DIARIO MEDIKO.com

La dirección de la empresa Pascual ha hecho público un comunicado en el que se informa de las nuevas decisiones sobre el vestuario de sus trabajadores. Tras el estudio, exigido por la Inspección de Trabajo, se ha decidido cambiar la cofia por el gorro sanitario. Sin embargo, no se hace mención a la falda en el escrito

El caso de las enfermeras de la clínica San Rafael se hizo famoso hace unos meses cuando una de las trabajadoras denunció que había perdido un plus de productividad por llevar pantalones en lugar de falda. Desde entonces se ha levantado la polémica en torno a la utilidad de las prendas utilizadas en el uniforme de la clínica. Tras una inspección de trabajo, los responsables han emitido un comunicado los cambios en la vestimenta. Pese a que la empresa omite pronunciarse sobre el uso de la falda, las trabajadoras que usaban pantalón volverán a cobrar el plus de productividad.

Cofia no
Las conclusiones del informe incluyen la eliminación de la cofia, ya que los responsables consideran que la cofia no es “la fórmula más eficaz de recoger el pelo de los profesionales”. Por ello, “la empresa debe cambiar esta prenda del vestuario por otra opción, como el gorro sanitario, que será obligatorio para todo el personal con pelo largo, con independencia de su género”.

Falda sí
Sin embargo, la empresa no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad del uso de la falda, que le supuso una sanción de 6.251 euros desde la Inspección de Trabajo por un posible incumplimiento de la ley de Igualdad.

Desprotección
Adela Sastre, presidenta del comité de empresa se ha quejado de la decisión tomada por la empresa. “Habla de prevención pero no dice nada de que nos siguen obligando a llevar las piernas al aire. Habla de lo que no tiene que hablar”, indicó Sastre.

Uniforme privado
Otra medida peculiar entre las tomadas en la empresa es que los trabajadores no podrán salir con el uniforme a la calle. Los empleados deberán quitárselo antes de salir a la calle y guardarlo en los lugares que la clínica indique para volver a utilizarlo al día siguiente en el recinto médico.

Sanción
En este sentido, la clínica será estricta y multará a todo aquel trabajador que incumpla la norma. “Queda totalmente prohibida y sancionada la presencia en la calle del trabajador con su vestimenta de trabajo (…) o la realización de cualquier tipo de gestión de índole laboral o personal fuera del recinto de trabajo en uniforme”, advierten. Así, la empresa termina con el riesgo que suponía para las familias de las enfermeras y su salud, ya que hasta ahora, eran ellas quienes lavaban el uniforme en casa.

ELPLURAL/ANDALUCÍA

El Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) decidió ayer, finalmente, autorizar el aborto de una chica de 16 años que está bajo su tutela. La menor llevaba cuatro angustiosos meses esperando una respuesta y ya está embarazada de 20 semanas. Lo que podría haber sido un aborto sencillo con una gestación de apenas un mes se va a complicar ahora por las dilaciones en el procedimiento (podría ser necesario inducir al parto para provocar el aborto). La interrupción del embarazo se podrá practicar la próxima semana. Por otro lado, el Juzgado número 27 está instruyendo el expediente de otra de las menores a las que el IMMF no autoriza el aborto. Se ha llamado a declarar a la autora del informe psiquiátrico sobre el estado de la chica.

Ante el silencio de las autoridades, que no le daban ninguna respuesta, la chica se planteaba si acudir a la Fiscalía de Menores a pedir que se protegieran sus derechos. Al final, y un día después de que saliera a la luz que el Ejecutivo regional estaba bloqueando los abortos de algunas menores bajo su tutela, se ha otorgado el permiso.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) acusó ayer al Gobierno regional de tener a sus jóvenes tuteladas “prisioneras de sus valores morales” por bloquear sus peticiones de aborto. Y alerta de que “conducir a la menor a un aborto tardío, innecesario, puede tener efectos muy negativos en su estabilidad emocional, su salud física y en su propia autoestima”. ACAI señala que esto demuestra la necesidad de reformar la ley del aborto para permitir, entre otras cosas, que las menores puedan decidir sobre su maternidad sin tutelas.

M. C. BELAZA – Madrid – 23/02/2008

El Pais

 COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE  MEDICOS PROGRESISTAS

NO A LA MANIPULACIÓN DEL SINDICATO CEMS

LA AI MÉDICOS PROGRESISTAS APOYA LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

La AI MÉDICOS PROGRESISTAS NO APOYA LA MANIFESTACIÓN EN MADRID PROMOVIDA POR SEMES Y ALGUNOS SINDICATOS  POR ENTENDER DE QUE SE TRATA DE UN ACTO PROMOVIDO POR GRUPOS DE MÉDICOS Y SINDICALES AFINES AL PARTIDO POPULAR CON UNA FINALIDAD MARCADAMENTE ELECTORALISTA Y QUE NADA TIENE QUE VER CON LA REIVINDICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

La AI Médicos Progresistas en febrero del año 2007 distribuyo comunicado de prensa donde defendía la necesidad de creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias a nivel del Estado Español en aras de una mayor calidad asistencial y su regularización vía MIR.

Posteriormente mantuvo contactos con la ex ministra de Sanidad Elena Salgado, con el Coordinador del grupo de Salud del PSOE Sr. Don  Alberto Fidalgo Francisco y otros cargos de ministerio de sanidad. Siempre se nos informó que era voluntad por parte del PSOE crear la especialidad de urgencias y emergencias con el mayor consenso político  y sindical posible y encajarla dentro de las directrices de reordenación de especialidades del “grupo de trabajo de Bolonia”  y era este condicionante lo que realmente estaba marcando el calendario de creación y aprobación de la especialidad y no así la voluntad política, que no era otra por parte del PSOE que la de crear la especialidad.

La AI Médicos progresistas hizo un seguimiento de este tema, sobre todo en los apartados de compromisos de calendario que el ministerio de sanidad iba comprometiéndose, hasta que con el actual ministro de sanidad Sr. Don Bernard Soria como responsable  máximo de su ministerio se presenta por fin el Borrador del Proyecto de la Especialidad de Urgencias   uno de los pasos necesarios y definitivos para su creación.

A pesar de que solo quedan puros trámites administrativos para la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias el sindicato CEMS ha logrado “arrastrar” a SEMES y CCOO a una manifestación en Madrid “vacía de contenido” en cuanto a lo que debería ser la reivindicación de especialidad de urgencias y emergencias y si a un acto más de protesta electoral contra un ministerio de Sanidad de un partido político determinado llamado PSOE en vísperas electorales .

Es por lo que la AI Médicos Progresistas invita al sindicato CCOO a replantearse sus posicionamientos con respecto a la manifestación en Madrid a la vez que hace un llamamiento a tod@s los Profesionales de la Sanidad que trabajan en los servicios de urgencias tanto hospitalarios como pre hospitalarios a NO PARTICIPAR en los actos convocados el 16 de Febrero en Madrid por SEMES y algunos sindicatos por entender que son otros los intereses los que se defienden y se pretenden.

AI MÉDICOS PROGRESISTAS
info@medicos-progreistas.org
www.medicos-progresistas.org

Protesta de un grupo ‘pro vida’ frente a la clínica Isadora, el 28 de diciembre - Gabriel Pecot

La investigación contra la clínica Isadora arranca de una denuncia de un grupo ‘pro vida’ en 2006

 Protesta de un grupo ‘pro vida’ frente a la clínica Isadora, el 28 de diciembre – Gabriel PecotVANESSA PI – Madrid – 11/01/2008 22:26

Al menos 28 mujeres han sido citadas a declarar en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid como testigos en la investigación que se está llevando a cabo por una denuncia de presuntas irregularidades en los abortos que practica la clínica Isadora de Madrid.

El jueves, según explicó la portavoz del centro, Marisa Castro, una pareja de agentes de la Guardia Civil se personó en casa de una de ellas para entregarle en mano la notificación judicial de que debía comparecer ante el juez José Sierra Fernández ayer por la tarde.

Como el resto de las citadas, esta mujer, que hace un año decidió abortar, “tendrá que revivir una experiencia que no es grata para ninguna mujer”, explicó Castro, quien se mostró indignada, “porque este escenario no es de recibo”. Las mujeres que abortaron serán las primeras en declarar.

“Nosotros nunca hemos realizado intervenciones al margen de la ley. Esto forma parte de una estrategia con muchos músicos, y algunos se manifestaron hace unos días en la plaza de Colón”, insistió Castro.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, según indican en la clínica Isadora, arranca por la denuncia, en junio de 2006, de la plataforma ultracatólica La Vida Importa contra varias clínicas madrileñas, entre ellas Isadora. “Era una práctica tirar residuos desechables de los quirófanos con restos humanos fácilmente identificables”, justificó ayer el portavoz de la plataforma, Juan Sánchez Galera.

La Guardia Civil se hizo cargo del caso y presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, que en febrero de 2007 decidió archivarlo porque estimó que no había sospecha de que se hubiera cometido un delito.

Reapertura del caso

Semanas más tarde, la Guardia Civil volvió a presentar una denuncia, que esta vez acabó en el Juzgado de Instrucción número 47. El juez reabrió el caso y encargó un peritaje anatómico forense de los restos abortivos, cuyas fotografías publicaron diversos medios de comunicación. Entre ellos había fetos. Según fuentes de la clínica Isadora, el informe anatómico forense dictaminó que éstos no superaban las 22 semanas de gestación, el límite que marca la ley para los casos de malformación del feto y para los que está autorizada la clínica.

Casi un año más tarde, el juez ha decidido llamar a declarar a las mujeres que hace un año, cuando se encontraron los restos, abortaron en la clínica Isadora. Si en algo coincidieron denunciados y acusadores, pese a defender posturas totalmente opuestas, es que las mujeres son las víctimas. “Quien tiene la culpa es la Comunidad de Madrid, porque no ha actuado como debía y las clínicas, por lucrarse”, criticó el portavoz de la plataforma La Vida Importa.

Por otra parte, la justicia holandesa ha abierto una causa contra una joven que abortó en una de las clínicas del doctor Carlos Morín en Barcelona. Seis de los detenidos por la supuesta trama de abortos ilegales declararon ayer ante una comisión de la justicia holandesa desplazada a la capital catalana. Esta causa es independiente de la abierta contra los centros de Morín, que fueron registrados en el mes de noviembre. La mujer habría abortado en España en un estado de gestación de más de 24 semanas, que es el límite que establece la legislación de los Países Bajos.

Una semana sin abortos

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) finaliza hoy la semana de protesta con cierre de quirófanos. Pero la treintena de clínicas de la asociación no descarta más movilizaciones. Reclaman una ley de plazos, que establezca claramente los casos de aborto legal. La ley que entró en vigor hace 22 años no fija límite temporal para abortar si existe riesgo de salud física o mental para la madre.

Las clínicas se reunirán el día 21 para evaluar la situación. “No vamos a quedarnos quietos”, amenazó Marisa Castro, que recalca que si las clínicas cerraran los quirófanos, habría un “problema de salud pública”. Los centros privados realizan casi el 98% de los abortos en España.

Diario Publico

Clínicas de abortos y partidos de izquierda denuncian una “caza de brujas”

La asociación de centros de interrupción del embarazo anuncia acciones legales contra el juez que ha llamado a declarar a pacientes

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido hoy a las “persecuciones y caza de brujas” tanto de las clínicas abortivas como de las mujeres que ejercen su derecho a la libre maternidad; persecuciones de las que ha culpado a los “sectores ultraconservadores de los teocon después de la reciente movilización o asonada clerical”. Llamazares ha instado al Gobierno a que “promueva” una Ley de plazos que dé garantías plenas en las catorce primeras semanas de embarazo.

Las palabras del líder de Izquierda Unidad llegan después de que ayer en se diera a conocer que un juez de Madrid ha llamado a declarar a una treintena de mujeres que se han sometido a abortos en la clínica Isadora . “Más que una investigación judicial, esto parece una persecución en la que se están vulnerando derechos fundamentales de las mujeres”, dijo Sabanés, según una nota de prensa.

“Nos parece escandaloso que la Guardia Civil se presente en el domicilio de mujeres que han abortado con una citación judicial. Es una forma de actuar totalmente intimidatoria que vulnera derechos fundamentales de las mujeres”, ha manifestado por su parte la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González afirmó hoy en la Cadena SER que cualquier ley del aborto está sujeta a “fallos reales ” y “posibles ilegalidades” debido a que siempre tiene que tener un “protocolo de aplicación”, lo que implica que será “susceptible de interpretaciones”. Con respecto a la posibilidad de reformar la ley, González declaró que quizás sería conveniente “una ley de plazos”, y agregó que hay que “reaccionar frente a esta campaña de denuncias forzadas porque puede haber delitos de prevaricación”.

Medidas contra el juez

Además, un portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha anunciado que están estudiando emprender medidas legales contra el juez que está llamando a declarar a las mujeres, así como nuevos actos de protesta por lo que ha su juicio es una operación concertada contra las clínicas de abortos.

Asimismo, el ultraconservador Centro Jurídico Tomás Moro ha acusado hoy a la Clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes, además de instrumentación para la práctica de abortos tardíos. El centro, que habla en nombre de la plataforma ultracatólica La Vida Importa, señala en un comunicado que los inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación encontraron residuos biosanitarios humanos durante una inspección, realizada en febrero de 2007, a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

El Pais

P. RAFAEL/ L. DEL POZO – Madrid / Barcelona – 20/12/2007 19:21
El ginecólogo y propietario de la clínica Tutor Médico, Santiago Barambio, hace dos días estaba en la UCI. Sin embargo, tiene fuerzas para denunciar el acoso que están sufriendo las clínicas que practican abortos. “No es una inspección administrativa, es una inspección política”, dijo cuando se negó a que la Consellería de Sanidad inspeccionara su clínica.

Barambio afirmó el jueves, en la rueda de prensa de Barcelona, que “crear una ley de plazos, de como mínimo hasta 24 semanas, es muy importante”. El ginecólogo también denunció la hipocresía que hay sobre el aborto y criticó las intenciones de los ultraconservadores de frenar el derecho a decidir de las mujeres. La legislación española ampara el aborto en caso de malformación del feto, violación o riesgo para la salud de la madre. Por este último supuesto se realizó el 96, 6% de los abortos en 2005. El Partido conservador Alternativa Española ha convocado manifestaciones el próximo día 28, frente a las clínicas madrileñas y la sede de Presidencia de la Comunidad contra el aborto.

“Es el inicio de una campaña con una serie de movilizaciones para lograr un cambio de ley que garantice el derecho de las mujeres a abortar”. Organizaciones feministas, sindicatos y asociaciones de planificación familiar de Madrid y Barcelona presentaron ayer un manifiesto en el que, entre otros puntos, denuncian amenazas y agresiones contra las clínicas que realizan las interrupciones y reclaman al Ejecutivo una nueva ley que acabe con la “inseguridad jurídica actual”.

“Tiene que haber voluntad política y exigimos al Gobierno un postura clara al respecto”, señaló en Madrid Justa Navarro, de la Asamblea Feminista. Y puntualizó: “El Gobierno no debe excusarse en que la modificación de la ley supondría el enfrentamiento con sectores conservadores o la Iglesia, porque para la aprobación de otras leyes, como la del matrimonio homosexual, ya hubo quejas y no pasó nada”. 

Tanto en la capital como en Barcelona las portavoces acusaron a la Comunidad de Madrid de crear “inseguridad entre las mujeres y profesionales sanitarios” con las actuaciones realizadas. La Consejería de Sanidad decretó en las últimas dos semanas el cierre cautelar de dos clínicas en la capital que practicaban la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por irregularidades administrativas.

Campaña política

El manifiesto, suscrito por más de 40 organizaciones, denuncia que los cierres de Madrid forman parte de una campaña organizada por parte de “sectores fundamentalistas que tratan de impedir a las mujeres” que aborten. “Estamos enfadados y escandalizados, no preocupados por nuestros trabajos sino por la alarma social”, señalaron.

Destrucción de historias

Las asociaciones explicaron que hay mujeres que se niegan a dar sus datos a las clínicas por miedo a que las puedan llamar a declarar y otras que han reclamado que se eliminen sus historiales médicos. Las asociaciones pidieron además que en los hospitales públicos se garanticen equipos dispuestos a practicar abortos ya que, en 2005, las clínicas privadas realizaron el 97,09% de las IVE, según datos de Sanidad.

Las primeras movilizaciones se realizarán en enero con el cierre durante una semana de las clínicas privadas. “Estamos dispuestos a dejar de hacer abortos si la sociedad quiere. Aunque no creemos que sea así”, puntualizó Carmela Mora, de la Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI).

Las asociaciones pedirán reuniones con el ministro Bernat Soria y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, para presentarles su reclamaciones.

Plante a la adminsitración

El ginecólogo y propietario de la clínica Tutor Médico, Santiago Barambio, hace dos días estaba en la UCI. Sin embargo, tiene fuerzas para denunciar el acoso que están sufriendo las clínicas que practican abortos. “No es una inspección administrativa, es una inspección política”, dijo cuando se negó a que la Consellería de Sanidad inspeccionara su clínica.

Barambio afirmó ayer, en la rueda de prensa de Barcelona, que “crear una ley de plazos, de como mínimo hasta 24 semanas, es muy importante”. El ginecólogo también denunció la hipocresía que hay sobre el aborto y criticó las intenciones de los ultraconservadores de frenar el derecho a decidir de las mujeres. La legislación española ampara el aborto en caso de malformación del feto, violación o riesgo para la salud de la madre. Por este último supuesto se realizó el 96, 6% de los abortos en 2005.

El Partido conservador Alternativa Española ha convocado manifestaciones el próximo día 28, frente a las clínicas madrileñas y la sede de Presidencia de la Comunidad contra el aborto.

Publico.es

La huelga de los médicos de familia en los centros sanitarios de Gran Canaria alcanzó ayer un alto seguimiento, aunque dividió las opiniones en cuanto a la estimación de sus resultados.

Según el Servicio Canario de Salud (SCS), el 66,67 por ciento de los profesionales, ‘un 10 por ciento menos que la huelga anterior’, del 29 de octubre, se adhirió a la medida, indicó el director del SCS, Guillermo Martinón. El comité de huelga, por contra, calificó de ‘éxito total’ la convocatoria y cifró en un 85 por ciento su adhesión, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde.

La protesta había sido convocada bajo el lema ’35 horas para todos’, que representa la demanda de unos 300 médicos de familia que reclaman gozar de la misma jornada laboral del resto de los colectivos del servicio sanitario.

Martinón confió en que el déficit de facultativos del SCS pueda resolverse a lo largo de este mes, en la próxima reunión de la mesa sectorial. Los médicos solicitan la creación de una agencia de contratación para paliar la falta de personal.

En cuanto a la reorganización de las urgencias en los centros de salud, el director del SCS se mostró favorable a que el déficit de especialistas pueda cubrirse con la redacción de un nuevo plan, aunque dijo que entre los propios especialistas no hay consenso suficiente sobre la posibilidad de contratar pediatras los fines de semana para que cubran los horarios de guardia.

Repartir el trabajo

Según la portavoz de ’35 horas para todos’, Purificación Alguacil, en caso de que se den situaciones de excepción de falta de profesionales, debería ‘repartirse la carga de trabajo’ que supone hacer turnos los sábados para que se distribuya entre todas las partes, incluyendo pediatras, facultativos de más de 55 años y ‘los que están liberados de consultas por tareas técnicas’.

Alguacil hizo un llamamiento a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, para que se hagan eco de sus reivindicaciones, así como a la Consejería de Sanidad, para que en la próxima convocatoria se traten sus demandas.

Por su parte, Martinón se mostró seguro de que la huelga ‘no ayuda a la negociación para resolver el conflicto’ y menos para mejorar la asistencia a los pacientes, pero coincidió con Alguacil en que la mesa sectorial -que se reuniría entre el 12 y el 15 de este mes- sea el foro idóneo para alcanzar acuerdos.

La portavoz de ’35 horas para todos’ puso en duda que se consiga la credibilidad del colectivo médico hasta tanto no se obtenga una respuesta firme a sus demandas. ‘Sólo creerán que existe voluntad política’ de atender a sus demandas cuando se plasme por escrito. ‘Llevamos desde marzo oyendo hablar de buenas intenciones sin que luego se traduzcan en hechos concretos’, resumió Alguacil.

Terra Actualidad – VMT

Cuando tengo el placer (es un decir) de encontrarme con alguien que dice que cura con el agua (aunque ellos prefieren llamarse homeópatas) y empieza a sostener que su pseudomedicina está demostrada y hay estudios que lo avalan, casi siempre la discusión termina en el mismo punto. Yo intento explicar por qué esto no es así y tratar un poco más de cerca el sin sentido de las teorías que “sostienen” la homeopatía. Pero esto es como hablar a un sordo, dirá que hay estudios que demuestran su efectividad pero que no llegan a ser publicados por culpa de las farmacéuticas y que la ciencia no está lo suficientemente crecidita para demostrar su funcionamiento. A lo cual llegamos a un lógico, ¿pero lo mínimo será demostrar qué cura, no? A los que ellos responden que sí, como un acto de fe. Igual que si preguntara a un creyente si existe Dios.

Pero después, dogmas de fe aparte, encontramos personas que tratan de poner un poco de sentido común en esta locura de las medicinas alternativas proponiendo retos a éstas mismas: Randi.

Randi sigue a rajatabla aquello de “a afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias” y, por supuesto, es escéptico y persigue a todo aquello con tintes paranormales. Así que en 1996 construyó la Fundación Educativa James Randi donde se intenta acercar la ciencia a lo sobrenatural. Su intención no era sólo explicar razonadamente por qué todo esto no existe, sino darle una oportunidad a sus defensores para que estuvieran en igualdad de condiciones y demostraran aquello en lo que creen. ¿Cómo? Se preguntaran ustedes. Otorgando un premio a cualquiera que demostrase poderes paranormales en condiciones controladas. El premio sigue estando ahí y aún nadie ha sido capaz de conseguirlo.

En el 2002 fue más allá y propuso un reto directo a la homeopatía. El reto consistía en ver si eran capaces de demostrar, de forma controlada y a doble o triple ciego que la homeopatía funcionaba y el premio sería un millón de dólares. Cualquier homeópata del mundo que quisiera demostrar el funcionamiento de la homeopatía no sólo tenía la posibilidad de acallar a voces críticas como la mía, sino que adquiriría un millón de dólares y fama mundial.

A día de hoy, nadie ha podido demostrar que la homeopatía funciona. El millón de dólares sigue libre y a la espera de un dueño.

Así que, cuando veo que la conversación con el homeópata de turno ya no da más de sí, suelto un rotundo: Randi aún espera con su millón de dólares a que se demuestre que la homeopatía funciona. ¿Por qué no lo intentas? Si tan convencido estás, tienes la oportunidad de demostrarlo ante el mundo entero. Y como tú, miles de personas más que creen en esto. Digo yo que si funcionara no os costaría mucho hacer un experimento para dejarlo claro.

Aquí pueden ver unos vídeos donde se explica un elaborado experimento que hicieron para comprobar si realmente funcionaba, a través de la memoria del agua. Comienza a partir de la segunda mitad del primer vídeo. En la primera parte se explica algunos de los pequeños experimentos donde se veía que podía funcionar. Sin embargo, cuando comienzas a ver más estudios sobre la homeopatía y de mayor tamaño, los resultados son prácticamente idénticos al placebo. El “funcionamiento” de la homeopatía no está en ella misma, sino en la sugestión de aquellos que lo toman. Un simple placebo, demasiado caro.

http://medtempus.com/

La menor se encuentra internada en el área de Pediatría a la espera de una decisión médica

En los últimos meses se han multiplicado los embarazos no deseado de adolescentes

Sólo seis casos en toda Castilla y León desde el año 1992

R. Arias ponferrada  

El Hospital del Bierzo de Ponferrada se enfrenta a un caso médica y socialmente muy complicado. Una niña de 11 años de edad permanece ingresada desde la semana pasada en el complejo asistencial de Fuentesnuevas en un estado de gestación que este periódico, sin embargo, no ha podido conocer con absoluta precisión temporal, pero que parece ya bastante avanzado.

El hermetismo en el primer centro médico ponferradino es total en todos los sentidos ante la tesitura que se presenta, dado lo inédito de este tipo de casos en el ámbito local, pero también en el regional e incluso a escala nacional.

Lo que sí ha podido certificar esta redacción es que la pequeña se encuentra internada no ya en el área de Ginecología, sino en el de Pediatría a la espera de una determinación acerca de sí es posible interrumpir o no el embarazo, al margen de las circunstancias poco claras y supuestamente truculentas en las que éste se hubiera producido.

El reciente ingreso de la pequeña en estado de gestación pone un remate preocupante al incremento de las estadísticas de menores con embarazos no deseados que en los últimos meses están siendo atendidas en el Hospital del Bierzo. Al menos dos adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años han sido intervenidas para dar a luz en el complejo asistencial berciano durante las últimas cuatro semanas.

Riesgo físico y mental

La situación de la niña de 11 años es, con todo, mucho más controvertida puesto que la interrupción de la gestación tiene que ver no sólo con circunstancias legales sino también con su supuesta capacidad de decisión o su voluntad, al margen de la de su familia.

Los tres supuestos legales que se tipifican como motivo para la interrupción del embarazo es la existencia de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, la violación o la presunción de que el feto nacerá con graves taras.

http://www.diariodeleon.es/

El ministro de Sanidad se compromete a nombrar el comité de Bioética para tratar cuestiones relativas a la eutanasia o la investigación con células madre

EMILIO DE BENITO – Madrid – 01/10/2007

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha desgranado hoy sus proyectos para lo que queda de legislatura (y parte de la siguiente) en el Foro Nueva Economía. Soria ha afirmado que el Sistema Nacional de Salud es el primer empleador de España, con 1.119.200 trabajadores (un 5,85% del empleo total según la Encuesta de Población Activa), de los que aproximadamente la mitad están en el sector público. En este contexto, se ha referido al déficit de médicos, que ha centrado en cuatro especialidades: Medicina Familiar y Comunitaria, Radiología. Anestesiología y Pediatría.
Sobre las causas, el ministro ha recordado que para formar un facultativo hacen falta 10 años. Sobre la situación actual, “habría que preguntarse quién gobernaba entonces”, dijo el ministro en referencia al PP. Entre las soluciones previstas, Soria ha señalado que este año los hospitales han ofrecido más plazas MIR (para la formación de especialistas) que alumnos egresados de las universidades.

Derecho a una “muerte digna”

Por otra parte, el ministro ha señalado que “no está preparando un real decreto ni está estudiando la despenalización” de la eutanasia, aunque ha defendido el “derecho a una muerte digna”, siempre respetando el “derecho a la autonomía del paciente”. Para los casos en que la legislación actual no llegue, Soria ha anunciado que, tal y como se establece en la ley de investigación de Biomedicina, se creará un Consejo Español de Bioética formado por 12 personas, seis nombradas por el Gobierno y seis por las comunidades autónomas.

Soria se ha referido también a la amenaza de huelga por parte del personal de enfermería. Este personal sanitario ha amenazado con ir a la huelga si no se reconoce su derecho a prescribir ciertos tratamientos (algo que la ley reserva a los médicos). El ministro ha afirmado que “había que llevar estas atribuciones al máximo posible”.

Ley antitabaco

En cuanto a la ley antitabaco, el ministro ha negado se vaya a cambiar la norma, pero ha recordado que en algunas comunidades, como Madrid, no se aplica. “Recordarle a un presidente o una presidenta que debe cumplir la ley me parece surrealista”, ha afirmado.

Soria, que también es ministro de Consumo, se ha referido a la entrada de juguetes o productos cosméticos sin control: “Nos preocupa lo que está entrando por Róterdam, pero lógicamente ahí no podemos hacer nada”. El ministro ha recordado que en un año la Instituto de Consumo realizó 450 análisis y retiró 240.000 productos. “Y lo bueno es que ustedes ni se enteran”.

Investigación sanitaria

Por lo que respecta a la investigación, su punto fuerte, el ministro ha afirmado que los presupuestos para investigación sanitaria han subido un 100% entre 2004 y 2008 (de 220 a 417 millones). Ha fijado como un objetivo prioritario el aumento de la I+D privada. En 2004, la inversión en investigación sanitaria fue del 1,07% del PIB (lo que ha calificado como “demasiado bajo”), con una participación del sector privado del 48%. Para 2010 el Ministerio quiere llegar al 2% del PIB, con un 55% de la privada.

En cuanto a la atención al paciente, Soria ha recordado su compromiso expresado en el Congreso de convocar el Foro Abierto y el Foro Virtual del Sistema Nacional de Salud, en el que podrán participar las organizaciones de pacientes. Hay que recordar que el “ciudadano no es sólo un súbdito”, ha afirmado
ElPais.com

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería acordaron la semana pasada desarrollar mediante un real decreto la disposición adicional duodécima de la Ley de Garantías, en el que se deberá incluir “la relación de medicamentos que pueden ser usados o, en su caso, autorizados por los profesionales sanitarios que no pueden prescribir medicamentos”.

Al cierre de esta edición, fuentes consultadas por CF del Consejo de Enfermería explicaron que se había alcanzado un principio de acuerdo en relación a la prescripción enfermera, fundamentalmente en lo que respecta a la cuestión del desarrollo normativo. Sin embargo, Sanidad y Consejo discrepaban en los plazos en que este desarrollo debería producirse. Mientras que los enfermeros reclaman que sea en un máximo de dos meses, el ministro, Bernat Soria, les pidió algo más de margen. En este punto, las fuentes consultadas recuerdan que en la Ley de Garantías (que entró en vigor en julio de 2006) se estableció el plazo de un año para desarrollar la disposición duodécima, “y no se ha cumplido ese plazo”.

El debate de la prescripción de la Enfermería resurgió desde la promulgación de la ley y ha cobrado fuerza antes del verano, cuando Andalucía anunció que estudiaba su implantación en determinados medicamentos y productos sanitarios. Expertos consultados por CF ya recomendaron que era prudente esperar la decisión del Ministerio.

¿Quién es Juan Cativa?

Es un enfermero del Hospital de Cinco Saltos de la provincia de Río Negro (Argentina).

En mayo del 2005 cumpliendo con su función, administra un Yectafer (solución de hierro) intramuscular a una paciente embarazada; la cual inmediatamente manifiesta signos de reacción no habitual por lo que suspende su administración.

Previo a la administración, Juan había realizado todas las observaciones que se deben efectuar ante la administración de un medicamento; pero hay algo que escapa a cualquier personal de un equipo de salud, y es saber si el componente del medicamento está adulterado. Lo cierto es que el Yectafer estaba adulterado y ésto casi le ocasiona la muerte (como fue con otras pacientes, de los cuales sabemos por distintos medios de comunicación, ya en diciembre del 2004).

Esta paciente quedó internada y luego derivada al Hospital de Viedma, a terapia intensiva para su mejor atención. Afortunadamente no tuvo complicaciones posteriores, ni tampoco su bebe que nació sin secuelas por el hecho ocurrido.
Ahora todos se preguntarán ¿Cómo puede suceder que una medicación adulterada llegue a un centro de salud o una farmacia?. Hay muchos eslabones responsables, el primero es el ANMAT (organismo encargado de realizar el control de calidad de todos los medicamentos que salen de los laboratorios), el ministerio de salud de la provincia de Rió Negro y sobre todo el o los que alteran medicamentos en nuestro país, ¿o esos son amigos de los políticos y no se los toca?.

Ahora: ¿quiénes van a juicio?.

SOLO JUAN

¿Qué pasó con los demás responsables?.

 Como vemos una vez mas la justicia no es justa y nosotros lo vivimos de cerca, con el caso de Lucia Covarribias (enfermera), compañera de nuestro hospital, que también tuvo que pasar por un juicio oral y público, al cual no dejamos de acompañar un solo día; porque no solo teníamos claro que era inocente, sino que lo que le ocurrió a ella, le podía ocurrir a cualquier enfermero; el caso de Juan es igual, es inocente y le puede pasar a cualquier enfermero.

La gran corrupción hace que los altos funcionarios permanezcan impunes y que la justicia no los ponga en el mismo lugar que los que cometen delitos y deben ser enjuiciados. Así los medicamentos adulterados podemos recibirlos cualquiera de nosotros o algún familiar o algún amigo CUALQUIERA.

Como no tenemos confianza en la justicia, pero si tenemos confianza en la movilización y en la solidaridad de la clase trabajadora, queremos que participen de la reunión para organizarnos y ver como acompañamos a Juan y que podemos hacer, aunque él esté a muchos kilómetros de distancia.

REUNION: JUEVES 20 DE SEPTIEBRE 16 HS
AULAS 2 PISO HTAL GARRAHAN

TODOS SOMOS JUAN CATIVA

JUNTA INTERNA ATE
HTAL GARRAHAN
ategarra@yahoo.com.ar

Telefax: 4943-0231
http://redyrolenfermero.blogspot.com
La única lucha perdida es la que se abandona.
http://usuarios.lycos.es/nerjadccu/dossier/Untitled-0.html

 Las ONG de afectados niegan su apoyo al borrador del plan que les ha enviado el ministerio
EMILIO DE BENITO – Madrid – 12/09/2007

      
2015 es el nuevo plazo que se da el Ministerio de Sanidad para saber cuántas personas tienen el VIH o cuántas lo adquieren cada año. Veintiséis años después del primer caso, este objetivo es uno de los pocos concretos del borrador del Plan Multisectorial frente a la Infección por VIH y el Sida que se ha enviado a las ONG. Éstas ya han manifestado su rechazo. “Lamentablemente, no lo podemos apoyar”, afirma la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (Cesida), la mayor confederación del sector. “No puede ser considerado un plan de acción”, añade Red2002, la segunda agrupación de ONG del país.
3.000 infecciones al año   450 millones en antivirales
El texto, que debe ultimarse en octubre, sustituye al que venció en 2005 sin que el Plan Nacional sobre el Sida presentara una alternativa. Este desfase muestra la “autocomplacencia” con que Sanidad aborda el tema, según Cesida. El documento hace un análisis de la situación de la epidemia en España. El borrador y sus críticas se resumen a continuación.

- Plazos. El plan abarca un periodo (2008-2015) que las ONG consideran demasiado amplio. No hay puntos intermedios de evaluación, ni parámetros que permitan reaccionar si no se van a conseguir los objetivos. La secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Teresa Robledo (nombrada el 25 de enero), advirtió ayer que los indicadores se elaborarán más adelante. Mientras tanto, las asociaciones no dudan, con ironía, en que la vaguedad de sus objetivos -”incrementar”, “potenciar”, “desarrollar” o “promover”- lo pone fácil. Esta generalidad es buscada en el borrador, ya que, además, hay que tener en cuenta el papel futuro de las comunidades autónomas, dijo Robledo. “Estamos estudiando las críticas y se incorporarán las que se puedan”, insistió.

- Registro. El primer paso para actuar contra un riesgo es conocer su alcance. Hasta la fecha, sólo Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja y Ceuta tienen un registro de infectados por VIH. Representan el 32% de la población, y sirven para tomar las medidas. Los intentos de Sanidad de crear un registro nacional han chocado con la oposición de algunas ONG, temerosas de que la información trascienda y se haga pública. Una situación que podría contribuir a la discriminación de los afectados. Para Robledo, obtener este registro es un “objetivo fundamental”, pero depende del conflicto jurídico presentado por algunas ONG.

- Prevención. El capítulo llamado Prevención positiva es de los que más críticas ha concitado entre las ONG. Se centra en que las personas que saben que tienen el VIH eviten su transmisión, lo que, para las asociaciones, supone cargar las tintas en sólo una de las dos partes de una pareja, con los correspondientes sentimientos de culpa y de exclusión. En la misma línea, las ONG critican que en un apartado titule con la “banalización” de la infección entre los gays, o que se considere un avance hacia la igualdad que aumente la incidencia en mujeres y de que se hable de promover la prueba del sida sin medios para que haya una asesoría antes y después del resultado.

- ‘Grupos de riesgo’. El trabajo recupera, con otro nombre -”subgrupos que requieren actividades específicas”-, la idea de los llamados grupos de riesgo: homosexuales, prostitutas, usuarios de drogas e inmigrantes merecen capítulos aparte. En cambio, no hay un apartado para los hombres heterosexuales, que son una vía clave de transmisión.

- Profilaxis pre y post exposición. Estas actuaciones consisten en facilitar cócteles de fármacos a quienes se han expuesto o saben que se van a exponer a una práctica de riesgo, desde personal sanitario a prostitutas o parejas de personas con VIH. Su mención es uno de los aspectos positivos del documento.

- Vacunas y microbicidas. A las ONG les llama la atención -y decepciona- que un ministerio que se presenta como “el de la investigación” sólo dedique un párrafo a estos dos temas, que serán claves para frenar la expansión del virus.

- Estigma. Tras el estudio de 2005 auspiciado por el Plan Nacional contra el Sida que ponía de manifiesto los problemas sociales para la integración de las personas con VIH, como dificultad para conseguir una vivienda o un trabajo, el plan no va más allá de recomendaciones generales para luchar contra estos impedimentos, sin proponer medidas concretas. Tampoco apuesta por generalizar la atención psiquiátrica o de los trastornos de la imagen corporal debidos a la medicación (lipodistrofia), que quedan a expensas de cada comunidad.
3.000 infecciones al año
El dato se ha repetido tanto, que para algunos veteranos activistas es casi un chiste. “Llevamos años oyendo que cada año se producen 3.000 nuevas infecciones por VIH en España”, afirma Héctor Anabitarte, uno de los pioneros en el movimiento asociativo.La frase sería cómica si no escondiera una situación dramática: en más de 25 años de epidemia, ni el Ministerio de Sanidad como coordinador estatal, ni las comunidades autonómicas como responsables directas, han sido capaces de afinar más los datos estatales. Los números que se usan son una extrapolación a partir de siete comunidades más Ceuta [ver gráfico], que tienen un registro de infectados y agrupan al 32% de la población.Con esos datos, también hace más de cinco años que el Plan Nacional sobre el Sida repite siempre los mismos números: en España hay entre 120.000 y 150.000 personas que viven con el VIH, de las que hasta un 30% no lo sabe, lo que les impide recibir tratamiento y los convierte en vector involuntario de transmisión.Con el mismo rigor se atribuyen al sida -el estado más avanzado de la infección, cuando el sistema inmunitario se deteriora- unas 1.600 muertes anuales. En este caso, el margen de error no se debe a falta de datos -cada defunción va acompañada de un certificado que indica el motivo-. Es la forma en que ese apartado se rellena la que causa recelo entre las ONG de afectados. Esos 1.600 fallecimientos son exactamente los que se atribuyen al sida en el certificado de defunción, pero las organizaciones calculan que son muchos más. Algunas muertes por hepatitis, neumonía, tuberculosis o dolencias cardiovasculares son consecuencia directa del VIH, por lo que las ONG piden que se contabilicen como tales.

450 millones en antivirales
Cuando las defensas de una persona con VIH bajan a un determinado nivel (entre 200 y 350 copias de un tipo de glóbulo blanco llamado CD4 por mililitro de sangre), o cuando empieza a sufrir infecciones oportunistas -desde neumonía a tuberculosis, pasando sarcoma de Kaposi (un tipo de cáncer causado por un virus), hongos o toxoplasma- debe empezar a tomar las carísimas medicaciones contra el VIH que se facilitan en España. La persona no desembolsa ni un euro -son fármacos que se recogen gratis en los hospitales-, pero el bolsillo de las Administraciones se resiente: en total, 450 millones de euros anuales sólo en antivirales.Pero lo habitual es que una persona con sida necesite otro tipo de tratamientos: desde antibióticos a protectores gástricos, pasando por medicamentos para la tuberculosis o contra los hongos. Se calcula que con esos fármacos -que en gran parte sí pagan los enfermos-, más los análisis e ingresos hospitalarios, la factura llega al doble, unos 900 millones de euros en un año.En el extremo opuesto está la prevención. Las partidas destinadas a evitar la transmisión, desde el reparto de preservativos a las campañas informativas, representaron en 2005 apenas 25 millones, según el borrador del Plan multisectorial frente a la infección por VIH y sida.Las cifras bajan a la hora de evaluar el apoyo social, reconocido como una de las claves en la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad. El documento sólo da la cifra de subvenciones a las ONG (6,2 millones). Y no son los peor parados. Para investigación se dedican 4,2 millones.
 

DOCUMENTO (PDF – 1,11Mb) – 12-09-2007

Plan multisectorial frente al sida (II)

DOCUMENTO (PDF – 108,5Kb) – 12-09-2007

Alegaciones de

ElPais.es

04 de Septiembre de 2007, 01:17pm ET

LONDRES (AP) – En algunos países pobres, el tratamiento de un problema de salud mental puede consistir en atar al paciente a un árbol.

Otros son encerrados en jaulas o quedan abandonados a su suerte.

Estos casos no son muy frecuentes, pero ponen de manifiesto los problemas que enfrentan los pacientes con problemas mentales en los países en vías de desarrollo.

Funcionarios de salubridad plantearon el martes la necesidad de aportar más dinero y elaborar nuevas estrategias para el tratamiento de estos pacientes, en una serie de artículos especiales publicados por la revista médica The Lancet.

Cada vez hay más gente con trastornos mentales en los países pobres como consecuencia de las guerras, la pobreza y las enfermedades, y casi el 90% de ellos no reciben tratamiento, según el informe.

“El tratamiento psiquiátrico no es costoso. Pero no hay tratamiento disponible en zonas rurales”, comentó Nirmala Srinivasan, de la agrupación Acción para las Enfermedades Mentales con sede en Bangalore, India.
 

  
Agregó que en su país hay entre 40 millones y 50 millones de personas con algún trastorno mental, incluidos esquizofrenia, depresión y comportamientos compulsivos, y que solo el 7 u 8% recibe tratamiento.

En Brasil hay tratamientos de primera para aquellos que tienen dinero. The Lancet afirma que el tratamiento de pacientes con trastornos mentales mejoró mucho en Brasil en las últimas décadas, pero que no está disponible para todo el mundo y que es común ver en las calles pordioseros con problemas mentales.

En las zonas rurales, los campesinos pobres hacen lo que pueden por sus parientes con trastornos mentales, pero a menudo no están en condiciones de adquirir medicinas o pagar por un tratamiento.

Los médicos y enfermeras de Africa se ven abrumados por enfermedades como el sida y la malaria, y no pueden dedicarle demasiado tiempo a las personas con problemas mentales.

El informe señala que el dinero donado a los países pobres es generalmente destinado a combatir enfermedades infecciosas, tal vez porque es donde se perciben los resultados más tangibles. Una simple vacuna puede curar o prevenir males como la polio o el sarampión. Los problemas mentales, en cambio, no tienen cura y requieren tratamiento a largo plazo.

Pero dado que los problemas mentales como la depresión pueden dar lugar a enfermedades físicas, incluidos males cardíacos, diabetes y sida, el tratamiento de esos males es una forma de evitar otras enfermedades.

Tim Eaton, director del departamento de salud mental de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, dice que el tratamiento de los trastornos mentales es una buena inversión.

“Los problemas mentales no matan a la gente, pero son una carga para la economía el resto de sus vidas”, expresó.

En países como Zambia, las enfermedades mentales son consideradas brujería o un indicio de la presencia del diablo, por lo que la gente es renuente a buscar tratamiento. Cuando lo hacen, generalmente son encerradas en instituciones.

No cualquiera puede hacer frente a este estigma. El terapeuta tiene que hablar el mismo idioma que el paciente y comprender su situación.

“No se puede pretender enviar a cualquiera a un lugar y que resuelva trastornos mentales complejos”, dijo Cornelius Williams, integrante de un grupo de la UNICEF que asiste a niños que fueron reclutados como soldados.

Indicó que esos pacientes tienden a desconfiar de los extraños y deben ser tratados “por alguien de su mismo ambiente”.

El director de The Lancet Richard Horton dijo en un editorial que entidades como la Organización Mundial de la Salud “no han cumplido” con sus promesas de ayuda.

Ningún vocero de la OMS respondió a ese comentario.

___

En este despacho colaboraron los redactores de AP Ashok Sharma, de Nueva Delhi, y Alan Clendenning, de Sao Paulo.

EL AÑO PASADO HUBO TRES CASOS SIMILARES

Una jueza frenó la intervención para tutelar los derechos del niño por nacer.
 HOSPITAL. EN EL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE SE IBA A HACER EL ABORTO.
 1 de 1
 

Oscar Londero PARANA. ESPECIAL
parana@clarin.com
Una orden judicial impidió que se practicara un aborto a una joven discapacitada mental que fue violada hace cuatro meses en Paraná. La medida, que tomó estado público ayer, volvió a reavivar la polémica generada ante casos similares registrados un año atrás en Mendoza, La Plata y Corrientes (ver Antecedentes).

El Código Penal permite interrumpir el embarazo ante una situación como ésa sin que implique sanciones para los médicos que asistan a la paciente. Sin embargo, la defensora de Menores de Paraná, Marcela Piterson, interpuso una medida cautelar alegando que debían tutelarse los derechos del niño por nacer. Su postura fue compartida por la jueza Claudia Salomón, y eso impidió que se practicara el aborto en el hospital materno infantil San Roque.

La madre de la chica, de 19 años y con un retraso mental, acudió a ese centro asistencial con la intención de interrumpir el embarazo. La joven lleva en su vientre un feto de 16 semanas de gestación y se sospecha que fue violada por una persona allegada a su familia, que vive en el barrio Humito, al oeste de la capital entrerriana. Eso motivó además una denuncia penal, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Bonazzola.

Según una versión, la madre de la joven -que tiene otros 10 hijos y vive bajo la línea de pobreza- fue al hospital y consiguió un médico dispuesto a realizar el aborto. Pero también trascendió que luego la mujer cambió de parecer y acudió a Tribunales, donde se dispuso que la gestación continuara. Además, se ordenó la intervención del Consejo Provincial del Menor, que alojó a la muchacha en uno de los hogares que tiene en Paraná.

La chica está separada de su familia desde la noche del lunes, con la intención de garantizarle contención y asistencia médica. Para eso, desde el Consejo del Menor se pidió al hospital un detallado informe sobre la evolución del embarazo, a fin de descartar algún riesgo para su salud.

La noticia se conoció pocas horas después de haberse divulgado cifras oficiales sobre abortos clandestinos en Entre Ríos. Según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia, entre enero y abril los hospitales públicos provinciales atendieron a 482 mujeres que buscaron interrumpir sus embarazos con métodos violentos. La estadística confirmó que 103 de esas pacientes asistidas son menores de edad y que el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte en Entre Ríos.

http://www.clarin.com/

Por Andrew Beatty

CIUDAD DE PANAMA (Reuters) – Panamá quiere pedir la extradición de un directivo de una empresa española que proporcionó un ingrediente médico contaminado a causa del cual han muerto al menos 94 personas, dijo el viernes el fiscal especial encargado del caso.

El fiscal Dimas Guevara dijo que la próxima semana pedirán formalmente a España la extradición de un representante de Rasfer Internacional S.A., una firma basada en la ciudad española de Barcelona que suministró un ingrediente de origen chino para un jarabe para la tos, que resultó ser tóxico.

Pruebas de laboratorio han confirmado que 94 personas murieron por falla renal o afecciones relacionadas luego de ingerir el medicamento, aunque el conteo de víctimas podría ser muy superior.

La glicerina de origen chino, que fue usada en el jarabe y vendida por Rasfer a un intermediario del Gobierno de Panamá, estaba contaminada por glicol dietileno, potencialmente fatal para los seres humanos y que es utilizada normalmente en anticongelante industrial.

La investigación de Guevara, que comenzó en octubre, está evaluando las circunstancias de la muerte de más de 500 personas.

El caso es parte de crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad de productos hechos en China.

“Una vez que analizamos las pruebas, hemos formulado cargos a la representante legal y administradora de Rasfer Internacional,” dijo Guevara, quien no divulgó el nombre de la persona cuya extradición será pedida.

Guevara solicitó el 20 de agosto el arresto de la representante de Rasfer Internacional, la ciudadana española Susy Criado, quien ha negado la responsabilidad de Rasfer en el caso.

El fiscal añadió que “estamos en la fase de obtener todas las pruebas documentales para hacerlas llegar a España.” La evidencia podría ser enviada a las autoridades españolas antes del final de la próxima semana, afirmó.

Amnistía Internacional ha negado que se dedique a promover el aborto como ‘derecho universal’, en respuesta al secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, quien criticó este lunes a esa organización por defender el derecho de la mujer a abortar en caso de violación.

En un comunicado hecho público en Londres, AI defiende, sin embargo, el derecho de la mujer a decidir ‘libre de temor, amenaza y coerción’ sobre ‘las eventuales consecuencias de la violación y otras graves violaciones de sus derechos humanos’.

‘Amnistía Internacional -dice el comunicado- se reafirma en su política, adoptada el pasado abril, de apoyo a la despenalización del aborto y que busca garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud cuando se deriven complicaciones del mismo’.

Al mismo tiempo, la organización humanitaria afirma defender ‘el derecho de las mujeres al aborto, dentro de límites razonables del período de gestación, cuando su salud o su vida estén en peligro’.

En una reunión de su Consejo Internacional celebrada la pasada semana en México, la dirección de AI expresó el compromiso de reforzar ‘la labor de prevención de embarazos no deseados y otros factores que obligan a la mujer a abortar y afirmaron por abrumadora mayoría la política de la organización sobre determinados aspectos del aborto’.

‘Más de cuatrocientos representantes de AI, procedentes de más de 75 países, de muy diferentes nacionalidades, grupos étnicos, edades, religiones y culturas, asistieron a la reunión y reafirmaron el compromiso de Amnistía Internacional con los derechos de la mujer’, señala el comunicado.

AI dice haber analizado la cuestión de si el derecho al aborto es uno de los derechos humanos hace dos años como parte de su campaña destinada a frenar la violencia contra la mujer.

Sus conclusiones son que las mujeres son condenadas a morir por un aborto ‘en juicios que incumplen los estándares internacionales de derechos humanos en materia de justicia en países como Nigeria’.

Asimismo, señala AI, ‘las mujeres son detenidas, perseguidas y encarceladas por sufrir abortos incluso cuando existen pruebas fehacientes de que fueron espontáneos’.

En otros casos han visto denegada ayuda médica que las habría salvado ‘mujeres que sufrieron embarazos ectópicos -es decir en los que el embrión se pega a las trompas de Falopio y no tiene posibilidades de supervivencia- y que, si no se tratan, ponen en peligro la vida de la mujer o, si ésta sobrevive, su fertilidad’.

Amnistía Internacional ha documentado también ‘casos de violencia sexual en conflictos armados que resultaron devastadores para la mujer y que condujeron a su ostracismo’.

‘El trauma y la exclusión resultantes se exacerbaron en los casos en los que la violencia sexual -por ejemplo, en casos de violación por un grupo de hombres- resultaron en un embarazo no deseado’, según la organización.

AI denuncia también el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otras situaciones, los proveedores de servicios médicos se nieguen con frecuencia a tratar a las mujeres que sufren complicaciones derivadas del aborto y a las que se trata peor que ‘si hubiesen cometido un crimen’.

La organización contrasta ese tratamiento con el que reciben, por ejemplo, los sospechosos de crímenes violentos que resultan heridos durante su comisión y a los que sí se dispensan en cambio cuidados médicos.

Amnistía Internacional considera ‘inaceptable’ ‘que se encarcele a las mujeres por intentar conseguir un aborto o que se les niegue acceso al mismo aun cuando, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, obligar a llevar a término embarazos resultantes de la violencia sexual en conflictos armados es una forma de tortura’.

La organización califica de ‘inaceptable’ la muerte, perfectamente evitable, de 70.000 mujeres todos los años y la negativa a prestar servicios médicos en casos de embarazos ectópicos u otras complicaciones derivadas de abortos llevados a cabo sin garantías.

AI reconoce finalmente el derecho del Vaticano a mantener sus puntos de vista sobre el aborto y señala que hay una serie de temas en los que ambas organizaciones pueden seguir colaborando, por ejemplo, en la campaña contra la pena de muerte, a favor de la liberación de los presos de conciencia y por la abolición de la tortura.

Terra Actualidad – EFE