DIARIO MEDIKO.com

La dirección de la empresa Pascual ha hecho público un comunicado en el que se informa de las nuevas decisiones sobre el vestuario de sus trabajadores. Tras el estudio, exigido por la Inspección de Trabajo, se ha decidido cambiar la cofia por el gorro sanitario. Sin embargo, no se hace mención a la falda en el escrito

El caso de las enfermeras de la clínica San Rafael se hizo famoso hace unos meses cuando una de las trabajadoras denunció que había perdido un plus de productividad por llevar pantalones en lugar de falda. Desde entonces se ha levantado la polémica en torno a la utilidad de las prendas utilizadas en el uniforme de la clínica. Tras una inspección de trabajo, los responsables han emitido un comunicado los cambios en la vestimenta. Pese a que la empresa omite pronunciarse sobre el uso de la falda, las trabajadoras que usaban pantalón volverán a cobrar el plus de productividad.

Cofia no
Las conclusiones del informe incluyen la eliminación de la cofia, ya que los responsables consideran que la cofia no es “la fórmula más eficaz de recoger el pelo de los profesionales”. Por ello, “la empresa debe cambiar esta prenda del vestuario por otra opción, como el gorro sanitario, que será obligatorio para todo el personal con pelo largo, con independencia de su género”.

Falda sí
Sin embargo, la empresa no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad del uso de la falda, que le supuso una sanción de 6.251 euros desde la Inspección de Trabajo por un posible incumplimiento de la ley de Igualdad.

Desprotección
Adela Sastre, presidenta del comité de empresa se ha quejado de la decisión tomada por la empresa. “Habla de prevención pero no dice nada de que nos siguen obligando a llevar las piernas al aire. Habla de lo que no tiene que hablar”, indicó Sastre.

Uniforme privado
Otra medida peculiar entre las tomadas en la empresa es que los trabajadores no podrán salir con el uniforme a la calle. Los empleados deberán quitárselo antes de salir a la calle y guardarlo en los lugares que la clínica indique para volver a utilizarlo al día siguiente en el recinto médico.

Sanción
En este sentido, la clínica será estricta y multará a todo aquel trabajador que incumpla la norma. “Queda totalmente prohibida y sancionada la presencia en la calle del trabajador con su vestimenta de trabajo (…) o la realización de cualquier tipo de gestión de índole laboral o personal fuera del recinto de trabajo en uniforme”, advierten. Así, la empresa termina con el riesgo que suponía para las familias de las enfermeras y su salud, ya que hasta ahora, eran ellas quienes lavaban el uniforme en casa.

ELPLURAL/ANDALUCÍA

Sara Vicente Collado, ponente en el V Encuentro Regional de Servicios Municipales e Insulares de Información y Orientación celebrado ayer, aseguró que la igualdad de las mujeres es todavía un derecho inexistente y lo relacionó con que en España se está cuestionando su derecho al aborto.

IOSUNE NIETO, Tenerife

“Las mujeres tienen amenazado el derecho a la igualdad todos los días de su vida”, aseguró ayer Sara Vicente Collado, coordinadora de la Comisión para la Investigación de los malos tratos a mujeres, organización feminista que trabaja en España desde finales de los años 70 y que participa en el Observatorio Europeo de la Violencia de Género.

Sara Vicente intervino ayer ante un grupo, todas mujeres, de técnicos de los servicios municipales e insulares de información y orientación para mujeres víctimas de violencia de género que participaban en el I Encuentro Regional celebrado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna.

La primera ponente en esta jornada no dejó opción al optimismo en su intervención centrada en el derecho inexistente a la igualdad en el mundo, “que condiciona el resto de derechos”, aseveró.

No en vano dijo haber venido a la Isla “supertriste y cañera”, evidentemente disgustada con que se haya “cuestionado el derecho al aborto de las mujeres”, señaló en relación a todo lo publicado, sin excepción, comentó, en los medios de comunicación a raíz de los acontecimientos en clínicas abortistas de Barcelona y Madrid. “Me he dado cuenta de que debemos empezar por el principio”, sentenció la experta, que clamó por lo “frágiles que son los derechos de las mujeres”.

“Las mujeres tienen amenazado el derecho a la igualdad todos los días de su vida por el hecho de serlo”, insistió Sara Vicente Collado, “y nunca lo vamos a poder ejercer plenamente”, añadió.

De hecho, se cuestionó “para qué están sirviendo las cuotas, nuevamente para el control del patriarcado”, se respondió, aunque aclaró no estar en contra.

La experta en violencia machista llamó la atención sobre la prostitución, una forma de violencia aún no reconocida por la sociedad, según explicó, a pesar de ser “la violencia más grave que sufren las mujeres más pobres extranjeras en los países desarrollados” y a pesar de que “una niña puede ser vendida en Tailandia por doce dólares” para ese fin.

Reacción machista

Por otra parte, estimó que hay dos datos que explican por qué aumentan las estadísticas de violencia de género y es que “a mayor consolidación del derecho de igualdad, los hombres reaccionan para no perder ese control” y que las mujeres “cada vez tienen más claro qué son actos de violencia”. En este sentido, advirtió de que sólo 72 países en el mundo ofrecen estadísticas o evaluaciones acerca de la violencia de género, aunque no hay datos unificados o indicativos de qué se entiende por violencia de género, y sólo 41 hacen encuestas anuales. Sí se mostró satisfecha con que Naciones Unidas haya definido y ampliado qué es la violencia que sufren específicamente las mujeres.

http://www.eldia.es/

Una enfermera ecuatoriana, Fanny Dávila, será indemnizada con 450 euros por la agresión sufrida a manos de una doctora que trabajaba con ella en una fábrica de Castellbisbal (Vallès Occidental) el pasado agosto. La afectada ha comparado el episodio con el de la adolescente que fue golpeada en el tren por el carácter xenófobo de ambos sucesos.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de agosto, cuando la doctora Mercedes H. S. insultó y agredió a Dávila. “Me llamó inepta y sudaca de mierda; se abalanzó hacia mí y me dio contra la pared”, ha comentado la enfermera. El golpe le produjo un hematoma en el pómulo que aún se puede apreciar.

La agresión continuó con un fuerte tirón de pelo mientras la enfermera intentaba escapar. Cuando logró soltarse, se golpeó con la camilla y se abrió el labio.

Odio a árabes y negros

Fanny Dávila achaca lo ocurrido al roce que habían tenido la semana anterior tras recibir en la consulta a un hombre negro: “Ella me dijo que odiaba a los árabes y a los negros, y añadió: ‘Llámame xenófoba si quieres”.

La agredida era consciente de que la médica no estaba contenta en su trabajo. “Estaba resentida porque había tenido un juicio anterior contra el jefe de un Centro de Atención Primaria (CAP), que no le permitía trabajar en ningún centro del Institut Català de la Salut”, ha comentado.

El juzgado número 9 de Barcelona ha impuesto a la agresora una sanción de 1.200 euros por una falta de lesiones. Según Fanny Dávila, esta cantidad resulta insuficiente y debería completarse con una sanción del Col·legi de Metges.

EUROPA PRESS    BARCELONA 

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Unos 47 millones de personas carecen de seguro médico en Estados Unidos

Un informe del Economic Policy Institute denuncia que unos 47 millones de ciudadanos no disponen de asistencia sanitaria

REUTERS – WASHINGTON – 01/11/2007 15:58

El número de personas en Estados Unidos que carece de seguro médico ascendió a 47 millones entre 2000 y 2006, al tiempo que niños y trabajadores de todos los niveles de ingreso están perdiendo cobertura, denuncia un informe de Economic Policy Institute.

El aumento de casi 8,7 millones de personas sin asistencia sanitaria estuvo “liderado fundamentalmente por la continua erosión en la cobertura médica proporcionada por las empresas”, detalla el informe. 

En 2006, 2,3 millones de personas menos recibieron la cobertura de salud de sus empresas con respecto al año 2000, especifica el documento, que destaca que la disminución no tiene en cuenta el crecimiento poblacional.

Casi el 60% de los niños del país tiene la cobertura sanitaria proporcionada por la empresa de sus padres, pero de 2000 a 2006 el número de menores con ese servicio se redujo en 3,4 millones.

“El seguro de salud pública ya no compensa estas pérdidas”, señala el texto del grupo de expertos independiente.

Sexto año de caída 

Este fue el sexto año consecutivo de reducción en la cobertura de salud proporcionada por los empresarios en Estados Unidos.

Los estadounidenses nativos presentaron las mayores tasas de cobertura médica suministrada por las empresas y alcanzaron casi el 74%, pese a que la cifra implica una caída de 3,5 puntos porcentuales.

Entre las personas nacidas en otros países, la tasa fue del 54% en 2006, lo que significa una reducción de 4,4 puntos porcentuales respecto al año 2000.

Mejor se blanco 

Los blancos son los que tuvieron la mayor tasa de cobertura, con el 76,4%, aunque también hubo una disminución de 3,3 puntos porcentuales durante los seis años analizados.

Por su parte, las personas de raza negra presentaron una tasa general del 66%, 2,6 puntos porcentuales por debajo del registro previo, y los hispanos sólo del 48,4%, 5 puntos menos que en 2000.*.

Publico.es

Panorama desolador para niños sin seguro médico en California

Washington, 31 oct (PL) La esperanza de contar con un programa de salud para 760 mil niños sin seguro médico en California parece esfumarse con el inicio hoy de discusiones legislativas, que prevén severos recortes en gastos sociales.Al menos 13 de los 24 condados de ese estado norteamericano podrían cancelar para mediados de 2008 la cobertura médica a menores de edad que no califican para proyectos como “Healthy Familias” y “Medi Cal”, a causa de la escasez de fondos financieros.De ser negativos los resultados de las discusiones, alrededor del 66 por ciento de los infantes asegurados por “Healthy Kids” perderían la cobertura para 2010, según cifras de la Iniciativa de Salud para Niños de California.

ESCANDALO / Un libro denuncia que los utilizaron en experimentos sobre la sífilis y la malaria / También les inyectaron un producto letal para estudiar si eran más violentos

WASHINGTON.- «Estimado señor: Hace cierto tiempo, usted recibió una cuidadosa exploración médica que esperamos que le haya servido para obtener un buen tratamiento para la sangre mala. Ahora, usted va a recibir una última oportunidad para recibir una nueva revisión. Esta revisión va a ser muy importante y, tras ella, usted recibirá un tratamiento especial si se considera que está en condiciones de resistirlo».

Hace tres décadas, los habitantes de Tuskegee, en Alabama, recibían periódicamente cartas como esta, con el sello del Servicio Público de Salud del Gobierno federal, el equivalente de la Administración central en Estados Unidos. Y ése era un ofrecimiento que nadie en su sano juicio podía rechazar. En Tuskegee -un pueblo formado casi exclusivamente por negros- no había apenas asistencia médica. El analfabetismo estaba generalizado. La única actividad económica era el trabajo en la agricultura en calidad de jornaleros. Las enfermedades asolaban la región. En especial, la sangre mala, el nombre local de la sífilis. ¿Quién podía negarse a un tratamiento gratis?

Nadie. Claro que aquellas cartas no ofrecían un tratamiento gratis. En realidad, formaban parte de un plan para convertir a los voluntarios en animales de laboratorio. Entre 1932 y 1972, un total de 399 afroamericanos con sífilis de Tuskegee se apuntaron para esos tratamientos. Pero nunca recibieron terapia alguna, porque el objetivo del cruel experimento era estudiar el desarrollo de la enfermedad en su organismo.

Dinero por salud

A veces, los médicos y enfermeras -varios de ellos también negros- sólo les dieron aspirinas. Y también una comida al día, transporte hasta la clínica y 1.000 dólares de la época (entre 4.500 y 10.000 euros) para el funeral. Una cifra exorbitante, que permitía suntuosos sepelios. Muchos los necesitaron.

De las 399 cobayas humanas, 128 murieron directamente de sífilis o de enfermedades asociadas a ella. Además, 40 mujeres fueron infectadas, y 19 niños nacieron con sífilis. El experimento sólo terminó cuando en 1972 el diario The Washington Star destapó el escándalo. Aunque el Servicio de Salud Pública llegó a decir que los sujetos de los experimentos «parecían contentos de ver a sus doctores».

El experimento de Tuskegee ocupa un lugar destacado en la cultura de EEUU. El músico Frank Zappa se basó en él para su musical Thing-Fish. El éxito teatral Miss Ever’s Boys, luego llevado a la televisión, dramatiza esos acontecimientos. Y en 1997 Bill Clinton invitó a la Casa Blanca a varios de los supervivientes y se disculpó públicamente ante ellos en nombre del Gobierno.

Pero no fue un caso aislado. La periodista Harriet A. Washington acaba de sistematizar esas violaciones de la ética médica y los derechos humanos en un monumental libro, titulado Medical Apartheid, en el que explora las relaciones entre los médicos blancos y sus pacientes -transformadas en cobayas- de color. Un problema que no ha desaparecido porque, como sostiene la autora, ahora esos experimentos también se llevan a cabo en países del Tercer Mundo.

En su análisis de la crueldad disfrazada de ciencia con los afroamericanos, Washington no deja títere con cabeza. Se atreve a atacar a uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense, Thomas Jefferson, que goza de un estatus de mito nacional, que, como parte de su espíritu ilustrado, ensayó vacunas contra la viruela en cientos de sus esclavos.

Eso pasó en el siglo XVIII. Pero Washington desentierra casos mucho más recientes. Como el de los jóvenes de Nueva York a los que, hace una década, la prestigiosa Universidad de Columbia les dio Fenfluramina -un producto que puede ser mortal- en un experimento para detectar si los negros tienen una propensión genética a la violencia. O el de los trabajadores agrícolas de Florida, que en los años 60 fueron regados con enjambres de mosquitos portadores del parásito de la malaria. O el de los niños a quienes un médico de Mississippi dejó paralíticos en los años 70 después de operar su cerebro para que dejaran de ser hiperactivos. O el de los presos de la cárcel de Holmesburg, en quienes un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania probó medicamentos que dañaron de forma irreversible su piel. Todos eran negros. Todos ellos, al igual que los habitantes de Tuskegee, forman parte de la historia secreta de los negros como cobayas humanas.
El problema de salud del afroamericano

Probablemente ningún país haya ido tan lejos como EEUU en su autoexamen -casi, obsesión nacional- de las relaciones raciales. Porque ningún país tiene un credo nacional en el que se basa su propia existencia fundamentado casi en exclusiva en la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, algo que no casa con las tensiones raciales que siguen plagando la sociedad estadounidense. Y ése es el análisis de Washington, para quien la ciencia corre el peligro de convertirse en ocasiones en una excelente coartada intelectual con la que ocultar comportamientos racistas o xenófobos.

Otros van más lejos. El controvertido economista de la Universidad de Nueva York William Easterly sostiene que incluso gran parte de la ayuda al desarrollo de Occidente refleja este punto de vista racista basado en que, en el fondo, los pobres no pueden ayudarse a sí mismos.

Tal vez el mejor ejemplo sea la famosa ponencia ‘El problema sanitario del negro en las ciudades del sur’, presentada por el médico William F. Brunner en la asamblea de la Asociación Nacional de Salud Americana en 1912. En ella, Brunner partía del hecho de que la tasa de mortalidad de los negros era más del doble que la de los blancos, y que las condiciones de vida en las áreas pobladas mayoritariamente por esta raza eran muy inferiores a las de población mixta. Por tanto, y dado que «el negro depende del blanco en todo lo relativo a la civilización», Brunner defendía un masivo programa de ayudas sociales para que los afroamericanos mejoraran sus condiciones de vida. Una tesis que incluía un notable paternalismo racista, y que fue utilizada por otros para prácticas como la llamada ‘operación de apendicitis’ de Misisipí, que consistió en ligar las trompas de Falopio de las negras cuando daban a luz para evitar «su multiplicación excesiva».

El Mundo   PABLO PARDO.

Washington. (EFE).- El presidente estadounidense, George W. Bush, vetó una ley respaldada por demócratas y republicanos en el Congreso y que ampliaba la cobertura de la asistencia médica para millones de niños que no tienen seguro de salud. Esta es la cuarta vez que Bush usa su poder de veto desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2001

La acción implica riesgos políticos para el Partido Republicano, que ya encara un panorama sombrío en las elecciones presidenciales y legislativas de 2008.

Bush, que no puede aspirar a un tercer mandato, había advertido que vetaría la legislación por considerarla demasiado costosa.

El Senado aprobó la legislación con la mayoría suficiente como para anular un veto, pero en la Cámara de Representantes la votación fue más ajustada.

Los demócratas indicaron que esperarán hasta la semana próxima para volver a votar la ley tras el veto de hoy, para persuadir a unos 15 legisladores republicanos para que se sumen a la mayoría necesaria para anular la prohibición presidencial.

El Pais

Presidente de la Republica de Santo Domingo Leonel Fernandez suponemos que saluda a casi toda la ciudadania de Santo Domingo.

 27 de Septiembre de 2007, 07:47pm ET

SANTO DOMINGO (AP) – Los pacientes de Sida quedaron excluidos del recién iniciado Seguro Familiar de Salud en República Dominicana, denunció el jueves el director del Consejo Presidencial del Sida (Copresida), Humberto Salazar.

El médico dijo que es discriminatorio que más de 7.500 pacientes que reciben antiretrovirales hayan sido excluidos del nuevo sistema de seguridad social y destacó que el financiamiento internacional para tratar a las personas que necesitan esos medicamentos sólo está garantizado hasta el año 2009.

“Todos los pacientes que viven con sida están excluidos del sistema de Seguridad Social y eso es discriminación, si no se incluyen, los estamos condenando a muerte, ellos necesitan antiretrovirales y una adecuada nutrición”, manifestó el funcionario a los periodistas.

Desde el 1 de septiembre entró en vigencia para los dominicanos un nuevo sistema de atención médica que amplía la cobertura a la población y garantiza medicamentos costosos.

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, dijo que el reclamo de Copresida sobre la inclusión de los pacientes VIH positivos en el sistema debe ser atendido oportunamente, pero que en la ley de Seguridad Social hubo sus olvidos cuando estaba en estudio.

En República Dominicana, con una población de unos 9 millones de personas, hay al menos 130.000 infectados con el VIH/SIDA. La mayoría no tiene acceso a tratamiento y sólo 7.500 reciben atención especial en Copresida.

Univision

“El turismo médico es un mito”, según la organización Médicos del Mundo
 

Redacción, Madrid (26-9-2007).- El 76 por ciento de la población inmigrante que reside en Europa de forma irregular carece de una cobertura médica real, a pesar de que las legislaciones europeas garantizan este derecho, según un estudio sobre el acceso a los servicios de salud presentado hoy por la organización Médicos del Mundo basado en 835 entrevistas realizadas en siete países de la UE: España, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Entre los principales obstáculos para acceder a los servicios de salud se mencionan el desconocimiento que los inmigrantes tienen de sus propios derechos y de los centros de atención donde acudir, el coste de los tratamientos, las dificultades administrativas, el miedo a ser denunciados y a la discriminación, así como las barreras lingüísticas y culturales.

De acuerdo con la legislación existente en los países analizados, el 78 por ciento de los inmigrantes tiene teóricamente acceso a una cobertura sanitaria, aunque las situaciones difieren enormemente entre los países, tanto en acceso como en el nivel de los cuidados facilitados. Así, en España, el servicio sanitario está garantizado para todo aquel que se da de alta en el registro municipal mientras que en un país como Grecia, los irregulares sólo pueden acceder a algunos servicios de urgencia.

En todo caso, en la práctica sólo el 24 por ciento de la población inmigrante dispone realmente de cobertura sanitaria, bien por falta de información, bien por temor a ser rechazados por su médico o denunciados, bien porque los trámites para lograrla son complicados. En Francia, por ejemplo, sólo 7 por ciento de los inmigrantes accede realmente a los servicios sanitarios.

Médicos del Mundo distingue entre aquellos países donde los inmigrantes tiene derecho a la cobertura sanitaria pero sólo una ínfima minoría accede, como Bélgica o Francia, y países como España o Portugal donde más de la mitad de los encuestados ejercita este derecho. Así, España es, de los siete países analizados, donde los inmigrantes están mejor informados y es el sitio en el que el rechazo de los facultativos a atender a población en situación irregular es menor (sólo un 6,4 por ciento frente a un 15 por ciento detectado en Bélgica).

En lo que se refiere a las patologías más frecuentes, se trata de enfermedades digestivas, osteoarticulares y psíquicas. De hecho, los problemas de salud mental son comunes entre los solicitantes de asilo y las personas a las que se ha negado este derecho. El estudio muestra, por otro lado, que más de la mitad de los entrevistados, el 54 por ciento, desconoce que puede realizarse una prueba gratuíta de VIH. Además, resalta que se tratan sólo un tercio de los problemas de salud crónicos.

El sondeo desmonta también el “mito” del llamado turismo médico. “Los inmigrantes no vienen a curarse por la sencilla razón de que para hacer el largo viaje hasta Europa tienen que estar en buenas condiciones de salud”, resalta la presidenta de Médicos Mundo España, Teresa González, recordando que, en el caso de España, la presión sobre el sistema sanitario no procede de los inmigrantes del sur sino de los del norte de Europa.

“Aquí el turismo no es del sur sino del norte. Hay un montón de personas de la tercera edad que vienen a pasar su jubilación al sol en España, alemanes e ingleses, que cuando se ponen malos lo que necesitan es una prótesis de cadera. Realmente tenemos un turismo que usa nuestro sistema sanitario, pero no es el del sur, que es gente sana. Los que no están sanos no llegan. Así de claro”, alerta González.

Avala la misma tesis un estudio realizado en 2006 en Euskadi por Médicos del Mundo y la Universidad del País Vasco sobre la población inmigrante y residente, al demostrar que la tasa de uso de los servicios sanitarios para la población extranjera se sitúa por debajo de la medida de la población española.

El informe presentado por la organización muestra también que el 40 por ciento de los irregulares habita una vivienda precaria y el 11 por ciento está en la calle, dos de cada diez describen su salud como “mala o muy mala”, sólo un tercio de quienes padecen una enfermedad crónica recibe tratamiento y el 10 por ciento ha visto denegada la asistencia por el médico de cabecera.

Ante este escenario, Médicos del Mundo reclama garantizar una cobertura médica gratuita y no discriminar a la población en función de su situación administrativa, esto es diferenciar claramente las políticas sanitarias de las de inmigración. Exige, igualmente que, mientras no se logre la universalidad del tratamiento, no se expulse a personas enfermas que corren un claro riesgo de morir si se les envía de nuevo a sus países de origen. Además, solicita la regularización y el acceso a la atención médica a todos los extranjeros gravemente enfermos.

Centros infantiles tienen prohibido el acceso a medicamentos y tecnología

El Cardiocentro Pediátrico William Soler de Altahabana, inaugurado por Fidel Castro hace 21 años con el objetivo fundamental de ofrecer atención a niños y niñas con malformaciones congénitas del corazón, en un nuevo gesto de evidente inhumanidad ha sido incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una extraña categoría: la de Hospital Denegado.

Los primeros síntomas de esa medida, que obstaculiza aún más la adquisición de medicamentos y dispositivos para tratamientos de enfermedades cardíacas ––que en ocasiones solo son fabricados por empresas o filiales norteamericanas––, es la reciente prohibición de que las compañías AGA y Numed vendan al Cardiocentro dispositivos y catéteres que son utilizados por los especialistas para la realización de la técnica conocida como Cateterismo Intervencionista.

Ese avanzado proceder mínimamente invasivo se practica con muy buenos resultados en el Cardiocentro, para el cierre de defectos de comunicación entre cavidades del corazón, la dilatación de válvulas cardíacas estrechas, entre otros, que evitan tener que llevar al paciente al salón de operaciones para practicarle una intervención quirúrgica a “corazón abierto”.

Desde el pasado año, según fuentes consultadas del Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a alistar los más importantes hospitales del sistema nacional de salud cubano como Hospitales Denegados, en un nuevo y criminal intento por estrangular el desarrollo de la atención médica en nuestro país.

Este no es un problema político, valoró el cirujano cardiovascular Doctor en Ciencias Médicas Eugenio Selman-Housein Sosa, director del Cardiocentro William Soler, sino ético, humano y moral, que en su opinión denigra al gobierno norteamericano.

El especialista indicó que desde finales del pasado año se vienen produciendo, dentro de los mecanismos de licencia establecidos por el Departamento del Tesoro de ese país, cambios en la implementación e interpretación de las leyes, para impedir la adquisición de instrumental, equipos y medicamentos por la institución que dirige.

El Cardiocentro William Soler, a través de una Red Cardiopediátrica Nacional, bajo la Dirección del Programa Materno-Infantil del Ministerio de Salud Pública, ha organizado en estas más de dos décadas de existencia, la atención a los niños aquejados de enfermedades del corazón, lo que ha permitido la disminución en un 75% de la tasa de mortalidad por cardiopatías en edades pediátricas. Ello se traduce en la incorporación a la vida útil de cientos de niños, muchos de los cuales son adultos en la actualidad.

Desde 1986 hasta la fecha, en el Cardiocentro William Soler, Centro de Referencia Nacional, se han realizado más de 6 500 operaciones del corazón, incluyendo a recién nacidos, un 60% de las cuales se han practicado a “corazón abierto”.

Esa prestigiosa institución pediátrica, que brinda seguridad y felicidad a las familias cubanas, muestra logros reconocidos mundialmente en el tratamiento de las anomalías congénitas cardiovasculares y, también, en la introducción de nuevas técnicas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. De ello es fruto la amplia gama de trabajos científicos, docentes y de investigación que han presentado sus especialistas en congresos y eventos nacionales e internacionales.

No es de extrañar por eso la sistemática negativa a la concesión de visas para que sus profesionales puedan asistir a encuentros científicos en suelo norteamericano, alegando el socorrido pretexto de que “la entrada podría ir en detrimento de los intereses de Estados Unidos”.

Tal es el caso de dos destacadas científicas del Cardiocentro William Soler, las profesoras Herminia Palenzuela López, especialista en Cardiopediatría y vicedirectora médica de la institución, y Dunia Benítez Ramos, quien se desempeña como intensivista cardiovascular, encargada de la atención de niños en estado de gravedad.

Ambas especialistas coincidieron en afirmar que cualquier persona de buena voluntad puede calificar esas prohibiciones como “inmorales” y “antiéticas”, porque la participación en encuentros científicos internacionales ––en los que se reúnen en general lo que más brilla y vale en los temas médicos que se debaten–– enriquece los conocimientos en diversos campos del saber y contribuye a una mejor atención de los pacientes.

Estos intercambios son esenciales para todos los especialistas, y fundamentalmente para los dedicados a la cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica, que requieren una sistemática actualización y entrenamiento, acotó la doctora Palenzuela.

A todas luces, en tema de tan alta sensibilidad como el abordado, lo que eufemísticamente quieren llamar ahora Hospitales Denegados, constituye la reafirmación de las nuevas y criminales acciones que se siguen tejiendo bajo el oscuro manto del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra nuestro país desde hace casi medio siglo

José A. de la Osa

Rebelión.org

Hasta ahora los médicos catalanes debían mantener la confidencialidad del paciente.
El juez considera que se dejaba en manos de los doctores la capacidad de decidir si los menores eran maduros.La sentencia puede ser recurrida por el Consejo de Médicos de Catalunya.
Un Juzgado de Barcelona ha anulado dos artículos del Código Deontológico de los médicos de Catalunya que garantizan la confidencialidad de los menores y obligan a respetar su voluntad en abortos e intervenciones, sin necesidad de informar a sus padres.

El primero de los artículos, el 33, especifica que el médico “en caso de tratar a un menor de edad y cuando considere que tiene suficiente madurez, deberá respetar la confidencialidad ante los padres”.

El juez considera que el médico no debe decidir si el menor presenta suficiente madurez En la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, se especifica que dicha norma relega en el profesional la decisión de juzgar la madurez del menor, y por este motivo ha quedado anulado.

El segundo artículo suspendido es el 59 del código de conducta de los médicos catalanes. En él se establece que los abortos y esterilizaciones de menores deben llevarse a cabo con su consentimiento explícito. Los padres, sólo decidirán cuando no se considere al paciente con capacidad suficiente para comprender el alcance de la operación.

En la sentencia, el juez aclara que si la intervención es de gran riesgo los padres deberán ser informados y escuchados.

El nuevo Código Deontológico de los médicos catalanes fue aprobado en enero de 2005 por el Consejo de Médicos de Catalunya. En mayo del mismo año, un grupo de 112 médicos interpuso un recurso por no estar de acuerdo con los artículos 33 y 59. Desde entonces, el juez decidió la suspensión cautelar de dichos puntos del código.

Diario 20minutos.es

La fuerza del Opus Dei marca una comunidad en la que las mujeres no puedan abortar 22 años después de la despenalización 

MÓNICA C. BELAZA - Pamplona  

“No le hagas esto a Ferminico. No quiere morir”. Ferminico era un “niño” navarro imaginario que vivía feliz en el vientre de su madre hasta que ésta pensó en interrumpir su embarazo. Era 1985: la ley que despenalizaba el aborto en España estaba comenzando a aplicarse y los grupos provida de la comunidad foral recorrían las escuelas y las calles con los folletos de Ferminico mientras mostraban fotos de fetos y bebés ensangrentados. Veintidós años después, en Navarra siguen sin practicarse abortos. Ni en la sanidad pública ni en la privada. El gobierno foral, en manos desde 1991 de la conservadora Unión del Pueblo Navarro, asegura que los médicos son objetores de conciencia. Hay ginecólogos, sin embargo, que manifiestan públicamente que no lo son.

Esta comunidad, bastión del Opus Dei, es la única en la que las mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros, hasta Zaragoza o Madrid, para poder abortar. El Partido Socialista Navarro (PSN) ha presentado recientemente en el Parlamento una moción -que en principio será apoyada por los demás grupos de la oposición, Izquierda Unida y Nafarroa Bai- instando al Ejecutivo a averiguar cuántos médicos son objetores y a permitir que se aborte en los hospitales públicos. La respuesta del presidente, Miguel Sanz, no se ha hecho esperar: van a hacer caso omiso y sólo pondrán en marcha medidas de apoyo a la familia.

La consejera de Salud, María Kutz, repite con insistencia dos ideas: la primera, que “la ley se cumple”, aunque sea enviando a las mujeres fuera de Navarra; y la segunda, que ante todo respetan “el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. Cuando se le pregunta por qué no se monta un servicio con los médicos que se sabe que no son objetores, repite que la ley se respeta y que no hace falta cambiar la política seguida hasta ahora. Y asegura que hacer un registro de objetores “vulneraría el derecho a la intimidad” de los doctores. Gabriel Delgado, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, señala, sin embargo, que no tendrían problema con un registro que cumpla la Ley de Protección de Datos.

Hay otras comunidades en las que la práctica de abortos se ha derivado también hacia clínicas privadas. Pero éstas no existen en suelo navarro a pesar de que hay demanda: cada año interrumpen voluntariamente su embarazo más de 600 navarras (y el servicio público de salud financia aproximadamente el 10%). ¿Qué ocurre en esta comunidad? Influyen al menos tres factores: la presencia del Opus Dei, un gobierno conservador y el trauma derivado del proceso judicial y mediático seguido contra los únicos tres médicos que se han atrevido a practicar abortos.

El Opus Dei tiene una amplia presencia en la región, especialmente en el campo sanitario. Son suyas la prestigiosa Universidad de Navarra -fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1952-, con 15.000 alumnos y la única Facultad de Medicina de la comunidad foral, la Clínica Universitaria, reconocida con el premio a la Excelencia en Calidad de Hospitales 2007, y el Centro de Investigación Médica Aplicada. Se ha creado un poder fáctico a través de la excelencia académica y sanitaria.

“La derecha aquí es ultraconservadora y tiene mucho poder”, opina Elena Lacabe, de la Comisión por la Defensa del Aborto en Nafarroa. “Y esto tiene consecuencias en la cuestión del aborto”. Otra de las integrantes de la comisión, Ohiana López, habla de “esquizofrenia social”. “Junto a este poder religioso” explica, “hay un movimiento social muy fuerte que, entre otras cosas, reivindica los derechos de las mujeres”. No es la única que habla de mundos separados en lo social, político y cultural-lingüístico. “Las escuelas concertadas, por ejemplo, son religiosas o ikastolas”, señala un miembro de la Comisión anti-sida. “La sociedad está polarizada, pero gobierna la derecha desde hace tiempo y son ellos los que deciden”.

Así las cosas, en 1985 empezó a aplicarse la ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones fetales y violación. Tres ginecólogos del hospital público Virgen del Camino, en Pamplona, empezaron a poner en práctica la ley. De inmediato, uno de los casos se filtró al Diario de Navarra -accionista de la Cope- y las reacciones no se hicieron esperar: les amenazaban, llamaban a sus casas… fueron sometidos a un intenso y constante acoso. Pamplona se llenó de pasquines contra el aborto y los médicos que lo practicaban.

Acción Familiar, una asociación que se define como “defensora del matrimonio y la familia” y próxima al Opus Dei, presentó una querella. Los tres médicos fueron procesados y el juicio se celebró en 1990. En esos días, se enfrentaban a diario en la ciudad cientos de manifestantes pro y antiaborto entre pancartas, insultos, abucheos y cargas policiales.

Fueron absueltos, pero el trauma personal y social aún perdura. “Yo no tendría problema en practicar abortos”, señala ahora Pablo Sánchez Valverde, uno de los enjuiciados. “Pero no en la situación de desamparo judicial y social que vivimos entonces. El tema del aborto está superado por la sociedad navarra, pero algunos grupos de talibanes lo impiden y no hay voluntad política de solucionarlo”. Sánchez asegura que algunos médicos han enviado una carta a la consejera Kutz para indicar que no son objetores. La consejera dice no tener constancia de este hecho.

María Cruz Landa, otra de las ginecólogas juzgadas, coincide en que ella sólo volvería a practicar abortos con “medios adecuados garantizados por la Administración”. Y señala que, más allá del tema navarro, hay un problema general en toda España que exigiría una modificación legal. Sólo el 3% de los más de 90.000 abortos anuales se practican en la sanidad pública y la mayoría bordean la ley acogiéndose al supuesto de grave riesgo para la salud psíquica de la madre. De facto, el aborto es libre, siempre que se encuentre al psiquiatra adecuado, previo pago.

En octubre se debatirá el aborto en el Parlamento foral. Izquierda Unida también ha presentado una moción, en la que además pide una ley de plazos. Un portavoz de Acción Familiar, la asociación que se querelló contra los tres médicos hace 20 años, dice que están muy disgustados: “Uno en su casa no quiere transgresiones de la moral. Si tiene que hacerse, que sea fuera de nuestro suelo”. Una idea similar a la que parece sostener el presidente Sanz.

El Pais

FRANCISCO ARIAS SOLIS  

EUROPA ha avanzado lentamente en el cumplimiento de los objetivos de salud para todos, programados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo como excepción más notable un área de capital importancia como es la equidad o «igualdad de acceso» a la salud o a los servicios sanitarios. Tampoco se ha registrado ningún progreso importante en la reducción de la mortalidad por cáncer, contaminación alimentaria, adecuación de los servicios de salud a las necesidades, formación del personal sanitario, entre otras áreas de vital importancia.

Los datos más recientes indican que, en los países del centro y este de Europa, pertenecientes a la órbita de la extinta URSS, se ha producido un deterioro en el nivel de salud de sus poblaciones, sobre todo en los grupos más vulnerables y en particular en los países de la antigua Unión Soviética, relacionado con un importante déficit en la provisión de vacunaciones, medicamentos esenciales y recursos de financiación.

Se puede afirmar que en los últimos años se ha progresado muy moderadamente hacia las metas de salud para todos, y con importantes lagunas. Se han registrado buenos progresos en la eliminación de ciertas enfermedades infecciosas, aumento de la esperanza de vida, reducción de la mortalidad para la mayoría de la principales causas de muerte, reducción de la mortalidad infantil y materna y desarrollo de las políticas de salud.

Contrasta la falta de progreso hacia la equidad, con las diferencias existentes entre el norte de la Europa occidental con los países del sur, mucho más acusada entre éstos y los nuevos Estados del centro y este de Europa.

Convendría recordar algunos de los que OMS llama «pre-requisitos para la salud». Uno de ellos considera que para sentirse sano es preciso sentirse socialmente útil, y otro que la población no puede sentirse sana si experimenta miedo a la guerra. Evidentemente, un buen porcentaje de la población europea no puede sentirse socialmente útil porque no tiene trabajo, y las múltiples situaciones de violencia no permiten eliminar completamente el miedo a la guerra.

Los datos relativos a España indican que ha aumentado la esperanza de vida, ha disminuido la mortalidad infantil y la materna y han ido descendiendo constantemente las muertes por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la mortalidad total por cáncer no mantiene una tendencia definida y es difícil que se cumpla el objetivo de reducirla sustancialmente.. Tampoco muestran una tendencia definida los datos de muertes por causas externas. Los accidentes de tráfico, que disminuyeron en la década de los setenta, no siguieron la tendencia descendente de la Unión Europea durante los ochenta y noventa, y en este trágico mes da agosto de 2007 se viene registrando un crecimiento de la siniestralidad con respecto al mes de agosto del pasado año. Por otro lado, los accidentes laborales no cesan de aumentar.

En estilos de vida casi todo los datos o tendencias de nuestro país son desfavorables: la prevalencia del tabaquismo es una de las más altas de Europa. . La tasa de consumo de alcohol, con un descenso del consumo de vino y aumento del consumo de cerveza, es la más alta de la Unión Europea. También ha aumentado el número de toxiinfecciones alimentarias.

Respecto al sistema sanitario la OMS resalta que en España existen desigualdades entre zonas rurales y urbanas tanto en instalaciones sanitarias como en personal. Entre comunidades autónomas hay diferencias intolerables en gasto sanitario por persona y año.

Nadie duda de que no fuera necesario un cambio en la estructura económica y también en la estructura sanitaria de nuestro país y nunca serán pocas las gracias que hay que dar a la modernización, pero también hay que tener en cuenta que la voracidad del mercado no conoce límites y que todo lo devora, incluso aquello que es valioso y potencia la libertad y el bienestar físico, psíquico y social de la gente. ¿Seguirán nuestros políticos malgastando sus fuerzas para conseguir no mejorar e incluso empeorar aquéllo que ya teníamos en la década de los ochenta?

Diario de Leon

 Las ONG de afectados niegan su apoyo al borrador del plan que les ha enviado el ministerio
EMILIO DE BENITO – Madrid – 12/09/2007

      
2015 es el nuevo plazo que se da el Ministerio de Sanidad para saber cuántas personas tienen el VIH o cuántas lo adquieren cada año. Veintiséis años después del primer caso, este objetivo es uno de los pocos concretos del borrador del Plan Multisectorial frente a la Infección por VIH y el Sida que se ha enviado a las ONG. Éstas ya han manifestado su rechazo. “Lamentablemente, no lo podemos apoyar”, afirma la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (Cesida), la mayor confederación del sector. “No puede ser considerado un plan de acción”, añade Red2002, la segunda agrupación de ONG del país.
3.000 infecciones al año   450 millones en antivirales
El texto, que debe ultimarse en octubre, sustituye al que venció en 2005 sin que el Plan Nacional sobre el Sida presentara una alternativa. Este desfase muestra la “autocomplacencia” con que Sanidad aborda el tema, según Cesida. El documento hace un análisis de la situación de la epidemia en España. El borrador y sus críticas se resumen a continuación.

- Plazos. El plan abarca un periodo (2008-2015) que las ONG consideran demasiado amplio. No hay puntos intermedios de evaluación, ni parámetros que permitan reaccionar si no se van a conseguir los objetivos. La secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Teresa Robledo (nombrada el 25 de enero), advirtió ayer que los indicadores se elaborarán más adelante. Mientras tanto, las asociaciones no dudan, con ironía, en que la vaguedad de sus objetivos -”incrementar”, “potenciar”, “desarrollar” o “promover”- lo pone fácil. Esta generalidad es buscada en el borrador, ya que, además, hay que tener en cuenta el papel futuro de las comunidades autónomas, dijo Robledo. “Estamos estudiando las críticas y se incorporarán las que se puedan”, insistió.

- Registro. El primer paso para actuar contra un riesgo es conocer su alcance. Hasta la fecha, sólo Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja y Ceuta tienen un registro de infectados por VIH. Representan el 32% de la población, y sirven para tomar las medidas. Los intentos de Sanidad de crear un registro nacional han chocado con la oposición de algunas ONG, temerosas de que la información trascienda y se haga pública. Una situación que podría contribuir a la discriminación de los afectados. Para Robledo, obtener este registro es un “objetivo fundamental”, pero depende del conflicto jurídico presentado por algunas ONG.

- Prevención. El capítulo llamado Prevención positiva es de los que más críticas ha concitado entre las ONG. Se centra en que las personas que saben que tienen el VIH eviten su transmisión, lo que, para las asociaciones, supone cargar las tintas en sólo una de las dos partes de una pareja, con los correspondientes sentimientos de culpa y de exclusión. En la misma línea, las ONG critican que en un apartado titule con la “banalización” de la infección entre los gays, o que se considere un avance hacia la igualdad que aumente la incidencia en mujeres y de que se hable de promover la prueba del sida sin medios para que haya una asesoría antes y después del resultado.

- ‘Grupos de riesgo’. El trabajo recupera, con otro nombre -”subgrupos que requieren actividades específicas”-, la idea de los llamados grupos de riesgo: homosexuales, prostitutas, usuarios de drogas e inmigrantes merecen capítulos aparte. En cambio, no hay un apartado para los hombres heterosexuales, que son una vía clave de transmisión.

- Profilaxis pre y post exposición. Estas actuaciones consisten en facilitar cócteles de fármacos a quienes se han expuesto o saben que se van a exponer a una práctica de riesgo, desde personal sanitario a prostitutas o parejas de personas con VIH. Su mención es uno de los aspectos positivos del documento.

- Vacunas y microbicidas. A las ONG les llama la atención -y decepciona- que un ministerio que se presenta como “el de la investigación” sólo dedique un párrafo a estos dos temas, que serán claves para frenar la expansión del virus.

- Estigma. Tras el estudio de 2005 auspiciado por el Plan Nacional contra el Sida que ponía de manifiesto los problemas sociales para la integración de las personas con VIH, como dificultad para conseguir una vivienda o un trabajo, el plan no va más allá de recomendaciones generales para luchar contra estos impedimentos, sin proponer medidas concretas. Tampoco apuesta por generalizar la atención psiquiátrica o de los trastornos de la imagen corporal debidos a la medicación (lipodistrofia), que quedan a expensas de cada comunidad.
3.000 infecciones al año
El dato se ha repetido tanto, que para algunos veteranos activistas es casi un chiste. “Llevamos años oyendo que cada año se producen 3.000 nuevas infecciones por VIH en España”, afirma Héctor Anabitarte, uno de los pioneros en el movimiento asociativo.La frase sería cómica si no escondiera una situación dramática: en más de 25 años de epidemia, ni el Ministerio de Sanidad como coordinador estatal, ni las comunidades autonómicas como responsables directas, han sido capaces de afinar más los datos estatales. Los números que se usan son una extrapolación a partir de siete comunidades más Ceuta [ver gráfico], que tienen un registro de infectados y agrupan al 32% de la población.Con esos datos, también hace más de cinco años que el Plan Nacional sobre el Sida repite siempre los mismos números: en España hay entre 120.000 y 150.000 personas que viven con el VIH, de las que hasta un 30% no lo sabe, lo que les impide recibir tratamiento y los convierte en vector involuntario de transmisión.Con el mismo rigor se atribuyen al sida -el estado más avanzado de la infección, cuando el sistema inmunitario se deteriora- unas 1.600 muertes anuales. En este caso, el margen de error no se debe a falta de datos -cada defunción va acompañada de un certificado que indica el motivo-. Es la forma en que ese apartado se rellena la que causa recelo entre las ONG de afectados. Esos 1.600 fallecimientos son exactamente los que se atribuyen al sida en el certificado de defunción, pero las organizaciones calculan que son muchos más. Algunas muertes por hepatitis, neumonía, tuberculosis o dolencias cardiovasculares son consecuencia directa del VIH, por lo que las ONG piden que se contabilicen como tales.

450 millones en antivirales
Cuando las defensas de una persona con VIH bajan a un determinado nivel (entre 200 y 350 copias de un tipo de glóbulo blanco llamado CD4 por mililitro de sangre), o cuando empieza a sufrir infecciones oportunistas -desde neumonía a tuberculosis, pasando sarcoma de Kaposi (un tipo de cáncer causado por un virus), hongos o toxoplasma- debe empezar a tomar las carísimas medicaciones contra el VIH que se facilitan en España. La persona no desembolsa ni un euro -son fármacos que se recogen gratis en los hospitales-, pero el bolsillo de las Administraciones se resiente: en total, 450 millones de euros anuales sólo en antivirales.Pero lo habitual es que una persona con sida necesite otro tipo de tratamientos: desde antibióticos a protectores gástricos, pasando por medicamentos para la tuberculosis o contra los hongos. Se calcula que con esos fármacos -que en gran parte sí pagan los enfermos-, más los análisis e ingresos hospitalarios, la factura llega al doble, unos 900 millones de euros en un año.En el extremo opuesto está la prevención. Las partidas destinadas a evitar la transmisión, desde el reparto de preservativos a las campañas informativas, representaron en 2005 apenas 25 millones, según el borrador del Plan multisectorial frente a la infección por VIH y sida.Las cifras bajan a la hora de evaluar el apoyo social, reconocido como una de las claves en la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad. El documento sólo da la cifra de subvenciones a las ONG (6,2 millones). Y no son los peor parados. Para investigación se dedican 4,2 millones.
 

DOCUMENTO (PDF – 1,11Mb) – 12-09-2007

Plan multisectorial frente al sida (II)

DOCUMENTO (PDF – 108,5Kb) – 12-09-2007

Alegaciones de

ElPais.es

México, D.F., 10 de septiembre (apro).- Niños y mujeres indígenas de Guerrero continúan muriendo por la falta de atención médica, equipo, recursos humanos y fármacos, denunció el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Estas carencias generan altas tasas de mortalidad materna en la región, apuntó el Centro Tlachinollan.

Y es que para toda la región de La Montaña apenas hay cinco ginecólogos para atender a unas 88 mil 277 mujeres en edad fértil, es decir, 17 mil 654 mujeres por especialista.

Este dato es desproporcionado si se compara con la media nacional, que es de 2 mil 414, y con la estatal, de 4 mil 132. De ahí que la entidad en este rubro se ubique en el lugar 27 a escala nacional.

“Es inconcebible hablar de democracia cuando en La Montaña de Guerrero los indígenas mueren por enfermedades gastrointestinales”, deploró la ONG.

El caso de Yuvinani

Y esta situación se vive en Yuvinani, una comunidad ‘na savi’ (mixteca) que es parte del municipio de Metlatónoc –considerado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el segundo municipio con más bajo desarrollo humano después de Cochoapa El Grande–.

Los habitantes de Yuvinani desde hace varios años han estado solicitando un médico y una enfermera que brinden un servicio permanente.

El único servicio médico con que cuentan actualmente es el de una enfermera que acude a ese lugar una vez por semana, durante una hora y media aproximadamente.

Según un escrito que firman el presidente y secretario del Comité de Construcción del Centro de Salud de Yuvinani, Margarito García Julio y Carlos Hernández Moreno, respectivamente, esta situación persiste pese a que dicha comunidad se ubica a unos 20 minutos de Metlatónoc, en que se localiza el centro de salud más cercano con servicio permanente.

Sin embargo, en el centro de salud de Metlatónoc no exista el personal suficiente para atender a todos los usuarios, por lo que hay que esperar hasta seis horas bajo condiciones incómodas: sentados en el suelo y bajo los rayos del sol.

Por ello los indígenas ‘na savi’ se ven obligados a trasladar a sus enfermos al hospital regional de Tlapa; no obstante, para eso tienen que pagar viajes especiales que llegan a costar hasta mil 800 pesos. Y pese a la limitación económica, muchos hacen el esfuerzo de trasladar a sus enfermos.

Sin embargo, en el trayecto, niños y embarazadas han padecido las consecuencias, sobre todo estas últimas. Muchas mueren en el camino. Otras dan a luz en el camino.

Ahí está el caso de Fortunata Moreno Hernández y María Mercenario Hernández, originarias de Yuvinani, las que hace un par de meses dieron a luz en el camino cuando intentaban llegar al Hospital de la Madre.

Pero no todo los casos terminan con ese final:

Un estudio realizado en el 2003 por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que de las 166 unidades de salud que existen en La Montaña, solamente 82 son unidades completas, esto es, cuentan con la presencia de un médico; el resto está cubierto por enfermeras, técnicos en atención primaria o pasantes en servicio social.

http://www.proceso.com.mx/

William Neikirk y Judith Graham
Chicago Tribune,

Traducido por Nieves Romero Anglada y revisado por Yulaima Favier Horruitiner, del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión
La Oficina del Censo informó este martes que el pasado año hubo una ligera disminución de la pobreza en los Estados Unidos, sin embargo, la aflicción por causa de la carencia de seguro médico en la nación aumentó, pues otros 2,2 millones de personas, entre ellos 700 mil niños, se sumaron a las filas de los desprovistos de este servicio.

El informe de la Oficina ofreció un panorama ambivalente de buena salud de la economía nacional, e insinuó que la recuperación económica ha hecho disminuir la pobreza y ha contribuido al modesto aumento de los ingresos el pasado año.

No obstante, las cifras informadas mostraron que la atención médica continúa siendo un asunto que suscita gran preocupación a escala nacional, y que desempeñará un papel decisivo no solo en la carrera presidencial, sino también en el Congreso, cuando este último, luego de su descanso veraniego, retome la ampliación de un programa de asistencia médica para niños.

El índice de pobreza descendió de un 12,6 por ciento en el año 2005 hasta 12,3 por ciento en el 2006 ; así, la cifra oficial de personas pobres se redujo en casi medio millón y bajó a 36,5 millones . Según la Oficina del Censo, de las 49 mil personas que escaparon de las filas de los pobres el pasado año, 210 mil tenían 65 años o más. Algunas personas insatisfechas con estos resultados han afirmado que la disminución de la pobreza ha sido decepcionante, pues la economía ha estado creciendo desde el año 2001.

El informe decía que el ingreso familiar medio “real” o ajustado a la inflación aumentó en un 0,7 por ciento, por lo que alcanzó los 48 200 dólares en el año 2006; no obstante, los funcionarios de la Oficina del Censo afirmaron que dicho ingreso aún debe alcanzar la cifra tope ajustada a la inflación, que es de 49 200 dólares y que se registró en el año 1999 cuando la economía estadounidense experimentó una considerable bonanza. El ingreso medio es el punto exacto en el que la mitad de las personas obtiene mayores ingresos y la otra mitad, menores.

Irónicamente, los ingresos medios ajustados a la inflación de las mujeres y los hombres que trabajan a jornada completa disminuyeron en el año 2006, por segundo año consecutivo. El ingreso familiar aumentó porque habían más trabajadores a jornada completa por hogar, lo que indica que más personas trabajaron durante más horas para lograr un equilibrio financiero.

Según el informe, el número de personas que carecen de seguro médico se disparó de 44,8 millones en el año 2005 a 47 millones el pasado año. La razón principal que se expone en el informe es que un mayor número de empleadores redujeron la cobertura de asistencia médica que brindan a sus trabajadores.

El presidente Bush elogió el informe de la Oficina del Censo en una declaración, cuando dijo que el documento demostraba que: “a muchos más de nuestros ciudadanos les va mejor en esta economía; los ingresos aumentan continuamente y un mayor número de estadounidenses sale de la pobreza”. En cambio, reconoció que los datos “muestran que reducir la cantidad de estadounidenses sin seguro médico sigue representando un reto. El mejor modo de revertir esta prolongada tendencia es limitar los gastos y hacer que el seguro médico sea más asequible”. El Presidente promocionó su plan de conceder beneficios fiscales para contribuir a que un mayor número de estadounidenses obtenga un seguro médico.

El informe resultó ser una mina de oro para la candidatura presidencial. “Es un insulto moral que en la nación más rica del mundo, una de cada diez familias viva en la pobreza y que 47 millones de estadounidenses no tengan seguro médico”, dijo el senador Barack Obama (demócrata de Illinois), quien aboga por una cobertura médica universal y por programas más consistentes contra la pobreza.

El ex senador John Edwards (demócrata de Carolina del Norte), ha tomado la reducción de la pobreza como tema principal de su campaña, sin embargo, este asunto no ha sobresalido tanto en otras campañas. No obstante, la asistencia médica se considera como una cuestión de primer orden en la carrera presidencial, y los informes del martes proporcionaron a los candidatos muchos argumentos nuevos, aunque aún esta por verse si existe voluntad política para resolver este problema.

La senadora Hillary Rodham Clinton (demócrata de Nueva York), favorita entre los precandidatos presidenciales, dijo que el alza en la cantidad de personas sin seguro “demuestra la necesidad urgente de asegurar a cada estadounidense”; tarea que ella y otros candidatos demócratas han prometido llevar a cabo. Los republicanos también están a favor de una mayor cobertura de salud, pero con menos intervención del Gobierno y más apoyo del sector privado.

El descenso drástico en la cobertura de salud para los niños pudiera servir de estímulo para que los miembros del Congreso tomen medidas cuando regresen de sus vacaciones. La Cámara de Representantes y el Senado han aprobado proyectos de ley para ampliar el Programa Estatal de Seguro Médico Infantil (SCHIP, sigla en inglés), pero Bush ha amenazado con vetarlos alegando que, de aprobarse, la ley iría demasiado lejos.

Grupos de apoyo han pedido al Congreso que tome medidas y han prometido ejercer una mayor presión. “Es necesario que se haga algo inmediatamente”, afirmó Joseph Heyman, miembro directivo de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Drew Nannis, vocero de la Asociación de Jubilados de los Estados Unidos (AARP, sigla en inglés) añadió: “Es inaceptable que 47 millones de personas carezcan de seguro médico… este país necesita algo más que discursos de tribuna”.

Rod Blagojevich, gobernador de Illinois, instó a Bush a que reconsiderara su postura ante el proyecto de ley relativo al SCHIP.

“Las cifras arrojadas por el censo confirman lo que ya sabemos: el SCHIP necesita más fondos”, dijo el Gobernador, quien además añadió: “A principios de este mes, tanto la Cámara de Representantes como el Senado avanzaron de manera significativa en lo referente a la expansión de la asistencia médica para niños, al aprobar proyectos de ley que aportarían una considerable suma de dinero a los estados para ampliar la cobertura de salud para más niños provenientes de familias de bajos ingresos. Solamente en el estado de Illinois, el SCHIP ha ayudado a que más de 316 mil niños puedan recibir asistencia médica”.

En el seno del Congreso, la ley relativa al SCHIP es ampliamente considerada como la iniciadora del debate sobre la asistencia médica en la nación. Aunque el presidente Bush catalogó la propuesta de los demócratas de demasiado costosa y demasiado amplia, la coyuntura política actual está creando las condiciones para que se aprueben los proyectos de ley respaldados por los demócratas. Risa Lavizzo-Mourey, presidenta de la Fundación Robert Wood Jonson, exhortó a ambos partidos a cooperar para que se apruebe el proyecto.

El senador Charles Grassley (republicano de Iowa), el representante republicano de más alto rango en el Comité de Finazas del Senado, dijo que el informe de la Oficina del Censo “debería motivar a la Cámara de Representantes y al Senado a prorrogar el SCHIP este otoño”. Si no se extiende, el programa expirará el 30 de septiembre.

A principios de este año, muchos estados, entre ellos Illinois, parecían estar listos para romper el impasse político federal en relación con la reforma nacional de la asistencia médica, pero hasta el momento nada ha ocurrido. El ambicioso proyecto de asistencia médica presentado por Blagojevich fue rechazado por la asamblea legislativa.

El proyecto del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que está encaminado a una mayor cobertura estatal, aún no se ha aprobado y sólo le quedan unas pocas semanas en la sesión legislativa. Los estados de Pennsilvania y Wisconsin están considerando la posibilidad de realizar reformas, pero en ambos casos —al igual que en toda la nación—, existe un candente debate en cuanto a cómo financiar una cobertura más amplia. El plan de cobertura universal de Massachussets se puso en marcha este verano, no obstante, los costos del plan de seguros han sido más altos de lo que se esperaba, por lo que han surgido dudas en cuanto a su factibilidad.

Por otra parte, los funcionarios de la Oficina del Censo destacaron que el ingreso familiar medio aumentó en el 2006 por segundo año consecutivo, mientras que Robert Greenstein, director del Centro de Prioridades Políticas y de Presupuesto, que constituye un grupo de presión, catalogó dicho aumento de decepcionante por lo tardío dentro del proceso de recuperación económica.

Jared Bernstein, economista del Instituto de Política Económica, dijo que a pesar del aumento de los ingresos, muchas familias trabajadoras se están quedando rezagadas, pues la desigualdad en los ingresos también ha estado creciendo gradualmente en estos años. Por ejemplo, en el año 1987, la quinta parte más adinerada de los estadounidenses ganaba el 46,2 por ciento del ingreso total; esa cifra aumentó a 50,5 por ciento en el año 2006. En cambio, la quinta parte de más bajos ingresos en la población ganaba el 3,8 por ciento del ingreso total en el año 1987. El pasado año, este quintil de más bajos ingresos ganó el 3,4 por ciento del ingreso total.

Según los republicanos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, las cifras relativas al índice de pobreza podrían inducir a error, ya que no incluyen los fondos que reciben los pobres en cupones de alimentos, así como gracias a Medicare y Medicaid, al alojamiento en viviendas públicas y a las retribuciones adicionales que ofrecen los empleadores.
El índice de pobreza de 12,3 por ciento registrado el año pasado es relativamente bajo si se compara con los niveles históricos, aunque descendió a una cifra menor del 12 por ciento en los años 1999, 2000 y 2001. Sin embargo, en 1993, el primer año del mandato de Clinton, el índice de pobreza ascendió al 15,1 por ciento.

El nivel de pobreza es el indicador que se utiliza para determinar con mayor facilidad la elegibilidad de los programas federales que buscan beneficiar a los necesitados. El año pasado, el límite oficial de pobreza para una familia con dos niños fue de 20 444 dólares.
 

Negarle la interrupción del embarazo contraviene leyes internacionales, señala

Los funcionarios deben ser sancionados, dice

Trasladarán a la niña al DF para que aborte

EMIR OLIVARES ALONSO

Las autoridades de Chihuahua que negaron a una niña de 12 años el derecho a interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual vulneran la normativa nacional e internacional, pues pese a sus argumentos “morales y éticos”, está permitido el aborto en esos casos, aseguró el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCF).

La organización recordó que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, agrupación que forma parte del propio observatorio, documentó que agentes del Ministerio Público, funcionarios de la procuraduría, del Tribunal Supremo de Justicia y del sector salud del estado han vulnerado los derechos humanos de la menor –agredida sexualmente el pasado 5 de agosto– al no permitirle acceder a esa garantía, aunque el artículo 219 el Código Penal de Chihuahua establece que hay varias causas, entre ellas el abuso sexual, por las cuales el aborto “no es punible” si se practica en los primeros 90 días de la gestación.

Dicho artículo prescribe además que aquel funcionario que obstruya el acceso a la interrupción legal de un embarazo tiene responsabilidad penal y debe ser sancionado conforme a la ley.

Con esta negativa, de la cual dio cuenta ayer La Jornada, los funcionarios chihuahuenses violan también la recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en la que se exige al Estado mexicano armonizar las legislaciones federal y estatales para que se incluya el acceso a una salud sexual y reproductiva efectivas para ese sector de la población, incluidos los servicios de aborto seguros en las circunstancias permitidas por la ley, normativa internacional que México está obligado a cumplir.

Por ello, el OCF exigió a las autoridades estatales adoptar la reglamentación necesaria para el acceso al aborto legal “en cabal cumplimiento de su código penal y la normativa internacional”; así como que se finque responsabilidad a los funcionarios públicos que han incurrido en omisiones en este caso; que se detenga y procese al agresor de la menor “y se respete de inmediato el derecho legal de la niña a interrumpir su embarazo, producto de una violación”.

Cabe recordar que tras varias gestiones de la ONG con el gobierno estatal, la niña y su madre serán trasladadas a la ciudad de México para que en ésta se realice un aborto legal.
 http://www.jornada.unam.mx/

Vacío legal en el procedimiento, retrasó el proceso 
Practican aborto en Chihuahua, a niña víctima de violación

Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal

Chihuahua, Chih., 3 sep 07 (CIMAC).- Un equipo de ginecobstetras del Hospital General le practicó el aborto legal a Lupita, la niña de trece años que resultó embarazada de la violación que sufrió recientemente. El procedimiento clínico se hizo ayer domingo y la niña se encuentra en buenas condiciones de salud.

Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (CDHM) calificó de histórica la decisión gubernamental y aplaudió el avance en el respeto a los derechos de las mujeres.

A las tres de la tarde, los médicos informaron a la familia y a la abogada que la interrupción del embarazo había concluido y la niña se encontraba en buenas condiciones.

La directora del Centro de Derechos Humanos informó que decidieron acelerar el aborto porque Lupita se sintió mal y los especialistas que la revisaron le dijeron a la familia y a la abogada que el embarazo era de alto riesgo.

Para garantizar una buena atención, el Hospital General integró un equipo interdisciplinario de ginecobstetras, psicólogos y terapeutas que le darán seguimiento a la niña para ayudarla a superar la dolorosa experiencia que está viviendo.

CUMPLIR NORMATIVIDAD VIGENTE

A través de un comunicado, Carlos Carrera Robles, secretario de Fomento Social, aclaró que para llevar a cabo el procedimiento la Secretaría de Fomento Social recabó el consentimiento informado de la mamá de Lupita ante la presencia de su abogada Lucha Castro.

El funcionario había anunciado, desde el sábado en la tarde, la decisión gubernamental de hacer el aborto legal a Lupita en el Sistema Estatal de Salud.

El secretario de Fomento Social informó que el Gobierno del Estado tomó esa decisión en cumplimiento a la Ley Estatal y también a la Norma Oficial de Salud. Carrera Robles solicitó el expediente de la averiguación previa a la procuradora de Justicia, Patricia González.

“Para el Gobierno del Estado la preocupación no se limita a brindar a Lupita una atención médica, sino en darle las facilidades para que supere la dolorosa experiencia que le ha tocado vivir a su corta edad”, puntualizó al informar que el servicio incluye atención psicológica.

El funcionario recordó que la Norma Oficial Mexicana 190 es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud.

Dicha normatividad establece los requisitos que se deben cumplir para practicar un aborto en casos de violación, apuntó.

“Los funcionarios públicos, al asumir el cargo protestamos cumplir y hacer cumplir todas las leyes, sin limitarlas a aquellas con las que estamos de acuerdo o en desacuerdo”, indicó.

Y puntualizó: “La Ley General y la Estatal de Salud así como la NOM 190, no son la excepción; como servidores públicos estamos obligados a cumplir y observar la ley, por encima de las convicciones personales o ideológicas que tengamos sobre el tema”.

VACÍO LEGAL

Como se sabe, Lupita es una niña de trece años que resultó embarazada de la violación que sufrió recientemente en Meoqui.

Ella y su familia solicitaron la interrupción del embarazo a través de su abogada, Lucha Castro, con base al Artículo 146 del Código Penal del Estado y de la Normal Oficial Mexicana 190.

Lucha Castro dijo que la decisión que tomó el Gobierno del Estado es un gran avance en el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Pero la directora del Centro de Derechos Humanos recordó que todavía está pendiente un reglamento que especifique qué instancia y a través de qué vía se debe practicar el aborto legal para que ninguna víctima vuelva a sufrir la angustia que vivió Lupita.

El Artículo 146 del Código Penal del Estado contempla el aborto legal cuando hay violación pero no hay un reglamento que aclare quién y de qué manera se debe practicar.

Ese vacío legal generó una gran polémica en los distintos sectores de Chihuahua, sobre todo porque el Ministerio Público y el Poder Judicial no respaldaron la petición de Lupita y su familia.

La familia de la niña y el Centro de Derechos Humanos habían decidido llevar a la niña a la Ciudad de México para que le practicaran allá el aborto legal en las mejores condiciones clínicas.

Pero el secretario de Fomento Social ofreció el servicio el sábado pasado y tanto la familia de Lupita como la abogada decidieron que el procedimiento clínico se hiciera aquí.

07/DVM/CV

http://www.cimacnoticias.com/