos, no pudieron operarlo y lo derivaron al Hospital Güemes, de Haedo.

Con pronóstico de riesgo de vida, fue operado el 5 de mayo de 2005 por el neurocirujano Fernando Merino y quedó internado 45 días. Los médicos le explicaron que “la bala se había incrustado en la columna, que había cortado su médula”. Le dijeron que, por esa razón, quedaría “postrado de por vida”. Una vez que fue dado de alta, Merino le ordenó a Milla realizarse una resonancia. Con el estudio en la mano, el médico le habló de un tratamiento con “células madre de cordón umbilical” que le permitiría volver a caminar y le presentó a Sergio Goldberg. “Lo único que me alentaba a seguir viviendo era caminar y Goldberg me dijo: ‘no te prometo que vas a correr y a jugar a la pelota, pero en seis meses vas a estar caminando’”, recordó Martín. Le explicó que tenía un “banco privado de células madre”, por lo que no iba a tener “problemas para conseguirlas”.

Según Martín –cuyo relato consta en la causa– Goldberg le informó que no podía cobrarle menos de $10.000, y que hacía una excepción por su humilde condición y porque se había “encariñado” con él. “Somos gente pobre. No teníamos esa plata y nos endeudamos. Mi papá vendió el auto. Hicimos rifas entre los amigos, la familia y la gente del barrio. Así juntamos 5.000 pesos, que era el monto que me pedía para empezar el tratamiento”.

El 26 de septiembre de 2005, el médico le aplicó a Martín en su casa las dos primeras inyecciones del supuesto tratamiento con células madre de cordón umbilical. “Vino con un maletín, sacó dos ampollas –una con un líquido y otra con un polvo- las abrió, las mezcló y me las inyectó”, dijo Martín. “Todas las demás aplicaciones me las hizo en los consultorios del Güemes”, afirmó en contradicción con lo que sostienen las autoridades del Hospital. A raíz de este caso, se iniciaron dos causas judiciales que involucran a Goldberg y al servicio de Neurocirugía.

Fernando Lirman, abogado de Martín, explicó a este diario que “le aplicaron un tratamiento falso, con resultados adversos a su salud, siendo lisa y llanamente estafado, tal cual se lo imputa en la causa penal que se le iniciara y actualmente tramita ante la UFI N° 8, de Morón”. El otro proceso es civil, está caratulado como “Milla Martín c/Goldberg Daniel Hugo sobre daños y perjuicios” y fue iniciado en febrero de este año en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 24.

El doctor Adalberto Davico trabajó en el servicio de Neurocirugía del Güemes por más de 20 años. Conoce bien el funcionamiento del área y a sus integrantes. “Desde mediados de los 80, Goldberg ofrece tratamientos de celuloterapia dentro del Hospital, con el consentimiento de varios colegas del servicio y del propio director”, afirmó Davico en diálogo con Crítica de la Argentina. “Y cobra suculentas sumas de dinero por suminisitrarlos”, agregó.

Cabe destacar que hoy los tratamientos con células madre se encuentran en fase de investigación y su aplicación en humanos sólo está habilitada para casos especiales y con protocolos de seguimiento muy estrictos. La denuncia pública de esas irregularidades y el hecho de atestiguar contra sus colegas en las causas judiciales iniciadas por demandas de los afectados, le provocó problemas a Davico.

“Fui discriminado y perseguido dentro del hospital. Tuve que responder ante falsas acusaciones, atentaron contra mi auto y hasta trataron de agredirme”, denunció. Cuando el tema llegó a la Justicia, la dirección del hospital se vio obligada iniciar sumarios administrativos para que el Ministerio de Salud se hiciera cargo de investigar las denuncias. El director del nosocomio, Osvaldo Tocchini, sólo se limitó a declarar a este diario que “a Davico tuvimos que trasladarlo a otro establecimiento porque manifestó problemas con su entorno laboral, por lo que hoy desempeña funciones en el hospital Paroissien de La Matanza”, desde noviembre de 2006. Al ser consultado sobre las presuntas actividades irregulares que realizaría el doctor Goldberg con la venta de células madre, Tocchini sostuvo que “mientras no lo haga adentro de este hospital, a mí no me compete en absoluto porque forma parte de su actividad privada”.

“Los procedimientos tienen el aval de especialistas internacionales”

Sergio Goldberg logró difusión masiva gracias a la revista Viva del 5 de julio de 1998. En su portada fue presentado como un médico ejemplar por haberle “salvado la vida” a Rodrigo, un pibe de Castelar víctima de un balazo en la cabeza durante un asalto ocurrido en un local de McDonalds. Crítica de la Argentina pudo entrevistarlo:

- ¿Cómo describiría los tratamientos?

- Son tratamientos neurobiológicos que consisten en implantar al paciente células de cordón umbilical y tejidos hidrolizados con vitaminas, minerales, aminoácidos y otros oligoelementos, por vía endovenosa, intramuscular o quirúrgica. Todo esto se complementa con técnicas de rehabilitación fisiátrica.

- ¿De dónde obtiene las células de cordón umbilical?

-Compro en bancos privados de células.

- ¿Qué tipo de pacientes atiende?

- Se trata de personas que han tenido daños neurológicos como traumas severo de cráneo, hemiplejias, lesiones medulares, ACV, entre otras afecciones.

- ¿Dónde realiza esos tratamientos?

- En consultorios particulares o en el domicilio de los pacientes, porque se trata de una actividad privada.

- ¿Niega haberle cobrado a pacientes que atendió en el hospital Guemes por estas prácticas?

- Rotundamente, jamás le cobré a un paciente que atendí dentro del hospital.

- Sin embargo, varios testigos afirman que lo iban a ver a usted a los consultorios externos del hospital para que le efectuara las aplicaciones.

- Nunca realicé aplicaciones en el hospital.

- ¿Cobra por estos servicios?

- Por supuesto, se trata de un tratamiento que tiene un costo. Depende del paciente, de la gravedad del caso, pero aproximadamente son 10.000 pesos por el tratamiento completo.

- Pacientes y colegas lo acusan de realizar prácticas prohibidas.

- No es así, forma parte de una campaña motorizada por gente que me tiene una profunda envidia. Los procedimientos tienen aval científico de los mejores especialistas internacionales y que los pacientes realmente experimentan mejorías increíbles, por lo que están agradecidos conmigo.

La Tercera

En España existen medio centenar de clubes de consumo controlado. Un ciclo normal de quimioterapia precisa cinco gramos (22,5 euros). Sativex, el fármaco con extracto de cannabis, se usa de forma restringida. Varios jueces han absuelto a quienes aliviaban el dolor con esta droga.

El uso médico se afianza, pero los enfermos tienen que recurrir a ‘camellos’ – Los críticos temen que esto aliente su consumo lúdico
JAVIER LAFUENTE 29/03/2008

El cannabis es la sustancia ilegal que más se consume en todo el mundo. Hay quien lo hace porque le ayuda a sobrellevar mejor una enfermedad. ¿Es esto argumento suficiente para afirmar que la marihuana es un fármaco más? ¿O hay que mantener sobre todo la prevención de que se trata de una droga ilegal y que, por tanto, su uso debe ser proscrito? En este caso, como ocurre en la actualidad, los enfermos no tienen más salida que recurrir al camello de turno.

Los dolores de Tatiana Enríquez, médica cubana de 39 años, eran insoportables. Su hematólogo le sugirió: “Fúmate un peta de maría”. Ella lo tomó a broma. Pero cuando, tras la segunda sesión de quimioterapia a la que se sometió vio que las náuseas no cesaban, el médico insistió. Durante las 10 sesiones restantes, Tatiana decidió consumir marihuana. “Era un momento de mi vida que había que pasar o moría, así que opté por sufrir lo menos posible”, cuenta ahora, cuatro años después, con el cáncer prácticamente superado.

Tatiana fue afortunada. El equipo médico que la trataba, en un hospital público de Madrid cuyo nombre prefiere obviar, le permitía fumar la marihuana en las instalaciones. “Si alguien te dice algo, que vengan a mí, que te he autorizado”, recuerda que le dijo.

El cannabis hay que analizarlo dentro del contexto sociológico en el que se mueve. Unos 162 millones de personas lo consumen en todo el mundo. Es la droga ilegal con más adeptos. Existe un núcleo de población, sobre todo gente joven, que no ve en el consumo de marihuana efectos perniciosos. Según la última Encuesta sobre Drogas y Alcohol del Ministerio de Sanidad, en España un 28,6% de la población ha consumido alguna vez cannabis, y un 8,7% lo hace todos los meses. En los últimos 10 años, además, se ha multiplicado por tres el número de personas que lo consumen a diario.

El Código Penal prohíbe la venta de cannabis, así como su posesión y consumo en lugares públicos. La venta de semillas está permitida desde hace años. La ley no distingue, sin embargo, entre uso terapéutico o lúdico. Aunque sí los tribunales. Dos precedentes fueron sonados: en 1999 un ciudadano austriaco con cáncer fue absuelto por un juzgado de lo penal de Barcelona del delito de tráfico de estupefacientes pese a su detención con dos kilos de hachís en el aeropuerto de Barcelona. El acusado argumentó que consumía la droga con fines terapéuticos.

Más recientemente, en 2006, un juez de Alicante absolvió a un psicoterapeuta que cultivó 258 plantas de marihuana, que pesaban 3,5 kilos, al considerar probado que el acusado “vio que le iban bien para las migrañas, por lo que hizo una investigación para estudiar las variedades”. Tampoco fue condenada la asociación de consumidores Pannagh, tres de cuyos miembros fueron detenidos en 2005 con 150 kilos brutos de marihuana. La Audiencia de Vizcaya entendió que la plantación cumplía con los requisitos para ser “uso compartido”.

Fuera de España, más de una decena de estados de EE UU han regulado el uso terapéutico de la marihuana. El último de ellos, California, aunque siempre se ha producido el mismo debate: si el consumo por enfermos no incitaba al resto.

El límite entre el uso lúdico y el medicinal es difuso. Joseba Pineda, profesor de Farmacología de la Universidad del País Vasco, opina: “Hay que desligar la utilización de la marihuana como fármaco de su uso recreativo; hay muchos enfermos que se podrían beneficiar de los principios de los cannabinoides si se separan ambos debates”.

Aunque hay constancia de que se empleaba para tratar el reúma y la gripe allá por el 2700 antes de Cristo, no es hasta el siglo XIX cuando el cannabis se convierte en uno de los preparados a los que la medicina recurre como anticonvulsivo, analgésico o antiemético. La aparición de fármacos sintéticos y la presión social y política por su carácter recreativo, consiguieron aislarlo desde principios del pasado siglo. Nada que no haya ocurrido antes. Cualquier sustancia que ahora es ilegal -heroína o éxtasis- se pensó en un primer momento como medicamento. El caso de los opiáceos, como la morfina, es el más parecido, según el profesor Pineda, a lo que está viviendo el mundo médico hoy día y asegura que, más tarde o más temprano, “todos, a distintas velocidades”, acabarán aceptando el uso medicinal de los cannabinoides.

Que algo se mueve en España ha quedado demostrado desde principios de este siglo. En 2001, la asociación catalana de ayuda a enfermas de cáncer de mama, Ágata, inició una campaña de sensibilización y presionó a las autoridades para que permitiesen el uso terapéutico del cannabis. Ese mismo año, el Parlamento catalán aprobó, de forma unánime, una resolución dirigida al Gobierno central en la que le instaba a “tomar las medidas administrativas necesarias para autorizar el uso medicinal del cannabis”. Cuatro años más tarde se iniciaron los primeros ensayos clínicos, coordinados por el Instituto Catalán de Farmacología.

Este plan piloto no ha sido un estudio de eficacia, sino de observación, enfocado a un grupo de 200 pacientes con esclerosis múltiple, delgadez producida por el VIH, o con náuseas y vómitos como consecuencia de la quimioterapia, entre otros síntomas. “Son personas que habían recurrido a casi todos los tratamientos posibles y ninguno de ellos había surgido efecto”, explica Marta Durán, jefe de Farmacología del hospital Vall d’Hebron, uno de los centros que participan en el proyecto.

A falta de las conclusiones, que se conocerán en breve, se sabe que el 65% de los enfermos reconoce haber experimentado algún beneficio, un 10% no ha sentido mejoría alguna, y un 25% tuvo que abandonar el tratamiento. “Se ha abierto la puerta a pacientes que no tenían esperanza”, explica Marta Durán, siempre cauta en su razonamiento: “Los resultados no son espectaculares, pero no hay duda de que pueden ayudar. Hay que ver el perfil, la dolencia, el tipo de paciente, pero si ayuda, vale la pena”.

En este plan piloto, el medicamento utilizado ha sido Sativex, el único extracto del cannabis que se comercializa como fármaco. Desarrollado por GW Pharmaceutical, se ha importado de Canadá, donde está aprobado para el alivio de dolor neuropático con esclerosis múltiple. En España sólo se puede recurrir a él si el paciente está incluido en un programa de medicación extranjera o de uso compasivo.

Sativex se utiliza con nebulizador y se aplica cuatro veces al día debajo de la lengua. Cada pulsación del nebulizador administra una dosis fija de 2,7 miligramos de tetrahidrocannabinol (THC) y 2,5 miligramos de cannabidiol (CBD), los principales cannabinoides exógenos activos.

Para los médicos, conocer la composición del medicamento de antemano es primordial, puesto que no supone lo mismo consumir la planta, que tiene tal variabilidad de proporciones que en muchos casos puede suponer un riesgo para el paciente.

Pocos dudan de que Sativex ha marcado un antes y un después, pero tanto médicos como asociaciones cannábicas reclaman que se siga ensayando con otro porcentaje de dosis más allá del 50% THC / 50% CBD.

Si los cannabinoides son buenos, hay que aprovecharlos. Ésa parece ser la máxima a partir de la cual quieren trabajar muchos médicos e investigadores. ¿Tienen la misma efectividad que un fármaco convencional? Rafael Borrás, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, es bastante claro al respecto: “Mejoran la sintomatología del paciente, pero no son una cura. Así que hay dos opciones: cerrar los ojos y argumentar que como es una sustancia ilegal no hay nada que hacer, o seguir trabajando para ayudar a algunos enfermos”.

Esta última premisa, y el conocimiento de que cada vez más gente consumía marihuana con fines medicinales, hizo que Borrás y sus colegas farmacéuticos elaborasen el Prospecto del Cannabis, un documento informativo que está en Internet.

Pero dentro del mundo de la medicina hay quien no acaba de creer en las evidencias. “En general, para cualquier tratamiento es mejor emplear sustancias que extractos; cualquier iniciativa tiene que estar dentro de un marco claro; lo que hagamos tiene que aportar algo”, argumenta Ramón Colomer, presidente de la Sociedad Española de Oncología. “No existe información científica suficiente; el uso terapéutico tiene más riesgos e incertidumbres que beneficios y certezas”, añade.

Mientras continúa la polémica, miles de enfermos -algunos médicos hablan de 50.000- siguen consumiéndolo para paliar sus dolores. Fabián Quintela, burgalés de 43 años, lleva cinco en una silla de ruedas, como consecuencia de la esclerosis múltiple que padece. Como a tantos otros, su médico le recetó un tratamiento a base de relajantes musculares. El único objetivo era bajar la intensidad de los dolores, pero lo único que consiguió es dejarle el estómago destrozado y abrirle los esfínteres. “Tenía que controlarme para no hacerme las necesidades encima”, comenta resignado. Un amigo le sugirió que probase con la marihuana. El problema de Fabián no fue tanto decidirse a consumir cannabis, sino cómo conseguirlo. La opción más sencilla fue preguntarle a su sobrino, de 19 años, que alguna vez le había confesado que fumaba porros. Al día siguiente tenía una bolsa llena de hojas verdes encima de su mesa. Poco tiempo después comenzó a plantar distintos tipos de marihuana para ver cuál era la más conveniente. Fabián está orgulloso de su decisión. “Ahora al menos puedo hacer una vida normal”, asegura.

Recurrir al mercado ilegal es la única solución que les queda a muchos enfermos, con los inconvenientes que ello conlleva: precio desmesurado, no saber realmente qué sustancia les están dando… En el caso de la esclerosis múltiple, el cannabis puede mejorar la espasticidad y aliviar el dolor, pero en el mercado ilegal, la sustancia que se encuentra tiene dosis muy bajas de CBD, el principio que actúa sobre la espasticidad muscular.

“Se produce, además, una situación absurda: a los que hay que proteger del acceso a la marihuana, que son los chavales, son los que más fácil lo tienen”, critica Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Barriuso es, además, uno de los responsables de Pannagh (cannabis en sánscrito), una asociación vasca de 230 miembros, de los cuales un 60%, casi todos mayores de 50 años, lo emplea para fines medicinales. En España hay unas tres docenas de asociaciones cannábicas, y una docena de clubes como Pannagh.

Todo enfermo que quiera asociarse debe presentar un certificado médico en el que se demuestre que padece una enfermedad que pueda estar sujeta a un tratamiento con cannabis. Además de una cuota de socio, cada uno paga la marihuana que consume -se cultivan hasta 12 tipos distintos-, siempre a precio de fábrica, es decir, mucho más barato que en el mercado ilegal. Por ejemplo, para un ciclo de quimioterapia normal, Barriuso calcula que son necesarios cinco gramos, lo que supondría unos 22,5 euros al enfermo.

Parece simple, pero no lo es.Los prejuicios siguen tan arraigados que hay quien considera que, tras el tratamiento, los enfermos pueden convertirse en adictos. Tatiana, la médica cubana, se ríe: “No podría ni soportar el olor. En su día lo relacioné con alivio, pero ahora lo asocio a uno de los peores momentos de mi vida”.

El Pais

La mujer tomó un potente barbitúrico de uso veterinario

El fiscal de Dijon (Francia), Jean Pierre Alacchi, ha confirmado lo que todo el mundo sabía: Chantal Sébire no murió por causas naturales sino debido a la ingesta de barbitúricos. Esta profesora de 52 años, madre de tres hijos, víctima de un tumor que le deformó el rostro y le causaba graves dolores, falleció el pasado 19 de marzo en su casa de Plombières, cerca de Dijon. Había pedido sin éxito que le ayudaran a morir. Pero la legislación francesa -como la española- no admite la “ayuda o incitación al suicidio”. Así que ella misma buscó una salida para acabar con el sufrimiento. Ya ni veía ni olía. Tampoco conservaba ya el sentido del gusto.

En su momento, la decisión judicial de proceder a la autopsia, trámite legal obligatorio, indignó al abogado de la familia Sébire. “Habría que cerrar el caso de la señora Sébire para abrir el de la eutanasia y convertirlo en un debate que afecte a toda la nación”, sostiene Gilles Antonowicz. El abogado no quiere hablar de suicidio sino de “autoliberación” e insiste en el sufrimiento intolerable en medio del cual se veía obligada a malvivir la enferma.

Pero el fiscal de Dijon no está dispuesto a archivar todavía el caso. Primero debe aclararse cómo se procuró Chantal Sébire el pentobarbital. “No pierdo de vista la dimensión humana del caso, pero la justicia tiene que seguir su curso. No pretendo buscar un culpable a cualquier precio pero tenemos que saber, porque así lo exige la ley, qué pasó”.

El primer ministro francés François Fillon, en medio de la conmoción de la muerte de la profesora, pidió que se revise la ley de la eutanasia para dictaminar si hay que ampliar sus supuestos. Una encuesta reciente asegura que nueve de cada diez franceses son partidarios de la eutanasia activa.

OCTAVI MARTÍ - París – 28/03/2008

El Pais

Protesta de un grupo ‘pro vida’ frente a la clínica Isadora, el 28 de diciembre - Gabriel Pecot

La investigación contra la clínica Isadora arranca de una denuncia de un grupo ‘pro vida’ en 2006

 Protesta de un grupo ‘pro vida’ frente a la clínica Isadora, el 28 de diciembre – Gabriel PecotVANESSA PI – Madrid – 11/01/2008 22:26

Al menos 28 mujeres han sido citadas a declarar en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid como testigos en la investigación que se está llevando a cabo por una denuncia de presuntas irregularidades en los abortos que practica la clínica Isadora de Madrid.

El jueves, según explicó la portavoz del centro, Marisa Castro, una pareja de agentes de la Guardia Civil se personó en casa de una de ellas para entregarle en mano la notificación judicial de que debía comparecer ante el juez José Sierra Fernández ayer por la tarde.

Como el resto de las citadas, esta mujer, que hace un año decidió abortar, “tendrá que revivir una experiencia que no es grata para ninguna mujer”, explicó Castro, quien se mostró indignada, “porque este escenario no es de recibo”. Las mujeres que abortaron serán las primeras en declarar.

“Nosotros nunca hemos realizado intervenciones al margen de la ley. Esto forma parte de una estrategia con muchos músicos, y algunos se manifestaron hace unos días en la plaza de Colón”, insistió Castro.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, según indican en la clínica Isadora, arranca por la denuncia, en junio de 2006, de la plataforma ultracatólica La Vida Importa contra varias clínicas madrileñas, entre ellas Isadora. “Era una práctica tirar residuos desechables de los quirófanos con restos humanos fácilmente identificables”, justificó ayer el portavoz de la plataforma, Juan Sánchez Galera.

La Guardia Civil se hizo cargo del caso y presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, que en febrero de 2007 decidió archivarlo porque estimó que no había sospecha de que se hubiera cometido un delito.

Reapertura del caso

Semanas más tarde, la Guardia Civil volvió a presentar una denuncia, que esta vez acabó en el Juzgado de Instrucción número 47. El juez reabrió el caso y encargó un peritaje anatómico forense de los restos abortivos, cuyas fotografías publicaron diversos medios de comunicación. Entre ellos había fetos. Según fuentes de la clínica Isadora, el informe anatómico forense dictaminó que éstos no superaban las 22 semanas de gestación, el límite que marca la ley para los casos de malformación del feto y para los que está autorizada la clínica.

Casi un año más tarde, el juez ha decidido llamar a declarar a las mujeres que hace un año, cuando se encontraron los restos, abortaron en la clínica Isadora. Si en algo coincidieron denunciados y acusadores, pese a defender posturas totalmente opuestas, es que las mujeres son las víctimas. “Quien tiene la culpa es la Comunidad de Madrid, porque no ha actuado como debía y las clínicas, por lucrarse”, criticó el portavoz de la plataforma La Vida Importa.

Por otra parte, la justicia holandesa ha abierto una causa contra una joven que abortó en una de las clínicas del doctor Carlos Morín en Barcelona. Seis de los detenidos por la supuesta trama de abortos ilegales declararon ayer ante una comisión de la justicia holandesa desplazada a la capital catalana. Esta causa es independiente de la abierta contra los centros de Morín, que fueron registrados en el mes de noviembre. La mujer habría abortado en España en un estado de gestación de más de 24 semanas, que es el límite que establece la legislación de los Países Bajos.

Una semana sin abortos

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) finaliza hoy la semana de protesta con cierre de quirófanos. Pero la treintena de clínicas de la asociación no descarta más movilizaciones. Reclaman una ley de plazos, que establezca claramente los casos de aborto legal. La ley que entró en vigor hace 22 años no fija límite temporal para abortar si existe riesgo de salud física o mental para la madre.

Las clínicas se reunirán el día 21 para evaluar la situación. “No vamos a quedarnos quietos”, amenazó Marisa Castro, que recalca que si las clínicas cerraran los quirófanos, habría un “problema de salud pública”. Los centros privados realizan casi el 98% de los abortos en España.

Diario Publico

Clínicas de abortos y partidos de izquierda denuncian una “caza de brujas”

La asociación de centros de interrupción del embarazo anuncia acciones legales contra el juez que ha llamado a declarar a pacientes

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido hoy a las “persecuciones y caza de brujas” tanto de las clínicas abortivas como de las mujeres que ejercen su derecho a la libre maternidad; persecuciones de las que ha culpado a los “sectores ultraconservadores de los teocon después de la reciente movilización o asonada clerical”. Llamazares ha instado al Gobierno a que “promueva” una Ley de plazos que dé garantías plenas en las catorce primeras semanas de embarazo.

Las palabras del líder de Izquierda Unidad llegan después de que ayer en se diera a conocer que un juez de Madrid ha llamado a declarar a una treintena de mujeres que se han sometido a abortos en la clínica Isadora . “Más que una investigación judicial, esto parece una persecución en la que se están vulnerando derechos fundamentales de las mujeres”, dijo Sabanés, según una nota de prensa.

“Nos parece escandaloso que la Guardia Civil se presente en el domicilio de mujeres que han abortado con una citación judicial. Es una forma de actuar totalmente intimidatoria que vulnera derechos fundamentales de las mujeres”, ha manifestado por su parte la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González afirmó hoy en la Cadena SER que cualquier ley del aborto está sujeta a “fallos reales ” y “posibles ilegalidades” debido a que siempre tiene que tener un “protocolo de aplicación”, lo que implica que será “susceptible de interpretaciones”. Con respecto a la posibilidad de reformar la ley, González declaró que quizás sería conveniente “una ley de plazos”, y agregó que hay que “reaccionar frente a esta campaña de denuncias forzadas porque puede haber delitos de prevaricación”.

Medidas contra el juez

Además, un portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha anunciado que están estudiando emprender medidas legales contra el juez que está llamando a declarar a las mujeres, así como nuevos actos de protesta por lo que ha su juicio es una operación concertada contra las clínicas de abortos.

Asimismo, el ultraconservador Centro Jurídico Tomás Moro ha acusado hoy a la Clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes, además de instrumentación para la práctica de abortos tardíos. El centro, que habla en nombre de la plataforma ultracatólica La Vida Importa, señala en un comunicado que los inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación encontraron residuos biosanitarios humanos durante una inspección, realizada en febrero de 2007, a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

El Pais

Sara Vicente Collado, ponente en el V Encuentro Regional de Servicios Municipales e Insulares de Información y Orientación celebrado ayer, aseguró que la igualdad de las mujeres es todavía un derecho inexistente y lo relacionó con que en España se está cuestionando su derecho al aborto.

IOSUNE NIETO, Tenerife

“Las mujeres tienen amenazado el derecho a la igualdad todos los días de su vida”, aseguró ayer Sara Vicente Collado, coordinadora de la Comisión para la Investigación de los malos tratos a mujeres, organización feminista que trabaja en España desde finales de los años 70 y que participa en el Observatorio Europeo de la Violencia de Género.

Sara Vicente intervino ayer ante un grupo, todas mujeres, de técnicos de los servicios municipales e insulares de información y orientación para mujeres víctimas de violencia de género que participaban en el I Encuentro Regional celebrado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna.

La primera ponente en esta jornada no dejó opción al optimismo en su intervención centrada en el derecho inexistente a la igualdad en el mundo, “que condiciona el resto de derechos”, aseveró.

No en vano dijo haber venido a la Isla “supertriste y cañera”, evidentemente disgustada con que se haya “cuestionado el derecho al aborto de las mujeres”, señaló en relación a todo lo publicado, sin excepción, comentó, en los medios de comunicación a raíz de los acontecimientos en clínicas abortistas de Barcelona y Madrid. “Me he dado cuenta de que debemos empezar por el principio”, sentenció la experta, que clamó por lo “frágiles que son los derechos de las mujeres”.

“Las mujeres tienen amenazado el derecho a la igualdad todos los días de su vida por el hecho de serlo”, insistió Sara Vicente Collado, “y nunca lo vamos a poder ejercer plenamente”, añadió.

De hecho, se cuestionó “para qué están sirviendo las cuotas, nuevamente para el control del patriarcado”, se respondió, aunque aclaró no estar en contra.

La experta en violencia machista llamó la atención sobre la prostitución, una forma de violencia aún no reconocida por la sociedad, según explicó, a pesar de ser “la violencia más grave que sufren las mujeres más pobres extranjeras en los países desarrollados” y a pesar de que “una niña puede ser vendida en Tailandia por doce dólares” para ese fin.

Reacción machista

Por otra parte, estimó que hay dos datos que explican por qué aumentan las estadísticas de violencia de género y es que “a mayor consolidación del derecho de igualdad, los hombres reaccionan para no perder ese control” y que las mujeres “cada vez tienen más claro qué son actos de violencia”. En este sentido, advirtió de que sólo 72 países en el mundo ofrecen estadísticas o evaluaciones acerca de la violencia de género, aunque no hay datos unificados o indicativos de qué se entiende por violencia de género, y sólo 41 hacen encuestas anuales. Sí se mostró satisfecha con que Naciones Unidas haya definido y ampliado qué es la violencia que sufren específicamente las mujeres.

http://www.eldia.es/

La Fiscalía se implica en la defensa de la ley del aborto

Las asociaciones critican la objeción en centros públicos  

TONI POLO – Barcelona – 27/11/2007 21:21

“No cuestionamos la ley del aborto ni discutimos el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo”. Así de contundente se mostró ayer un portavoz de la Fiscalía sobre el caso de la detención el lunes de seis personas por supuesta práctica reiterada de abortos ilegales.

La investigación sólo persigue hechos “radical, rotunda e indiscutiblemente fuera de la ley”. El portavoz salió así al paso de voces antiabortistas que se alzaron tras los arrestos de ayer y los registros de cuatro clínicas ginecológicas en la zona altra de Barcelona.

Los detenidos pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana y, según la Fiscalía, no se puede excluir que se pueda imputar, en una segunda fase de la investigación, a las mujeres que han interrumpido su embarazo ilegalmente. Éstas se pueden enfrentar a penas de hasta seis meses de cárcel. El objetivo de la investigación, sin embargo, son los médicos, “que reiteradamente se dedican a interrumpir embarazos a cambio de dinero”.

Si bien la Fiscalía insistió en que no pretende “entrar en ningún debate ideológico”, diversos movimientos sociales se han pronunciado en este sentido. Varias asociaciones criticaron ayer el hecho de que los médicos de la sanidad pública puedan acogerse a la objeción de conciencia para no realizar abortos. El grupo de opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD) considera que esta actitud desatiende en Catalunya derechos de las ciudadanas a recibir prestaciones sanitarias que son totalmente legales.

Reclamaciones

El resultado es que muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas, con el consiguiente gasto. En los centros registrados el lunes (Ginemedex, TCB, Fundación Morín y EMECE), supuestamente se llegaron a pagar seis mil euros por interrupciones de embarazos. El martes mantenían su actividad, al no existir ninguna orden judicial que lo impida.

Comisiones Obreras criticó las detenciones y pidió la eliminación de la objeción de conciencia mientras que la Federación de Planificación Familiar Estatal exigió el aborto libre y gratuito. Iniciativa per Catalunya reclamó una nueva ley que despenalice el aborto. La actual fue aprobada hace 17 años.

Diario Publico.es 

Articulo de Opinión : Abortos dudosos

La detención en Barcelona de un médico y cinco de sus colaboradores por practicar abortos ilegales en clínicas privadas no debe quedarse en la pura crónica de sucesos. Porque este caso destapa una cruda realidad a la que muchos se empeñan en dar la espalda: la regulación del aborto está mal resuelta en España y las autoridades políticas y sanitarias recurren a subterfugios –que abren el paso a ilegalidades– para esquivar un debate incómodo y que genera una fuerte discrepancia social.

El origen de las presuntas irregularidades cometidas por el doctos Carlos Morin y su equipo se encuentra en la superación por la realidad social de los límites puestos al aborto legal. Los tres supuestos aceptados por la ley son violación, graves malformaciones del feto o daño psíquico o físico para la madre. Este tercer caso es el que se niegan mayoritariamente a diagnosticar los médicos en la sanidad pública, aunque es frecuente que remitan a las mujeres embarazadas, en muchos casos muy jóvenes, a clínicas privadas en las que hay menos objeciones para firmar ese dictamen.

Una vez más, hay que hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias y educativas para que redoblen el combate contra los embarazos no deseados desde la información a los jóvenes y desde una formación sexual avanzada. Pero también cabe preguntar a los legisladores hasta cuándo se va a mantener la ambigüedad en las normas sobre el aborto. Las presiones de grupos tan importantes como la Iglesia católica no deben bloquear la acción de unos grupos políticos a los que votamos para que afronten los problemas. Mirar hacia otro lado en asuntos como el del aborto es dar cancha a los desaprensivos.
El Periodico

ESCANDALO / Un libro denuncia que los utilizaron en experimentos sobre la sífilis y la malaria / También les inyectaron un producto letal para estudiar si eran más violentos

WASHINGTON.- «Estimado señor: Hace cierto tiempo, usted recibió una cuidadosa exploración médica que esperamos que le haya servido para obtener un buen tratamiento para la sangre mala. Ahora, usted va a recibir una última oportunidad para recibir una nueva revisión. Esta revisión va a ser muy importante y, tras ella, usted recibirá un tratamiento especial si se considera que está en condiciones de resistirlo».

Hace tres décadas, los habitantes de Tuskegee, en Alabama, recibían periódicamente cartas como esta, con el sello del Servicio Público de Salud del Gobierno federal, el equivalente de la Administración central en Estados Unidos. Y ése era un ofrecimiento que nadie en su sano juicio podía rechazar. En Tuskegee -un pueblo formado casi exclusivamente por negros- no había apenas asistencia médica. El analfabetismo estaba generalizado. La única actividad económica era el trabajo en la agricultura en calidad de jornaleros. Las enfermedades asolaban la región. En especial, la sangre mala, el nombre local de la sífilis. ¿Quién podía negarse a un tratamiento gratis?

Nadie. Claro que aquellas cartas no ofrecían un tratamiento gratis. En realidad, formaban parte de un plan para convertir a los voluntarios en animales de laboratorio. Entre 1932 y 1972, un total de 399 afroamericanos con sífilis de Tuskegee se apuntaron para esos tratamientos. Pero nunca recibieron terapia alguna, porque el objetivo del cruel experimento era estudiar el desarrollo de la enfermedad en su organismo.

Dinero por salud

A veces, los médicos y enfermeras -varios de ellos también negros- sólo les dieron aspirinas. Y también una comida al día, transporte hasta la clínica y 1.000 dólares de la época (entre 4.500 y 10.000 euros) para el funeral. Una cifra exorbitante, que permitía suntuosos sepelios. Muchos los necesitaron.

De las 399 cobayas humanas, 128 murieron directamente de sífilis o de enfermedades asociadas a ella. Además, 40 mujeres fueron infectadas, y 19 niños nacieron con sífilis. El experimento sólo terminó cuando en 1972 el diario The Washington Star destapó el escándalo. Aunque el Servicio de Salud Pública llegó a decir que los sujetos de los experimentos «parecían contentos de ver a sus doctores».

El experimento de Tuskegee ocupa un lugar destacado en la cultura de EEUU. El músico Frank Zappa se basó en él para su musical Thing-Fish. El éxito teatral Miss Ever’s Boys, luego llevado a la televisión, dramatiza esos acontecimientos. Y en 1997 Bill Clinton invitó a la Casa Blanca a varios de los supervivientes y se disculpó públicamente ante ellos en nombre del Gobierno.

Pero no fue un caso aislado. La periodista Harriet A. Washington acaba de sistematizar esas violaciones de la ética médica y los derechos humanos en un monumental libro, titulado Medical Apartheid, en el que explora las relaciones entre los médicos blancos y sus pacientes -transformadas en cobayas- de color. Un problema que no ha desaparecido porque, como sostiene la autora, ahora esos experimentos también se llevan a cabo en países del Tercer Mundo.

En su análisis de la crueldad disfrazada de ciencia con los afroamericanos, Washington no deja títere con cabeza. Se atreve a atacar a uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense, Thomas Jefferson, que goza de un estatus de mito nacional, que, como parte de su espíritu ilustrado, ensayó vacunas contra la viruela en cientos de sus esclavos.

Eso pasó en el siglo XVIII. Pero Washington desentierra casos mucho más recientes. Como el de los jóvenes de Nueva York a los que, hace una década, la prestigiosa Universidad de Columbia les dio Fenfluramina -un producto que puede ser mortal- en un experimento para detectar si los negros tienen una propensión genética a la violencia. O el de los trabajadores agrícolas de Florida, que en los años 60 fueron regados con enjambres de mosquitos portadores del parásito de la malaria. O el de los niños a quienes un médico de Mississippi dejó paralíticos en los años 70 después de operar su cerebro para que dejaran de ser hiperactivos. O el de los presos de la cárcel de Holmesburg, en quienes un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania probó medicamentos que dañaron de forma irreversible su piel. Todos eran negros. Todos ellos, al igual que los habitantes de Tuskegee, forman parte de la historia secreta de los negros como cobayas humanas.
El problema de salud del afroamericano

Probablemente ningún país haya ido tan lejos como EEUU en su autoexamen -casi, obsesión nacional- de las relaciones raciales. Porque ningún país tiene un credo nacional en el que se basa su propia existencia fundamentado casi en exclusiva en la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, algo que no casa con las tensiones raciales que siguen plagando la sociedad estadounidense. Y ése es el análisis de Washington, para quien la ciencia corre el peligro de convertirse en ocasiones en una excelente coartada intelectual con la que ocultar comportamientos racistas o xenófobos.

Otros van más lejos. El controvertido economista de la Universidad de Nueva York William Easterly sostiene que incluso gran parte de la ayuda al desarrollo de Occidente refleja este punto de vista racista basado en que, en el fondo, los pobres no pueden ayudarse a sí mismos.

Tal vez el mejor ejemplo sea la famosa ponencia ‘El problema sanitario del negro en las ciudades del sur’, presentada por el médico William F. Brunner en la asamblea de la Asociación Nacional de Salud Americana en 1912. En ella, Brunner partía del hecho de que la tasa de mortalidad de los negros era más del doble que la de los blancos, y que las condiciones de vida en las áreas pobladas mayoritariamente por esta raza eran muy inferiores a las de población mixta. Por tanto, y dado que «el negro depende del blanco en todo lo relativo a la civilización», Brunner defendía un masivo programa de ayudas sociales para que los afroamericanos mejoraran sus condiciones de vida. Una tesis que incluía un notable paternalismo racista, y que fue utilizada por otros para prácticas como la llamada ‘operación de apendicitis’ de Misisipí, que consistió en ligar las trompas de Falopio de las negras cuando daban a luz para evitar «su multiplicación excesiva».

El Mundo   PABLO PARDO.

• Reclaman al ministro una subida de los impuestos que gravan los cigarros

• El comité de lucha contra el tabaquismo intentará un pacto para endurecer la ley

ANTONIO M. YAGÜE MADRID

El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que agrupa a 42 sociedades científicas y médicas, pidió ayer al ministro de Sanidad, Bernat Soria, un “compromiso claro” si repite en el cargo y del PSOE en el programa electoral, de que vetarán el consumo de tabaco en bares, restaurantes y todos los lugares cerrados, “sin excepciones, ambigüedades ni medias tintas”. El organismo recordó a Soria durante una entrevista que el tabaquismo pasivo causa cada año en España 6.300 muertes (unas 2.000 más que el tráfico) y que a partir del 1 de enero habrá 11 países en la UE y más de 200 de sus 445 millones de habitantes con normas que les protegen de toda exposición al humo ambiental.

“Se ha demostrado que las excepciones que recoge la ley vigente solo sirven para incumplir las normas”, defendió el presidente el CNPT, Rodrigo Córdoba, quien recordó que los últimos sondeos constatan que el 84,8% de la población es consciente de que la exposición al humo ambiental perjudica la salud y más de la mitad (56%) estima que se tendría que vetar en todos locales cerrados.

SALIR DEL CÁLCULO DEL IPC

Córdoba explicó que este compromiso de endurecer la ley para velar por la salud de los españoles se solicitará a todos los grupos con representación parlamentaria, en especial los dirigentes que son médicos como Gaspar Llamazares (IU), Ana Pastor (PP) o Xavier Trias (CiU). “Todos los partidos tienen gente que se opone, pero sería posible la reforma mediante un pacto”, comentó el experto.

Los médicos también solicitaron al titular de Sanidad, como una medida muy influyente en la prevención y deshabituación del tabaquismo, que medie en el seno del Gobierno para que el precio del tabaco sea gravado con más impuestos de modo que suba por encima del índice de precios al consumo (IPC). Y de paso, como han hecho recientemente Francia y Bélgica, que se retire el precio de los cigarrillos del cálculo del IPC.

El CNPT considera que no son suficientes los 70 euros de impuestos exigidos a las tabaqueras por cada 1.000 cigarrillos y piden que se eleve esta tasa a 100 euros, También demanda que las cajetillas de tabaco se vendan solo en los estancos y no en máquinas expendedoras, para evitar el acceso de los menores.

ASISTENCIA MÍNIMA

El colectivo también solicitó a Soria que promueva con las autonomías la creación de una estructura asistencial de calidad, de la que ahora carece el Sistema Nacional de Salud, para ayudar a los fumadores a dejarlo. Córdoba explicó que esta iniciativa comprende la formación de profesionales y una unidad de tratamiento del tabaquismo con suficientes recursos por cada área o sector sanitario. Conllevaría la creación en toda España de unas 230 unidades, una por cada 200.000 habitantes.

El Periodico

La menor se encuentra internada en el área de Pediatría a la espera de una decisión médica

En los últimos meses se han multiplicado los embarazos no deseado de adolescentes

Sólo seis casos en toda Castilla y León desde el año 1992

R. Arias ponferrada  

El Hospital del Bierzo de Ponferrada se enfrenta a un caso médica y socialmente muy complicado. Una niña de 11 años de edad permanece ingresada desde la semana pasada en el complejo asistencial de Fuentesnuevas en un estado de gestación que este periódico, sin embargo, no ha podido conocer con absoluta precisión temporal, pero que parece ya bastante avanzado.

El hermetismo en el primer centro médico ponferradino es total en todos los sentidos ante la tesitura que se presenta, dado lo inédito de este tipo de casos en el ámbito local, pero también en el regional e incluso a escala nacional.

Lo que sí ha podido certificar esta redacción es que la pequeña se encuentra internada no ya en el área de Ginecología, sino en el de Pediatría a la espera de una determinación acerca de sí es posible interrumpir o no el embarazo, al margen de las circunstancias poco claras y supuestamente truculentas en las que éste se hubiera producido.

El reciente ingreso de la pequeña en estado de gestación pone un remate preocupante al incremento de las estadísticas de menores con embarazos no deseados que en los últimos meses están siendo atendidas en el Hospital del Bierzo. Al menos dos adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años han sido intervenidas para dar a luz en el complejo asistencial berciano durante las últimas cuatro semanas.

Riesgo físico y mental

La situación de la niña de 11 años es, con todo, mucho más controvertida puesto que la interrupción de la gestación tiene que ver no sólo con circunstancias legales sino también con su supuesta capacidad de decisión o su voluntad, al margen de la de su familia.

Los tres supuestos legales que se tipifican como motivo para la interrupción del embarazo es la existencia de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, la violación o la presunción de que el feto nacerá con graves taras.

http://www.diariodeleon.es/

Uno de ellos demanda al programa

El Hospital Virgen del Rocío ha abierto expediente disciplinario a cuatro médicos de su servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, cuyos comentarios sobre la atención médica prestada al futbolista Antonio Puerta fueron difundidos el pasado sábado en el programa “La Noria” de Telecinco, según informa ABC.

Los cuatro expedientados se supone que intervinieron en el programa aunque aparecieron en el mismo de forma anónima, ya que en las imágenes se ocultó el rostro de los sanitarios y no se hizo mención a sus nombres, según indicó la dirección del programa, porque temían sufrir represalias. En algún caso se trató de conversaciones grabadas a través del teléfono.

La edición de “La noria” del pasado sábado alcanzó su máximo de audiencia desde que se estrenara hace un mes con un 24.1% de cuota y 2.379.000 espectadores, siendo líder en su franja horaria.

Opinaron sobre las atenciones médicas que recibió el jugador

En sus comentarios en tono muy coloquial hacían mención a las atenciones que se prestaron a Antonio Puerta la noche de su ingreso y a las condiciones en las que ingresó el futbolista, días antes de que se produjera su fallecimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano.

Según el expediente abierto, los doctores, tres hombres y una mujer, podrían haber incurrido en una falta muy grave según el régimen disciplinario del estatuto marco para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, al haber quebrantado presuntamente la debida reserva respecto a datos relativos al centro o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en el hospital.

“La noria” ofreció un debate sobre las posibles causas de su muerte

Con el título “La muerte de Antonio Puerta ¿pudo evitarse?”, el programa televisivo trató la muerte del futbolista del Sevilla F. C., utilizando para ello las palabras de los médicos del hospital sevillano que se emitieron junto a otros vídeos con referencias a aspectos de la vida privada de Antonio Puerta. Fueron los ingredientes para un posterior debate en directo en el que intervinieron, entre otros, el doctor Alfonso Cabezas, la doctora María Ángeles Grajal o Jimmy Jiménez Arnau, como supuestos especialistas en la materia.

Profesionales sanitarios han expresado su rechazo a los comentarios de sus compañeros sobre todo por su tono, en nada acorde con el lenguaje médico, a pesar de lo delicado del asunto a tratar.

Se da el caso de que entre los expedientados se encuentran médicos que han destacado en sus reivindicaciones contra el Servicio Andaluz de Salud. Uno de ellos aparecía precisamente ataviado con una de las camisetas relativas a sus demandas sindicales.

Uno de los médicos demanda al programa

Uno de los expedientados, el doctor Gutiérrez Caracuel, remitió el lunes una carta al director de ABC de Sevilla que ayer publicó el periódico en la que aseguraba no haber participado voluntariamente en el que considera “lamentable reportaje”.

Asegura igualmente haber sido grabado sin su consentimiento y autorización y con cámara oculta. Por este motivo, el referido doctor presentó el domingo demanda en el Juzgado de guardia a la que se ha unido otro de los médicos expedientados.

El doctor Gutiérrez Caracuel, que se refiere al espacio televisivo como “programa-basura”, reconoce que eran suyas las palabras que aparecieron en el reportaje, aunque las sitúa dentro de una conversación privada de tono coloquial.

En la web oficial del referido programa de Telecinco todavía podía leerse con respecto a la declaración de los médicos: “No ha sido fácil convencer a los médicos de que hablen, pero algunos lo han hecho a cambio de que no dijéramos sus nombres ni mostráramos sus rostros”.

http://www.vertele.com/

Amplía su batalla contra seis empresas tabacaleras y reclama 1,77 millones
EFE |

La Junta de Andalucía ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda contra el Estado, que permitirá continuar el proceso judicial iniciado en 2002 contra seis empresas tabaqueras, con el argumento de que hasta el año 1998 la administración estatal era propietaria de Tabacalera.

La demanda, presentada el 20 de septiembre en la sala sexta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, es continuación de la que la Junta planteó por la vía civil en junio de 2002 contra las empresas British American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y JT International.

A estas multinacionales tabaqueras la Junta reclama 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 pacientes víctimas del tabaquismo.

La Junta ha tenido que acudir a lo contencioso-administrativo y a incluir al Estado, junto a las seis tabaqueras, por su posible responsabilidad patrimonial en la comercialización del tabaco, debido al monopolio que tuvo hasta 1998.

Así lo ha confirmado a EFE el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien señala que la actitud de la Junta se basa “en la responsabilidad política” de “recuperar” el dinero público gastado en Sanidad y “colaborar” con los ciudadanos ante la “indefensión” sufrida por la acción “ilícita” de las tabaqueras.

Nuevo intento con nuevas pruebas

Zarrías recordó que en 2002 ya planteó que el Estado formara parte del proceso, algo que “declinó” la entonces ministra de Sanidad del Gobierno del PP, Celia Villalobos.

“Ahora se abre una nueva vía en la que entendemos que se nos establece una serie de posibilidades para que nuestra demanda tenga éxito”, advirtió el consejero, quien anunció que en esta demanda la Junta aprovecha para incorporar una serie de novedades documentales respecto a las anteriores demandas interpuestas.

Concretamente, se actualizan los informes de los peritos, y se presentan estudios con avances desde el punto de vista científico que se han producido desde 2002 y que, de alguna forma, permiten conocer la composición y estructuras de los cigarrillos y los métodos analíticos que se emplean.

La Junta presenta también documentos de “relevancia internacional” en los que se incluyen nuevos datos sobre la comparación en la composición de los cigarrillos y sobre el daño del tabaquismo pasivo, así como las estrategias de las tabaqueras para captar adolescentes y la influencia de la publicidad en el hábito de consumo.

“Creo que se aportan pruebas suficientes para demostrar el daño del tabaco a la salud y a la economía del sistema público andaluz”, apuntó Zarrías, quien señaló que el estudio “sólido y solvente” de la Junta pretende pedir a las tabaqueras “que se lucran con la adicción que paguen al erario público los gastos de esta adicción”.

Primer problema de salud

Según el consejero, estas patologías se han convertido en el primer problema de salud pública de Andalucía, ya que causan en torno a 10.000 fallecimientos al año.

Añadió que el tabaquismo es la causa del 30% de los casos de cáncer de pulmón, del 80% de las afecciones pulmonares y del 20% de muertes por problemas coronarios o vasculares.

Zarrías indicó que la vía abierta en la Audiencia Nacional permite a la Junta “ser optimista”, aunque admitió que es consciente de que será un proceso “largo y complejo”.

No obstante, insistió en que la decisión ha sido adoptada porque la Junta “tiene la responsabilidad política de actuar en defensa de los ciudadanos ante la indefensión contra estas grandes multinacionales y el daño al dinero público de los andaluces”.

http://www.adn.es/

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña recurrirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la sentencia que anula dos artículos del nuevo código deontológico que garantiza la confidencialidad de los menores considerados maduros y obliga a respetar su voluntad sin consultar o informar a sus padres.

El secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha declarado a Efe que esta decisión se tomó ayer en una reunión entre los representantes de los cuatro colegios de médicos de Cataluña, y que la sentencia nos les ha sorprendido porque la ha dictado el mismo juez que hace dos años hizo una interlocutoría y declaró en suspensión estos dos artículos.

Padrós ha señalado que hay que tener en cuenta que las circunstancias a las que hacen referencia estos artículos son muy excepcionales en la practica médica, y que no tiene constancia de denuncias, pero que acatarán la sentencia.

También recuerda que la ley dice que en el caso de aborto de un menor hay que contar con el consentimiento de los progenitores, pero que hay otros actos médicos, que son la inmensa mayoría, en los que el medico debe intentar acercar posiciones entre el menor y sus padres.

Desde el Colegio de Médicos se remarca que los códigos de ética son normas que informan a los médicos de cómo actuar y su proceder ante los pacientes, y que estas normas deontológicas, hechas por un amplio consenso, recogen una forma de concepción del ejercicio de la profesión en las que el principio de respeto a la autonomía del paciente es importante.

Para Padrós, esto no está en contra de la ley porque no dicen nunca que deben estar en contra de ella, sino sólo que se tenga en consideración la opinión del menor ante cualquier acto médico.

Sobre los médicos que presentaron el recurso contra este código deontológico, el secretario del Colegio de Médicos de Barcelona considera que merecen respeto y que son distintos criterios entre profesionales que piensan que hay que dar más potestad a la autoridad paterna, y los que creen que más en la autonomía de los pacientes menores.

En su sentencia, el juzgado contencioso-administrativo número 12 de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentaron 112 médicos catalanes contra el nuevo código deontológico, que fue aprobado por el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña en abril de 2005.

El juez ha acordado anular los artículos 33 y 59 del código deontológico, el primero de los cuales obliga a los médicos a respetar la confidencialidad de los menores ante sus padres y a hacer prevalecer su voluntad, siempre que se les considere lo suficientemente maduros.

El segundo artículo suspendido por la sentencia establece que los abortos y esterilizaciones de menores deben llevarse a cabo con su consentimiento explícito, y sus padres decidirán sólo cuando no se les considere con capacidad suficiente para comprender el alcance de la intervención.

Terra Actualidad – EFE

¿Quién es Juan Cativa?

Es un enfermero del Hospital de Cinco Saltos de la provincia de Río Negro (Argentina).

En mayo del 2005 cumpliendo con su función, administra un Yectafer (solución de hierro) intramuscular a una paciente embarazada; la cual inmediatamente manifiesta signos de reacción no habitual por lo que suspende su administración.

Previo a la administración, Juan había realizado todas las observaciones que se deben efectuar ante la administración de un medicamento; pero hay algo que escapa a cualquier personal de un equipo de salud, y es saber si el componente del medicamento está adulterado. Lo cierto es que el Yectafer estaba adulterado y ésto casi le ocasiona la muerte (como fue con otras pacientes, de los cuales sabemos por distintos medios de comunicación, ya en diciembre del 2004).

Esta paciente quedó internada y luego derivada al Hospital de Viedma, a terapia intensiva para su mejor atención. Afortunadamente no tuvo complicaciones posteriores, ni tampoco su bebe que nació sin secuelas por el hecho ocurrido.
Ahora todos se preguntarán ¿Cómo puede suceder que una medicación adulterada llegue a un centro de salud o una farmacia?. Hay muchos eslabones responsables, el primero es el ANMAT (organismo encargado de realizar el control de calidad de todos los medicamentos que salen de los laboratorios), el ministerio de salud de la provincia de Rió Negro y sobre todo el o los que alteran medicamentos en nuestro país, ¿o esos son amigos de los políticos y no se los toca?.

Ahora: ¿quiénes van a juicio?.

SOLO JUAN

¿Qué pasó con los demás responsables?.

 Como vemos una vez mas la justicia no es justa y nosotros lo vivimos de cerca, con el caso de Lucia Covarribias (enfermera), compañera de nuestro hospital, que también tuvo que pasar por un juicio oral y público, al cual no dejamos de acompañar un solo día; porque no solo teníamos claro que era inocente, sino que lo que le ocurrió a ella, le podía ocurrir a cualquier enfermero; el caso de Juan es igual, es inocente y le puede pasar a cualquier enfermero.

La gran corrupción hace que los altos funcionarios permanezcan impunes y que la justicia no los ponga en el mismo lugar que los que cometen delitos y deben ser enjuiciados. Así los medicamentos adulterados podemos recibirlos cualquiera de nosotros o algún familiar o algún amigo CUALQUIERA.

Como no tenemos confianza en la justicia, pero si tenemos confianza en la movilización y en la solidaridad de la clase trabajadora, queremos que participen de la reunión para organizarnos y ver como acompañamos a Juan y que podemos hacer, aunque él esté a muchos kilómetros de distancia.

REUNION: JUEVES 20 DE SEPTIEBRE 16 HS
AULAS 2 PISO HTAL GARRAHAN

TODOS SOMOS JUAN CATIVA

JUNTA INTERNA ATE
HTAL GARRAHAN
ategarra@yahoo.com.ar

Telefax: 4943-0231
http://redyrolenfermero.blogspot.com
La única lucha perdida es la que se abandona.
http://usuarios.lycos.es/nerjadccu/dossier/Untitled-0.html

Hasta ahora los médicos catalanes debían mantener la confidencialidad del paciente.
El juez considera que se dejaba en manos de los doctores la capacidad de decidir si los menores eran maduros.La sentencia puede ser recurrida por el Consejo de Médicos de Catalunya.
Un Juzgado de Barcelona ha anulado dos artículos del Código Deontológico de los médicos de Catalunya que garantizan la confidencialidad de los menores y obligan a respetar su voluntad en abortos e intervenciones, sin necesidad de informar a sus padres.

El primero de los artículos, el 33, especifica que el médico “en caso de tratar a un menor de edad y cuando considere que tiene suficiente madurez, deberá respetar la confidencialidad ante los padres”.

El juez considera que el médico no debe decidir si el menor presenta suficiente madurez En la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, se especifica que dicha norma relega en el profesional la decisión de juzgar la madurez del menor, y por este motivo ha quedado anulado.

El segundo artículo suspendido es el 59 del código de conducta de los médicos catalanes. En él se establece que los abortos y esterilizaciones de menores deben llevarse a cabo con su consentimiento explícito. Los padres, sólo decidirán cuando no se considere al paciente con capacidad suficiente para comprender el alcance de la operación.

En la sentencia, el juez aclara que si la intervención es de gran riesgo los padres deberán ser informados y escuchados.

El nuevo Código Deontológico de los médicos catalanes fue aprobado en enero de 2005 por el Consejo de Médicos de Catalunya. En mayo del mismo año, un grupo de 112 médicos interpuso un recurso por no estar de acuerdo con los artículos 33 y 59. Desde entonces, el juez decidió la suspensión cautelar de dichos puntos del código.

Diario 20minutos.es